Luis Galeano
  •  |
  •  |
  • END

Guillermo Argüello Poessy informó que él y sus tres colegas decidieron ayer por unanimidad tramitar la denuncia del experto en Derecho Fiscal, Julio Francisco Báez, sobre el cobro que están haciendo por la emisión de la nueva cédula, pedir información al también presidente de facto del Consejo Supremo Electoral, CSE, Roberto Rivas, sobre que Báez calificó de acción ilegal.

Argüello Poessy fue enfático en afirmar que no tienen facultades para mandar a suspender el cobro, al menos, mientras no se analice los argumentos del Poder Electoral, que deben llegar en una semana, luego de recibir la carta de requerimiento.

“No hay ley que me faculte para mandar a detener el cobro, es competencia de los Tribunales de Justicia y cualquiera que se sienta agraviado, que vaya a la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones, interponga su Recurso de Amparo para que se mande a suspender el acto”, dijo Argüello Poessy.

Indicó que la denuncia de Báez es clara en decir que es de algo más que el cobro de los 300 córdobas, se trata de que la tenencia de identidad es requisito indispensable para el ejercicio de derechos fundamentales como elegir y ser electos, de contratar, de transar, en resumen, todas las acciones que se realizan a diario y para las cuales es obligatoria la cédula.

“¿Debe el Estado asumir el costo de ese cobro que le hacen ahora al ciudadano para tener acceso a ese derecho fundamental? ¿Puede el Estado asumirlo? ¿Tiene los recursos para hacerlo? Son preguntas que deben responderse y debe hacerlo el Poder Legislativo cuando termine sus vacaciones, porque es facultad de ellos hacerlo no de esta Contraloría, porque de mi parte, la cédula debería de ser gratis”, dijo Argüello Poessy.

“Es más, si yo fuera el Consejo Supremo Electoral, suspendería el cobro diferenciado y el que la quiera rápido que espere, porque los 300 córdobas suenan demasiado fuerte, a mí me parece que debería ser (cobro) cero”, señaló el colegiado con período vencido.