Luis Galeano
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Los contralores colegiados de facto decidieron esta mañana por unanimidad enviar a la Dirección de Denuncias Ciudadanas un escrito, ante la denuncia realizada por el especialista en Derecho Fiscal Julio Francisco Báez, relacionada al cobro de 300 córdobas que está realizando el Consejo Supremo Electoral (CSE) por la emisión de la nueva cédula.

El presidente de facto de la Contraloría General de la República, Guillermo Argüello Poessy, afirmó que la tramitación de la denuncia implica pedir información al CSE relacionada con el cobro que hacen a cambio de emitir el nuevo documento de identidad.

Argüello Poessy agregó que el CSE tiene "unas semanas" para responder a la solicitud y que una vez que responda la CGR analizará la información para tomar una decisión.

Asimismo, añadió que de momento la CGR no tiene facultades para suspender ningún cobro, pues primero debe analizar la información que envíen las autoridades del Poder Electoral para luego decidir lo que deben hacer. "Cualquiera que desee o pretenda que se suspenda el cobro, que recurra a los tribunales de justicia a interponer un recurso de amparo y esperar la decisión que tomen esas autoridades, nosotros no estamos facultados en estos momentos para mandar a suspender el cobro", enfatizó Argüello Poessy.