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Los diputados miembros de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, permitirán que el Poder Ejecutivo sea, de unas semanas en adelante, el que administre a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público las licitaciones públicas, las exclusiones de procedimientos y las contrataciones directas, función que en la actualidad desarrolla la Contraloría.

Los colegiados con períodos vencidos demostraron su incapacidad a decir no a las solicitudes sin control, lo cual se ha convertido en un controversial tema relacionado con la transparencia en el manejo de las compras del Estado.

La última versión --que se encuentra cerca de ser dictaminada y aprobada-- de la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, que suma 128 artículos y cuya última revisión fue en junio pasado, despoja a la Contraloría General de la República, CGR, de la facultad de decidir sobre los procedimientos de compras del Estado.

El texto del anteproyecto, que está en nuestras manos, varía una serie de normativas y procedimientos que, según explica en este trabajo el presidente de la Comisión Económica, Wálmaro Gutiérrez, se hace en nombre de “poner en orden las cosas” y “agilizar los procesos”.

EyT enciende luces de alerta
Este último borrador de la ley en ciernes, ha encendido las luces de alarma en el capítulo de Transparencia Internacional en Nicaragua, el organismo no gubernamental Ética y Transparencia, EyT, que dada la grave amenaza de poner en vigor una norma con tales contenidos, envió una carta al presidente del Parlamento y miembro de la Comisión Económica, René Núñez, el 19 de agosto pasado, advirtiendo de los peligros de ello.

“Ética y Transparencia considera, muy respetuosamente, que el actual dictamen de Ley de Contrataciones Administrativas aún no llena todos los estándares y principios sobre transparencia, eficiencia y competitividad que deben regir estos procesos”, afirma la misiva, cuya copia está en poder de END.

Algo que no se puede negar es que el proyecto de ley ha sido ampliamente discutido con sectores afectados por su alcance, pero en lugar de dejar satisfechos a los consultados, todo hace indicar que lo que dicen y aportan no fue tomado en cuenta.

El Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, a través de dirección jurídica ha conformado una comisión técnica que está analizando el anteproyecto en referencia y procederá a enviar una carta a las diferentes bancadas del Parlamento, exponiendo que el proceso de aprobación de este proyecto de ley debe paralizarse, ya que vendría a derogar en su totalidad la actual Ley No. 323, conocida como Ley de Contrataciones del Estado, confirmó semanas atrás el presidente de ese consorcio de empresas, José Adán Aguerri.

Los riesgos de aprobarlo ahora
En la urgencia de paralizar su aprobación, coincide EyT, pues así lo hacen ver en la carta enviada por Roberto Courtney, su director Ejecutivo al diputado René Núñez.

“EyT considera que lo mejor es posponer la aprobación de este dictamen de Ley para que el proceso de afinamiento de su contenido no se vea contaminado por los conflictos políticos actuales y por las posibles pretensiones políticas o económicas de cara al próximo año 2011 de elecciones nacionales, que agravarían aún más los problemas existentes en las contrataciones públicas”, indica la misiva.

El presidente Daniel Ortega fue quien presentó el 16 de abril de 2008, ante la Asamblea Nacional, el proyecto de la nueva ley, y en sus motivos expuso que la Ley de Contrataciones actual tiene “procedimientos confusos, ambiguos y extensos”, por lo que resulta “burocrática, engorrosa y no acorde al desarrollo moderno de los sistemas de renovación tecnológica que exigen estos tiempos de globalización”.

Acaba triste papel de la CGR
La CGR cuyo actuar ha sido fuertemente cuestionado por diversos sectores, luego de que END publicara que en tres años del gobierno de Ortega ha aprobado exclusiones de procedimientos por casi C$ 9,000 millones, ha pedido a gritos a través de los hoy contralores de facto, que le quiten la responsabilidad de autorizar o denegar asuntos relacionados a las compras de productos y servicios del Estado.

La Comisión Económica, según el último borrador, “consideró pertinente que la CGR, prescinda de participar en los procesos de exclusión de procedimientos de contrataciones, debido a que la nueva Ley Orgánica de la Contraloría establece en sus funciones como un ente de control post evaluador de los procedimientos del Sector Público, de conformidad con los artículos 35 y 41 de dicha ley”.

“En consecuencia- agrega- la Comisión acepta la propuesta del MHCP como entidad ejecutora de análisis previos de evaluación de procedimientos administrativos y se autoriza a la Dirección General de Contrataciones del Estado para que desempeñe esta función”, es decir el Ejecutivo excluirá de procedimientos al Ejecutivo.

