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Toda resolución, sentencia o acción que ahora realicen los conjueces con el respaldo de los magistrados y ex magistrados orteguistas de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, estallarán en un futuro cercano y pondrán en colapso la Seguridad Jurídica de la nación, a criterio de ex magistrados judiciales.

Según el ex presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Alfonso Dávila Barbosa, la situación que está viviendo Nicaragua más que una crisis institucional de coyuntura, es una amenaza jurídica que coloca al país en una situación grave y muy delicada de cara al futuro cercano.

Sentencias nulas a perpetuidad
Aparte de la ilegalidad que, según Barbosa rodea el nombramiento y funciones de los conjueces, está la validez de las sentencias que a partir de ahora se emitan.

“Toda sentencia que salga con la firma de los conjueces, y la de los dos ex magistrados (Rafael Solís y Armengol Cuadra), no tiene validez alguna ni ahora ni mañana, y las partes que sean afectadas con esas resoluciones, pueden acudir a cualquier instancia superior internacional a denunciar esta anomalía y demandar al Estado por injusticia, retardación de justicia o violaciones al debido proceso”, dijo el veterano jurista.

Según el ex presidente del TAM, el nombramiento de los conjueces, la forma y el fondo que se usó para suplantar a los magistrados, son ilegítimos e ilegales desde todo punto de vista.

“El problema comenzó en octubre del año pasado, y continuará, no se ha detenido, sino que se ha agravado, porque la suplantación de magistrados por conjueces, es ilegal, absolutamente ilegal, y lo que resuelvan tanto los conjueces con los ex magistrados, no tiene ni tendrá ningún valor, porque la ley es bien clara, el llamado para integrar a estos señores ni siquiera está reglamentado por la Asamblea Nacional”, dijo.

“La ley señala que los conjueces solo pueden ocupar las funciones de un magistrado cuando éste está inhibido de conocer un asunto, o esté recusado, pero en este caso, eso no se ha visto aquí en la CSJ”, expresó.

Censura y condena daño
“Es más, los magistrados liberales están presentes, físicamente están ahí protestando con derecho, sobre otra ilegalidad como es la de sostener a dos ex magistrados con cargos vencidos, aun contra ley expresa; todo esto es una violación a la Ley Orgánica de la CSJ, a la Asamblea Nacional y censuro y condeno todo el daño jurídico que eso provocará al país, porque toda causa genera un efecto y eso lo vamos a ver”, observó.

Para él, lo más grave del asunto es que instancias adyacentes al Poder Judicial, “que requieren de transparencia en sus actuaciones, como la Fiscalía y la Procuraduría General de la República, aceptan el asunto con normalidad, sin preveer el daño evidente que se le está haciendo al país”.

El fin, dijo Barbosa, es sostener contra viento y marea el decreto presidencial que sostiene en sus cargos a funcionarios con mandatos vencidos, para mantener el control del CSE, y la seudo sentencia que permite la reelección de Ortega.

Afecta a todo el país
Para el ex presidente de la Corte y académico Alejandro Serrano Caldera, la situación de la CSJ trasciende a ese Poder del Estado y afecta a todo el país.

“Es una situación que trasciende a la misma Corte y que debe preocuparnos a todos los nicaragüenses, porque estamos entre dos situaciones, cualquiera de ellas negativas; una, que no existan los órganos jurisdiccionales, ni los poderes del Estado ni ninguna institución donde a los funcionarios ya se les venció el período, lo cual es el colapso del Estado”, dijo Serrano.

“Y la otra que para que existan, y movida por los intereses políticos que todos ya conocemos (la reelección) se tenga que aceptar como válido un decreto que el Presidente de la República no tiene facultades para emitir, y un artículo constitucional que ya se venció hace 23 años, y en este sentido, se prorrogue de facto la vigencia de los cargos a quienes ya se le vencieron”.

“Son dos situaciones verdaderamente insostenibles, o el colapso de las instituciones, o las instituciones de facto, en esa disyuntiva está atrapada la institucionalidad nicaragüense”, observó el jurista.

“En lo concreto a los conjueces de la CSJ, es obvio que si me preguntan si es legal yo diga que no, porque no lo es, los conjueces están establecidos en la Constitución y la legislación, con el objeto de suplir las ausencias de algunos magistrados, que están ausentes, hayan sido recusados, estén implicados o tengan algunas de estas circunstancias, que no es el caso”, expresó.

¿Quién está facultado para llamar a conjueces?
“Por otro lado, hay una situación todavía jurídicamente más insostenible, y es que quien llama a los conjueces para que suplan a un magistrado, es la Corte Plena, y aquí Corte Plena no existe ¿quién llama entonces?”, se preguntó.

“El llamado se está haciendo no por la Corte Plena para suplir la ausencia de algún magistrado, sino que está haciendo para integrar la Corte Plena, por lo cual el órgano convocador de ley, no existe y se da una inversión del sentido de la convocación de los conjueces, es decir, la causa se convierte en efecto y el efecto en causa, se llama a los conjueces para integrar Corte Plena y no es a como dice la Constitución, que es que la Corte Plena llama a los conjueces, que es a como debería ser”, analizó.

Serrano Caldera no recuerda una situación como ésta en la historia de la CSJ. “Es una situación irregular y el drama de este país es ése, es que está entre el colapso de las instituciones y las instituciones de facto”.