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Pendiente está la sentencia en el juicio contra Wilmer Jesús Mayorga Molina, de 22 años, acusado por el delito de pornografía infantil y cuyo proceso judicial continuará el próximo lunes, sin embargo, abogados del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, consideran que sólo la condena no es suficiente.

Los representantes del organismo de derechos humanos señalaron que se requieren también acciones concretas de prevención por parte del Estado, para reducir este tipo de delitos.

Carlos Alberto Guadamuz, abogado del Cenidh, quien junto a su colega José Alonso estuvieron en el juicio contra Mayorga Molina, dijo que por el momento se presentó una parte de las testificales, y que el próximo lunes se reanudará el proceso en el caso donde Hermes Alejandro Molina Blanco, de 25 años, es señalado de haber tenido sexo con una muchachita de 14 años, y filmarlo, lo que según la ley es violación.

Además, Molina Blanco, supuestamente junto a su primo, Mayorga Molina, vendieron y distribuyeron el vídeo en teléfonos celulares en el municipio de Tipitapa.

Perpetrador sigue en libertad
El abogado del Cenidh señaló que por el momento sólo está detenido quien distribuyó el video, pero el perpetrador sigue en libertad, huyendo de la justicia, que no es beligerante para cumplir con la orden de dar con el paradero de Hermes Alejandro Molina Blanco y capturarlo para que dé la cara ante la justicia.

Por su parte, el también abogado del Cenidh, José Alonso, comentó la necesidad de que exista una campaña de prevención contra los delitos tipificados por el Código Penal como violación y pornografía infantil.

Sin embargo, ¿de cuánto es el presupuesto asignado para los programas de violencia intrafamiliar y sexual? Pues de 2008 a 2010 éste se redujo a “cero”, según el análisis de Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG, que trabajan con la Niñez y la Adolescencia, sobre el gasto en Servicios Sociales y Asistencia Social, como porcentaje del Presupuesto General de la República.

Alonso mencionó que no existen controles sobre las personas que ingresan a moteles, tampoco una vigilancia sobre la entrada de menores de edad, ni tampoco se aplican sanciones contra los dueños de estos locales, cuando se conoce que en ellos se cometió un delito.

En el caso del proceso por pornografía infantil, el abogado criticó fuertemente la desfachatez de cómo algunas personas con pancartas alegaban que el caso era sólo una “chavalada” o una simple travesura.