•   Tegucigalpa / EFE  |
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La Fiscalía de Honduras investiga el destino de cien millones de dólares donados por Venezuela para la Comisión Permanente de Contingencias durante la administración de Manuel Zelaya, informó ayer una fuente oficial.

El presidente del Tribunal Superior de Cuentas, Miguel Ángel Mejía, indicó a periodistas que los cien millones de dólares para la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) fueron donados por Venezuela en el primer semestre de 2009.

Agregó que de los cien millones, solamente dos millones de dólares fueron utilizados por el organismo de protección civil. Los restantes 98 millones fueron “transferidos a la Casa Presidencial, pero se desconoce qué funcionario recibió esos recursos, porque no hay documentación que indique cuál fue el destino de los mismos”, subrayó Mejía.

“Buscando hemos encontrado algunos documentos que nos han permitido determinar que se recibieron los cien millones de dólares, pero nadie sabe dónde están”, agregó el magistrado presidente del Tribunal Superior de Cuentas.

Los 100 millones de dólares eran para los trabajos de mitigación y prevención de desastres que desarrolla la Copeco y la compra de alimentos para personas damnificadas por fenómenos naturales, entre otras acciones, según señaló Mejía.

Los recursos donados por Venezuela se recibieron antes del golpe de Estado a Manuel Zelaya, el 28 de junio de 2009, cuando le restaban siete meses para que concluyera su mandato de cuatro años.

Mejía indicó que el entonces director de la Copeco, Marco Burgos, quien tras el derrocamiento de Zelaya abandonó el país, tendría que responder por los 98 millones de dólares restantes que fueron traspasados a la Casa Presidencial.

El actual titular de la Copeco, Lisandro Rosales, expresó ante la prensa que es muy poco lo que sabe sobre el destino de los fondos que donó Venezuela. Añadió que esos fondos serían de mucha utilidad ahora que el país está siendo azotado por torrenciales lluvias que están causando daños materiales en varias regiones de Honduras.

Zelaya, quien desde el 27 de enero pasado reside en República Dominicana, está acusado, al igual que algunos de sus ministros, por presunta falsificación de documentos públicos, dos delitos de abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la fe pública y la Administración Pública, según la Fiscalía.

El ex gobernante, que exige su regreso al país y una Constituyente, ha rechazado en varias ocasiones las acusaciones por presuntos actos de corrupción en su Gobierno, del que fue derrocado por los militares cuando promovía una consulta popular para reformar la Constitución, pese a tener impedimentos legales.