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La Asociación Nicaragüense de Instituciones de Mcrofinanzas, Asomif, hizo una propuesta al gobierno para la recompra de la deuda morosa de 16 millones de dólares que les ha generado el movimiento “No Pago”, siguiendo la línea de lo que han planteado los deudores al Poder Ejecutivo.

Según Alfredo Alaniz, Director Ejecutivo de Asomif, el sector puede venderle la deuda de los “No Pago” al gobierno, la que constituye el 50 por ciento de la cartera en mora de las microfinancieras, a un plazo de cinco años, tal como habían propuesto negociarla con los clientes que conforman dicho movimiento.

Pero esta compra de la cartera a pagarse en este plazo debe contar con una garantía que permita a las microfinancieras transmitirla a sus acreedores en garantía de los créditos, un procedimiento que podría tener sus inconvenientes con el Fondo Monetario Internacional, FMI, que impone restricciones al gobierno en ese sentido.

De forma que proponen un mecanismo alterno: “… una garantía del Banco Central o con la emisión de microcenis, los cuales nosotros podríamos endosar a nuestros acreedores, para que regresen al país los recursos que han salido, por el orden de los 45 millones de dólares”, explicó Alaniz.

Para Patricia Padilla, Vicepresidenta de Asomif, la propuesta es “interesante”, pero conlleva muchos riesgos y un mensaje negativo, “y es que está destruyendo la cultura de pago que las microfinancieras estuvimos conformando y construyendo durante 20 años”.

Una práctica que, además, no es exclusiva de las microfinancieras, sino que se ha extendido a la banca nacional y a la misma empresa privada.

“Es más, estamos teniendo situación de mora en las pulperías. Hemos visitado pulperías que enfrentan mora de hasta 80%. Se está viendo una cultura de no pago en todo el país, y eso es grave”, agregó.

No hubo reestructuraciones

El presidente de Asomif, René Romero, informó por su parte que la Ley Especial para el establecimiento de condiciones básicas para la renegociación de adeudos entre las instituciones microfinancieras y deudores en mora, Ley 716, no sirvió para nada.

“Nosotros informamos después de los 30 días que habíamos recibido un poco más de 8 mil solicitudes para reestructuración de deudas, pero que sólo 5 mil clientes eran merecedores o les cubría la Ley 716”, subrayó.

En dinero, esto se expresó en que “recibimos poco más de 13 millones de dólares de solicitudes, pero sólo 8 millones de dólares fueron cubiertos por la ley”, afirmó Romero.

En total, reestructuraron apenas 363 créditos, lo que representa el 7.3% de los clientes cubiertos por la ley, afirmó.

Sin embargo, de este total reestructurado, el 94% lo hizo Acodep, una empresa de microfinanzas, según Romero.

Seguiremos cobrando

Al vencerse ayer viernes el plazo de aplicación de la ley, las microfinancieras reiniciarán los cobros a los deudores del sistema, afirmó Romero, aunque aclaró que en ningún momento embargarán propiedades.

Afirmó que no es cierto que tengan embargadas 3,500 propiedades de los deudores del movimiento “No Pago”.

“Si acaso hay algunas propiedades, son mínimas, pero no tiene nada que ver con el trabajo que hacemos como microfinanzas, ni tampoco de recuperación de la cartera que los clientes nos deben”, apuntó.

Patricia Padilla, Vicepresidenta de Asomif, explicó que estas entidades tienen un mecanismo de cobranza que inicia con el cobro administrativo, después del cual y agotadas todas las vías, se procede al trámite judicial.

No obstante, aclaró que por las características del microcrédito, las garantías no son hipotecarias, sino prendarias. De forma que ellos no tienen propiedades en trámite judicial, tal como han mencionado los miembros del movimiento “No Pago”.

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