Tatiana Rothschuh
  •   SAN CARLOS / RÍO SAN JUAN  |
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Organizaciones sociales y ambientales, centros de investigación, especialistas de universidades, dirigentes de partidos políticos, así como representantes de las comunidades afectadas, dieron a conocer un comunicado, insistiendo en que la Presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, debe derogar el decreto que declara a Crucitas de “interés público y conveniencia nacional” y dar por nula la concesión otorgada a la empresa minera”.

En el comunicado entregado en Casa Presidencial, los firmantes sostienen que el pasado 27 de julio, el Poder Ejecutivo comunicó la imposibilidad de detener el proyecto minero de Crucitas, argumentando que la Sala IV lo ha dado por válido, y aduciendo que el país se expone a una millonaria demanda por parte de la empresa Industrias Infinito.

No hay derechos adquiridos

Según los representantes de las organizaciones ambientalistas, sociales y políticas, “la empresa minera no puede alegar derechos adquiridos fundamentándose en un acto absolutamente nulo e ilegal de la Administración anterior”, mientras advierten que todas las inversiones realizadas por la empresa han sido bajo su propio riesgo, en tanto hasta la fecha nunca ha existido una resolución en firme que le autorice a iniciar operaciones”.

Indican que el Estado costarricense no tendría que indemnizar a la compañía minera con 1,700 millones de dólares como lo afirmara la Casa Presidencial, “en el peor de los escenarios, el monto de una eventual indemnización tendría que ser establecido por las instancias judiciales y arbitrales correspondientes. Pero nunca prefijado de manera precipitada por el Poder Ejecutivo, cuyo deber en primera instancia es proteger los intereses nacionales”.

“Chinchilla debe cumplir”

A juicio de los reclamantes, “el gobierno de doña Laura Chinchilla debe ser consecuente con su política de no promover más proyectos de minería metálica a cielo abierto, y actuar anteponiendo los intereses nacionales por encima de los intereses económicos de una empresa de capital canadiense”.

Insisten en que “la presidenta Laura Chinchilla debe derogar dicho decreto y dar por nula la concesión otorgada a la empresa minera, como lo ha pedido el gobierno local de San Carlos, máximo ente que representa los intereses locales del cantón, y junto a éste, buscar alternativas reales para las comunidades de la Zona Norte, en consonancia con el modelo de desarrollo sostenible que pregona nuestro país”.

Además de 28 organizaciones, firman 12 diputados, escritores, cantautores, ex diputados, y entre las personalidades, el ex presidente Abel Pacheco Espriella; Carlos Manuel Rodríguez, ex ministro de Ambiente; Ottón Solís Fallas, ex Ministro de Planificación; Allan Astorga Gatgens, ex Secretario Secretaría Técnica Nacional Ambiental, y Luis Bernardo Villalobos Solano, del Programa de Investigación en Políticas de Salud, UCR, entre otros.