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Expertos constitucionalistas consideran que la posición del Ministerio Público de participar en las audiencias de Casación en la Corte Suprema de Justicia, CSJ, con abstracción de la legitimidad del tribunal sentenciador, es la más acertada.

La presencia de la Fiscalía no convalida la situación de ese poder del Estado, más bien evita más procesos anómalos como ser sustituida por otra instancia en su labor de representar a la víctima, explican expertos.

“Es una intervención acertada. Existen fuertes cuestionamientos si la Corte está actuando en salas o en comisiones, y el Ministerio Público señala entre líneas que hay señalamientos de la competencia del órgano”, expresó el doctor Cairo Manuel López.

Fiscalía no convalida

El constitucionalista también explicó que la presencia del Ministerio Público en las audiencias no convalida lo que ya está afectado (Corte Plena integrada por conjueces, presidiendo audiencias de Casación) de vicios en cuanto a competencia y procedimiento, sino que establece la posición de la institución, que es cumplir con su función de representar a la víctima, antes que intervenga la Procuraduría General de la República, PGR, invadiendo funciones.

El doctor Gabriel Álvarez, experto en temas constitucionales, coincide con López en respaldar la posición de la Fiscalía, porque no admite la legalidad del tribunal en Casación, e impide que la PGR se arrogue funciones que no le corresponden, defendiendo a la víctima.

“El Ministerio Público está entre dos aguas: por un lado, unos magistrados que representan el reflejo de ejercer el poder sin límites ni controles, y, por otro, la PGR lista para invadir funciones, y lo que le queda, es representar a la víctima al margen de la competencia del tribunal”, dijo Álvarez.

“Un tuco” de Sala

El jurista continuó advirtiendo que “la situación es grave, y no es posible admitir ese ‘tuco’ de Corte que viola el debido proceso, porque los ciudadanos no están siendo juzgados por su tribunal competente que es la Sala Penal, porque ahora la Corte no va a decir que por celeridad del proceso judicial se va a estar arrogando funciones que no les corresponden”, amplió Álvarez.

Contrario a estos argumentos, la magistrada Yadira Centeno expresó que si se está durante una crisis institucional, la Corte Suprema en uso de sus facultades constitucionales y tomando en cuenta el artículo 8 del Código Procesal Penal, que establece la celeridad procesal, es decir, dar respuesta inmediata o dentro de los términos establecidos en la ley al usuario, puede conocer las audiencias de Casación.

“Es una máxima del derecho que quien puede lo más, puede lo menos, pues todos los magistrados de este tribunal estamos investidos de jurisdicción, y la organización no es una camisa de fuerza que nos despoje de la facultad de administrar justicia y de juzgar y de ejecutar lo juzgado. No hay impedimento para que el órgano supremo de la administración de justicia conozca los asuntos de materia penal”, expresó Centeno.

Sin embargo, el magistrado liberal Gabriel Rivera mantiene que la única con potestad jurisdiccional para conocer de las audiencias penales de Casación y emitir sentencias definitivas es la Sala Penal, y en estos momentos la CSJ carece de conformación de salas.

Ante estas diferencias, al Ministerio Público sólo le queda ejercer su función, que es representar a la víctima, mantiene el fiscal general Julio Centeno, sin que eso se tenga como acción legitimadora de nada.