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Alzar la tasa de cotizaciones para empleadores y trabajadores y aumentar la edad de retiro y las semanas de cotizaciones para jubilación, es considerado como inviable por expertos, gremios y empresarios, ya que no resolverá el agudo problema que atraviesa la institución, y más bien traerá otras más graves al propio Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y a la economía nacional.

El gobierno, a través del presidente ejecutivo del INSS, anunció una propuesta de reforma al sistema de seguridad social del país, que incluye aumentar de 60 a 65 años la edad de retiro de los trabajadores, y de 750 a 1,500 las semanas de cotización para jubilarse, en una escala de 5 años a partir de los que nacieron en 1967, también la posibilidad de subir las tasas a empleadores y trabajadores.

Decirlo es fácil, pero hay muchos más perjuicios que beneficios, según afirman expertos, quienes no lo ven viable desde ningún punto de vista.

“Lo que se demanda es una reforma que toque todos los aspectos de la seguridad social”, afirmó Manuel Israel Ruiz, quien coincide en señalar que un aumento en las tasas de cotización lo que provocará es que la gente huya de la incorporación al INSS.

Agrega que, en este sentido, se debe buscar más bien una ampliación en la base de afiliados, ya que “la cobertura de asegurados sigue siendo muy baja. Respecto a América Latina es de apenas el 24 por ciento, y han transcurrido 50 años. Es un problema bien serio”, agrega.

Las cotizaciones más altas del promedio

Actualmente, las cotizaciones del régimen integral suman 22.5 por ciento, la más alta de Centroamérica, que en promedio anda por el 16 por ciento.

Esto indica que lo menos recomendable es subir la tabla de cotizaciones, ya que la economía no está en condiciones de asumirla, “la prioridad fundamental --como objetivo de vida o muerte-- debe ser incrementar la población asegurada en cantidades bastante significativas, no en modestos incrementos porcentuales”, recomienda un experto en seguridad social que quiso mantenerse en el anonimato.

De esta forma señala que en esa dirección “se deben dar pasos para facilitar la entrada al sistema, lo que conlleva ponerla más accesible en términos de precios, esto es en costos para las empresas y menos ingresos para los asalariados, asimismo tratar de ofrecer beneficios tangibles, pero posibles, todo con el fin de vender los beneficios de contar con seguro social versus no tenerlo”.

Según el especialista en seguridad social, Manuel Israel Ruiz, el hilo de una reforma debe apuntar a eso. Desde hace 50 años el nivel de cobertura del seguro social es de apenas el 24%, cuando lo óptimo debería ser 60-70% de la Población Económicamente Activa (PEA).

Desestímulo a Pymes

Un cambio en la dirección propuesta por el gobierno podría significar un golpe a las pequeñas y medianas empresa, explica otro experto consultado que prefiere mantenerse en el anonimato. “Es otro elemento adicional de alejar cada vez más la posibilidad de que las pequeñas empresas tengan algún estímulo para dar pasos a su formalización”, señala.

Por otro lado, insiste en la necesidad de que por primera vez en la historia del INSS, “es lo crucial y urgente de hacer un uso responsable y ético del INSS”, de forma que es necesario hacer una revisión minuciosa de todas las fugas que existen en el sistema, es decir, es necesario detener el drenaje de recursos de la institución para fines que no están contemplados en la ley.

Por ejemplo, el Estado tiene una enorme deuda con la institución, las alcaldías, sistema judicial, Asamblea Nacional, los organismos extranjeros, como embajadas y representaciones internacionales. En esto se incluye a las empresas que retienen el INSS a sus trabajadores y no lo enteran a la institución, y ésta tampoco hace mucho por recuperar ese dinero.

Los subsidios

Otra de las enormes fugas que tiene el INSS actualmente tiene que ver con una práctica generalizada que representa gastos para el seguro social, y son los subsidios. “¿Cuánto se paga indebidamente por subsidios de enfermedad?”

En una presentación que hizo el presidente ejecutivo del INSS, en 2008, reconoció que mensualmente se otorgan 11.9 millones de córdobas mensuales en subsidios por incapacidad, lo que representa 141,614 días por mes, de éstos sólo el 40% es por maternidad.

“Hay un número importante de trabajadores inescrupulosos que inventan o extienden sus períodos de subsidios con subterfugios, algunas veces con la permisividad de médicos, y otros, abusando de debilidades administrativas del sistema”, agrega la fuente.

También es práctica común en el INSS que se permita la jubilación antes de tiempo para personas que no han cumplido la edad de retiro o hayan completado las semanas de cotización, como una forma de prescindir de cierto personal no deseado o por negociaciones de cargos. Eso “se vuelve, en general, parte de un tráfico de influencias letal para la sostenibilidad del seguro social”, afirma la fuente, quien sostiene que es necesario hacer una revisión de este tipo de jubilaciones.

Otras revisiones

En este sentido, Manuel Israel Ruiz destaca que los problemas del seguro social tienen que ser analizados y reformados con base en el marco legal del país. Además, considera prioritario hacer una revisión de fondo de muchos problemas de la institución, como, por ejemplo, la deuda que el Estado, alcaldías y empresa privada tienen con esta institución, y que suman varios millones de dólares.

También vio necesario una revisión al sistema médico previsional, que recibe anualmente del INSS 90 millones de dólares, para atención a los asegurados. El 80% de estas empresas son privadas.

Las inversiones

Adicionalmente a esto, es necesario hacer una revisión de las inversiones que realiza el INSS, para saber el nivel de rentabilidad, de riesgo y evitar más pérdidas para la institución.