• |
  • |
  • END

Comisionada, ¿cuándo estarán listas las investigaciones sobre los sucesos de Chichigalpa?, le preguntaron a la Directora General de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, quien sobria y con gravedad respondió algo que debió parecer una amenaza severa, pero que en medio de las circunstancias que la rodean, sonó más a una alarma dramática.

Ese día le preguntaron por las investigaciones sobre los violentos sucesos del 7 de julio, cuando en el municipio de Chichigalpa, del departamento de Chinandega, dos personas murieron durante una protesta masiva contra los agentes del orden de esa localidad, cuando muchos pobladores se enfrentaron con piedras, garrotes, machetes y a golpes a las fuerzas del orden, y amenazaron con quemar la estación policial.

Antes de ese incidente, en 2008, la población de La Paz Centro, en León, quemó la estación cuando agentes dispararon contra un adolescente que había burlado en bicicleta un retén policial, y esa misma noche en Managua, habitantes del barrio “Carlos Fonseca”, del Distrito Cinco, quemaron una patrulla y una motocicleta cuando policías mataron a balazos a un joven sospechoso de participar en un pleito de pandillas.

Granera advirtió entonces, y ante la pregunta de Chichigalpa, que no permitiría que más oficiales siguieran siendo agredidos por pobladores, tras recordar que 17 oficiales resultaron lesionados y golpeados por la población enardecida en los eventos de Chichigalpa.

“La Policía representa una autoridad en este país, que el día que nosotros la perdamos… por agresiones de pobladores o mañana de delincuentes, pasado mañana de pandilleros y después por narcotraficantes, ¿qué va a ser de la seguridad de nuestro país que es una de las mayores ventajas que tiene Nicaragua?”, expresó a finales de julio.

Agregó posteriormente que la Policía tenía que hacer un esfuerzo por “ganarse” esa autoridad y ese respeto, y la población entender que no puede agredir a los oficiales, “ni lo vamos a permitir”.

¿Respeto de parte de quién?
Roberto Orozco, analista de temas de seguridad del Instituto de Estudios y Estrategias de Políticas Públicas, Ieepp, no recuerda a otro jefe policial exclamando con tanto dramatismo una solicitud de respeto a su propia población.

¿A quién pedía respeto la jefa policial? ¿Por qué lo pedía? ¿Desde cuándo necesitan exigir respeto a la población? De acuerdo con el análisis de Orozco, la Policía Nacional ha entrado en un franco proceso de deterioro desde 2007, por tres principales causas: el desgaste de su naturaleza represiva, los abusos de autoridad y las denuncias de corrupción en sus filas, y la contaminación política.

“La Policía ha venido perdiendo legitimidad por varias cosas. Primero se percibe un cansancio de la población, que se viene acumulando desde hace años, que ahora, para mayor daño, se sumó a la cuestión política por el manoseo del que ha sido objeto, voluntaria o involuntariamente, la Policía Nacional”, dijo.

“La Policía comete una serie de abusos contra los derechos humanos, abusos de autoridad y abusa de la represión. Eso es cosa de todos los años, y es verdad que en todos lados la naturaleza represiva de la Policía Nacional los lleva a ese desgaste, pero aquí se ha visto que el actuar va creciendo en violencia, sin necesidad, y poniendo en detrimento la capacidad de persuasión y el diálogo”, apuntó Orozco.

“Se ve todos los días que no pueden proceder a detener a alguien si no es que lo suben a culatazos, a patadas, los arrojan como animales a las tinas de la camioneta, son soeces en su vocabulario ante la población que reclama sus derechos, y, en muchos casos, actúan abrumadoramente para justificar su actuación”, observó Orozco, autor de varios estudios de Seguridad Ciudadana en Nicaragua y Centroamérica.

“Sí, es cierto, en toda captura hay cierta resistencia de las personas a ser esposadas o conducidas a la estación, pero hay protocolos de actuación policial que deberían aplicarse para cada cosa: cuándo persuadir, cuándo hacer uso de la fuerza, cuándo hacer uso de las armas, cuándo efectuar disparos preventivos, en fin, hay una serie de protocolos que los deben enseñar en la Academia, pero lo que vemos todos los días es que hay una ligereza para sacar armas, golpear a la gente y abusar de la fuerza y de la superioridad institucional”, observó.

Algo grave ocurre

A su criterio, esa actuación es causa que genera como efecto una rebeldía social. “El incremento de la rebelión contra la Policía no debe verse como un fenómeno aislado, es un síntoma de un profundo y acumulado malestar de la población contra la Policía y sus agentes”.

“Que alguien pierda el miedo a recibir un balazo o a caer preso, y se lance decidido a quemar una patrulla, a desarmar un agente o a destruir una estación, es porque algo grave está pasando, y no es exigiendo respeto que se va revertir”, dijo el investigador del Ieepp.

Según Orozco, la otra gran causa de la pérdida de legitimidad de la Policía Nacional se da en la percepción de corrupción en algunas divisiones, como la de Tránsito Nacional.

“La principal causa para dar de baja a algunos policías es por abuso de fuerza y abuso de autoridad, a esto se suman casos aislados de corrupción de agentes y mandos medios, y la enorme percepción ciudadana de corrupción y de descomposición con los agentes de Tránsito, cosa que merece otro capítulo para análisis, pero que contribuye a crear esa negativa imagen de la Policía como un ente que abusa de la autoridad para sacar dinero de la ciudadanía”, observó.

