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El gobierno ha estado barajando una serie de propuestas para hacer frente a la situación estratégica del INSS, según han apuntado diversos estudios realizados por consultores nacionales y extranjeros.

Sin embargo, las propuestas han sido calificadas como inviables, y además no atacan el problema, ya que como han apuntado expertos consultados, la base de contribuyentes del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, se ha mantenido prácticamente congelada en 24% de cobertura.

En la Carta de Intenciones que presentó el gobierno al Fondo Monetario Internacional, FMI, en 2009, el gobierno se comprometió a presentar una propuesta de fortalecimiento al sistema de pensiones.

El gobierno propondrá antes de septiembre --según el presidente del Banco Central, Antenor Rosales-- “un conjunto de opciones par mejorar la posición financiera del sistema y corregir gradualmente su déficit actuarial”.

“Pero éste es un aspecto del problema de la seguridad social del país”, afirmó Manuel Ruiz, consultor y especialista en el tema, quien sostiene que el sistema actual atraviesa por una serie de anomalías que agudizan su crisis recurrente, y “hay que abordar el asunto de manera integral”.

Mencionó como ejemplo que no hay una regulación sobre el traslado de los servicios de salud del INSS a las Empresas Médicas Provisionales, o la regulación de las inversiones que esta institución realiza.

Revisar el salario de cotización

Actualmente el techo máximo salarial para cotizar al INSS es 37,518 córdobas mensuales, de forma que quien gane más que eso, tendrá como base ese salario, aunque gane 100 mil córdobas, pagará lo mismo que el techo máximo.

No obstante, Ruiz considera que es tiempo de hacer una revisión tendiente a romper con este esquema, ya que las condiciones son diferentes.

Dijo que esto puede hacerse sin necesidad de una ley, ya que el artículo 16 del reglamento de la Ley General de Seguridad Social lo permite, cuando dice que “puede ser revisado por el Instituto para establecer los ajustes que fueren indispensables para mantener el financiamiento del sistema, de acuerdo con los estudios respectivos”.

¿Sería un nuevo impuesto a los salarios altos?

Se estima que sólo en el sector privado que está registrado en el INSS, hay alrededor de 180 mil trabajadores que ganan entre 38 mil y 104 mil córdobas. Esto sin incluir a los cargos ejecutivos que ganan más que esa cantidad.

También se excluyen los funcionarios de gobierno, desde el Presidente de la República, los ministros, diputados, directores generales, funcionarios de alto rango, magistrados de los poderes del Estado que ganan más que eso y que cotizan sobre la base de 37, 518 córdobas.

Sobre la reducción en los gastos administrativos, propuesta por el Banco Mundial al Gobierno, Ruiz sostiene que esta revisión debe hacerse a partir de los parámetros mundiales sobre el tema, que establece que estos gastos no deben ser mayores al 6 por ciento de las recaudaciones de la institución.

“No hay que temer a aumento de edad de retiro”

Sobre la propuesta de aumentar le edad de retiro, el experto sostiene --contrario a lo que han señalado diversos sectores-- que éste no es el principal problema que tiene el INSS, y que no hay que tener temor a que se amplíe.

Pero en esto hay que hacer las debidas diferencias: “Hay que ver a quiénes vas a subir la edad de retiro: ¿a un obrero de la construcción, a un cañero, a un minero, a un estibador, a un vigilante? Obviamente no, pero si hablamos de alguien que está en una oficina con aire acondicionado, la situación es diferente”, afirmó.

En este sentido, de acuerdo con el experto, la edad de retiro puede incrementarse hasta los 63 años de forma estandarizada, y a 58 para los segmentos de alto riesgo. Actualmente la edad de retiro está establecida en 55 y 60 años.

Otro de los puntos que debe contener una reforma del INSS es sobre el nombramiento de las autoridades de esta institución. Actualmente el Presidente de la República es quien nombra a las autoridades, así como al Consejo Directivo. Estos nombramientos deberían ser hechos por la Asamblea Nacional.

Esto va de la mano, según Ruiz, ante la necesidad de garantizar la estabilidad laboral en la institución donde priva actualmente la “inestabilidad y la politicidad” en los cargos, constituyendo una fuerte limitante para el funcionamiento de la institución.