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El juez suplente Séptimo Local Penal de Managua, Enrique William Larios, citó ayer por segunda vez al Director General de Ingresos, Walter Porras Amador, para que responda a una acusación por desobediencia a una resolución judicial.

Esta vez el judicial reprogramó la audiencia para el próximo 6 de septiembre, luego que Porras presentó un escrito pidiendo nueva fecha, alegando motivos de fuerza mayor.

Al director de Ingresos, la Fiscalía le imputa la presunta autoría del delito de desobediencia por no acatar un fallo del Juzgado Primero de Distrito de lo Laboral de Managua.

En el referido fallo, la jueza Ana María Pereira Terán ordena a Porras pagar 535 mil 982 córdobas a José Gómez Leiva, quien laboró 14 años en esa institución como técnico jurídico.

La cantidad antes mencionada se desglosa de la siguiente manera: 313 mil 682 córdobas por salarios dejados de percibir de noviembre de 2007 al 2 marzo de 2009; 111 mil 150 córdobas correspondiente a cinco meses de indemnización por los años laborados e igual cantidad por la demora injustificada en el pago de la liquidación final.

Durante el juicio, Porras fue declarado rebelde por negarse a contestar la demanda laboral e impedir la inspección judicial en documentos de la DGI ordenado por la jueza Pereira.

La judicial ordenó el reintegro de Gómez, pero luego, a petición del titular de la DGI, quien alegó que el cargo y las funciones del demandante habían desaparecido en esa institución, la judicial ordenó la cancelación de la relación laboral, pero mandó pagar la liquidación final al demandante.

Por su parte, el fiscal auxiliar Elton Ortega envió una carta al ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Guevara, preguntándole si las autoridades de la DGI estaban tramitando el pago del demandante.

Ante el requerimiento del representante del Ministerio Público, Guevara expresó que la DGI posee patrimonio propio y está obligada a efectuar los pagos de sus obligaciones contractuales, según lo establecido en la Ley de Régimen Presupuestario.