“Las cosas que ha hecho la Policía, en casos aislados, se vienen sumando y aumentando esa ira social. El caso dramático de un niño que atravesó un retén policial en bicicleta, que fue perseguido por una patrulla y baleado en su casa, revive en el colectivo social aquellas historias de la Guardia Nacional matando a un niño en el Estadio Nacional, sólo porque se saltó una malla”, indicó.

“Ninguno de los dos casos merecía el uso de arma de fuego. Ambos son actos de salvajismo, los cuales, ya sabemos, que reacciones generan: ahí están las fotos de las estaciones policiales quemadas en La Paz Centro y en Chichigalpa”, expresó.

Dijo el especialista que otro aspecto que se suma a la inconformidad social hacia la Policía, es que se percibe que el abuso contra la población civil es mayor contra los sectores sociales más vulnerables.

“La población ve que la Policía es permisiva y tolerante ante delitos cometidos a otros niveles, a los narcos jamás vas a ver que los patean o los denigran, a los actores de delitos de cuello blanco tampoco, entonces hay una discriminación en el uso de la fuerza”, dijo.

Y el tercer gran problema que afronta la Policía, y a su criterio es el detonante de la violencia social contra las fuerzas del orden, es la contaminación política.

“Si ya la cosa era grave con los abusos y la percepción de corrupción, con esta cosa política la Policía retrocedió enormemente”, observó.

Ortega: el primer irrespetuoso

Para la directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, Vilma Núñez, la exigencia de respeto de Granera puede leerse en dos sentidos: el primero para el presidente Daniel Ortega, que ha menospreciado la autoridad y estatura de la jefa policial al emitir contraórdenes a sus disposiciones en asuntos de naturaleza política, y el segundo, para la población, que viendo esa pasividad de las autoridades del orden en actos políticos versus la violencia con que actúan en otros casos, reacciona indignada.

“Conociendo la problemática de la Policía por las interferencias permanentes del presidente Daniel Ortega en el actuar de esa institución, es decir, todos los esfuerzos por hacer de la Policía un cuerpo partidario, al escuchar a Aminta, puedo deducir que se trata de un mensaje al presidente Ortega para que se detenga de tanta intervención”, dijo Núñez.

Dijo que Granera pudo haber aprovechado el contexto en el que no había ninguna protesta política o marcha, sino que los lamentables hechos de Chichigalpa, para pedir respeto a quien debería dar ejemplo de respeto a ella como autoridad de las fuerzas del orden, pero que se ha constituido en quien más la ha irrespetado como es el presidente Daniel Ortega.

Dijo no ver que realmente haya un sentimiento generalizado en la población de irrespeto a la Policía, porque lo que se observa son las diversas reacciones de la gente frente a comportamientos puntuales, como los ocurridos en La Paz Centro, Catarina y Chichigalpa.

“Los excesos, los abusos de autoridad, la falta de persuasión y de convencimiento por parte de la Policía para el ciudadano común y corriente, provoca reacciones naturales, pero a eso, definitivamente, se suma lo otro, que es la pasividad frente a las fuerzas de choque”, dijo Núñez.

“Lógicamente, se está generando en el ambiente una opinión contraria a lo que todos aspiramos de nuestra Policía, pero es una reacción de la gente producto de ese comportamiento, de ese doble estándar de la Policía a la hora de actuar en ocasiones similares”, añadió.

Ejemplos concretos

Mencionó como ejemplos la manera en que actúan las fuerzas del orden en casos que no tienen ribetes políticos, y en los cuales se hace uso excesivo de la fuerza para capturar a personas que han cometido delitos o son señaladas de ello, lo cual tiene como resultado una reacción violenta del detenido y de sus familiares o amigos, no así cuando se ven como simple espectadores de los agresores, cuando en un conflicto los que atacan son los partidarios del gobierno.

“El problema es que hay dos mandos, el que dirige la comisionada Granera, y otro que obedece directamente al Presidente, que es el que prevalece cuando lo que se va a dar es una actividad de índole política o ciudadana, en la que la población quiere manifestarse en contra de algo que cree que el gobierno no está haciendo bien”, dijo Núñez.

Recordó el caso concreto cuando en las afueras de la Fiscalía, en una marcha de ONG, le robaron la cámara a Héctor Calero, periodista del Cenidh, y los policías que estaban presentes no hicieron nada, aun cuando vieron los hechos, “y fue porque, precisamente, los mandaron a eso, a no hacer nada”.

“El caso más cercano y otro ejemplo de cómo Daniel Ortega irrespeta a Granera, es el de la destitución del alcalde de Boaco. Fue Ortega quien quitó a la jefa de la Policía de ese municipio, y mandó a un subalterno obediente a sus órdenes para que sacara al alcalde Hugo Barquero. Diez minutos antes de eso, la comisionada Granera nos había asegurado que no actuarían, y ya vimos lo que pasó en un irrespeto total a su autoridad”, sostuvo.

“Así que no me vengan con el cuento de que es la gente la que ha debilitado a la Policía, la que no respeta a la Policía, porque esa falta de respeto la ha impulsado el mismo presidente Daniel Ortega”, concluyó.