•  |
  •  |
  • END

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil, en un comunicado expresó su preocupación por la crisis institucional del Poder Judicial, la cual, evidentemente, afectará la protección de derechos humanos en Nicaragua.

Señalan que el pasado 16 de agosto iniciaron sus funciones como magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, siete personas nombradas el 11 de agosto, por decisión de ocho magistrados miembros de la misma Corte.

“Así, se sustituye ‘de facto’ a siete integrantes de este poder del Estado, lo que agudiza la crisis institucional que afecta al Poder Judicial, y coloca en una situación de desprotección a las personas en ese país”, señalan.

Según el Cejil, las decisiones anteriores revelan una clara injerencia del Poder Ejecutivo y de otros sectores políticos en la integración de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, situación que es contraria a los principios de independencia judicial y de división de poderes del Estado, ambos pilares de toda democracia.

En febrero de 2010, el Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, recomendó al Estado de Nicaragua “velar para que el Poder Judicial sea independiente y libre de injerencias políticas, y luchar contra la corrupción, las irregularidades y los retrasos en la administración de la justicia. Los hechos recientes demuestran que pocos esfuerzos se han hecho para cumplir con la citada recomendación”.

Para el Cejil, las decisiones tomadas por una parte de los integrantes de la Corte Suprema cuestionan la vigencia de un Estado de Derecho en Nicaragua.

Debilitamiento de la institucionalidad
“Uno de los requisitos fundamentales para una adecuada garantía y protección de los derechos humanos es, sin duda alguna, la vigencia del Estado de Derecho. La decisión sobre la permanencia o la remoción de los más altos jueces no puede ser producto de una decisión arbitraria del Poder Ejecutivo; asimismo, debe estar establecida por ley y someterse a un adecuado escrutinio y control, para evitar la politización y parcialidad de uno de los poderes del Estado fundamental en la garantía de los derechos. En Nicaragua, este tipo de sucesos evidencian el creciente debilitamiento de la institucionalidad, lo que necesariamente se traduce en una desprotección para los y las nicaragüenses”, señaló Alejandra Nuño, Directora del Cejil para Centroamérica y México.

El Cejil hace un llamado a las autoridades del Estado de Nicaragua para que rectifiquen las decisiones hasta ahora tomadas de conformidad con los estándares internacionales en la materia, así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Relatora de Naciones Unidas sobre independencia de jueces y abogados, para que requieran información al Estado de Nicaragua sobre las actuaciones antes citadas, y en su oportunidad, expresen su preocupación por tales decisiones.

Bayardo Izabá, Director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, organización miembro de Cejil, dijo que cualquier resolución firmada por los magistrados con períodos vencidos y los conjueces, no serán aceptadas como válidas por su instancia.

“Sería avalar a una CSJ espuria. Es inaceptable, y serán viles todas las actas que firmen los abogados elevados ilegalmente como magistrados, bajo designación del presidente Ortega. Algo que no le corresponde”, dijo Izabá, alegando que todo fue impuesto para crear una CSJ partidaria que lo beneficie.

Indicó que preferirían retirar cualquier recurso en estos momentos, antes de dejar que sean manoseados por personas que no son magistrados. Esto, mientras no sean elegidos por la Asamblea Nacional los cargos vacantes, algo que, evidentemente, se reflejará en retardo de justicia y violación a los derechos humanos de los nicaragüenses.