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La posición de los magistrados orteguistas de la Corte Suprema de Justicia, de mantener la “vigencia” del párrafo segundo del artículo 201 de la Constitución de 1987, y el Decreto presidencial 03-2010, es tan desafiante, que ayer el abogado Armengol Cuadra fue quien coordinó el primer grupo de trabajo en asuntos penales, aunque su período como magistrado venció el 11 de abril pasado.

Según Roberto Larios, jefe de prensa de ese poder del Estado, la magistrada Juana Méndez integró ayer el grupo de trabajo junto a los conjueces José Ignacio Miranda, Juan Pablo Obando y María Auxiliadora Martínez.

Sólo era sesión de clase
“A este grupo pertenecen también los magistrados Ligia Molina, Francisco Rosales y Rafael Solís, pero como sólo era coordinación de trabajo, explicarles el procedimiento para elaborar proyectos de sentencia en materia penal, no participaron”, dijo Larios.

Las audiencias de casación en materia penal se realizarán los días 20 y 23 de agosto, a razón de tres por día, dijo el funcionario. A pesar que el Código Procesal Penal dice que la jurisdicción penal es indelegable, es decir, las sentencias de casación debe emitirlas la Sala Penal y no un grupo de trabajo, dijo el magistrado Gabriel Rivera.

Mientras tanto, los magistrados propietarios Manuel Martínez, Edgar Navas, Gabriel Rivera, Antonio Alemán, Sergio Cuarezma e Iván Escobar Fornos, enviaron una carta al Secretario General de la CSJ, doctor Rubén Montenegro, para que dé fe de sus asistencias a las reuniones de Corte Plena, ya que los magistrados sandinistas argumentan que integraron a los conjueces ante la ausencia de los primeros.

Además, solicitaron la certificación del acta de integración ilegal de conjueces para saber qué conjuez sustituye a cada magistrado. El doctor Martínez aseguró que pronto emitirán un comunicado para reafirmar su posición sobre la ilegalidad que se vive en la Corte Suprema de Justicia.

Llenaron huecos
Larios ayer aclaró que los conjueces no tienen la misma función que los magistrados propietarios, y sólo se limitarán a proyectar sentencias “para superar el grave problema de la retardación de justicia”.

También aseguró que trabajarán con asistencia de los asesores de la Corte Suprema de Justicia, incluyendo los asignados a magistrados liberales. Hoy se espera que el segundo grupo de trabajo conozca los expedientes que están pendientes en materia Civil y Contencioso Administrativo. Estos grupos estarán coordinados por las magistradas Yadira Centeno y Juana Méndez, respectivamente.