“Gracias a Dios”, dice Argüello Poessy
“Si el dictamen está como me decís y se aprueba así, te digo que es lo más recomendable, porque no tiene la Contraloría la capacidad de ejercer esa función porque se trata de labores de control previo y no contamos con los recursos para hacer esa labor”, reaccionó el presidente de facto de la CGR, Guillermo Argüello Poessy.

Reiteró una vez más que la Ley 323 es “obsoleta” y que su cambio es más que necesario. “Nosotros hemos venido insistiendo desde hace cuatro o cinco años sobre la necesidad de que se le quite a la CGR esa responsabilidad y qué dicha que nos han escuchado, gracias a Dios que nos hicieron caso”, agregó.

Wálmaro en la cuadratura del círculo
El presidente de la Comisión Económica, diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, defendió esa decisión alegando que “la Contraloría no puede ser juez y parte y autorizar con antelación una contratación directa que después va a someter a revisión”.

Según Gutiérrez, esta disposición no es para quitarle facultades a la Contraloría, sino “para crear orden”; además insistió en que se trata de una propuesta, no algo definitivo.

“La Constitución Política plantea que la Contraloría es un organismo de seguimiento ‘expost’, es decir que viene a revisar la ejecución, pero si le damos facultades para aprobar de previo algo que después va a ser sometido a su fiscalización, la Contraloría se convierte en juez y parte”, dijo Gutiérrez, sin mencionar que al aprobarse la nueva ley el Ejecutivo le aprobará al Ejecutivo.

A juicio de Gutiérrez “ningún procedimiento que la Contraloría autorice como contratación directa, va a decir después al momento de su revisión, que está malo”. El anteproyecto de Ley requiere de 47 votos por ser ley ordinaria, y el oficialismo cuenta con al menos 49 votos fijos.

“¿Con qué autoridad va a venir la Contraloría a decirme que hice algo malo en una contratación directa si a mediados de ese año me la había autorizado y ésas son algunas de las contradicciones que hay en la actual ley?”, agregó.

Negó que el hecho de trasladar esas facultades al Ministerio de Hacienda, signifique falta de transparencia y menos que se esté dando discrecionalidad al Poder Ejecutivo en el proceso de contrataciones.

“La Contraloría está incólume en sus facultades; sus funciones de supervisión como ente fiscalizador, no se deterioran en ningún momento con esta ley, sino que más bien se fortalecen. Lo que decimos es que, de manera previa, la Contraloría no se debería de meter, porque lo descalifica, porque lo convierte en juez y parte”, reiteró.

Discrecionalidad y poca transparencia
Pese a las explicaciones de Gutiérrez, el diputado liberal y miembro de la Comisión Económica, Francisco Aguirre Sacasa, cuestionó las disposiciones propuestas en el borrador de dictamen alegando que se está dotando al Ejecutivo, por medio del Ministerio de Hacienda, de una herramienta “muy discrecional” que podría, eventualmente, prestarse a menos transparencia.

“La nueva ley de contrataciones se está trabajando bajo el principio de un manejo más ágil y moderno en la contratación de bienes y servicios; no tengo nada en contra de la agilidad siempre y cuando no se sacrifiquen principios sagrados como la transparencia”, dijo Aguirre, quien añadió la nueva legislación no debe ir en contra de los procedimientos de control que establecen los donantes y las instituciones financieras internacionales.

“Estoy en contra de la discrecionalidad de que una entidad del gobierno decida sobre a qué empresa la otorga un contrato sin tener que dar explicaciones”, señaló. “La exclusión de procedimientos y la eliminación de la fiscalización es algo que nadie debería aceptar, pues con ello se abre una puerta a la corrupción”, añadió.

Para Argüello Poessy estas afirmaciones no tienen mayor fundamento. “El Ministerio Hacienda y todas las instituciones si tienen auditores internos que deben garantizar el control previo en las contrataciones, así que no es cierto que esto se vaya a convertir en una fiesta, como piensan algunos”, concluyó.

¿Y la Evaluación del Sistema de Contrataciones del Estado?
El 27 de julio de este año, EL NUEVO DIARIO presentó un análisis a los procesos de contrataciones públicas, realizado por el gobierno del presidente Ortega, en el cual se confirmaron las enormes debilidades que tienen las entidades públicas en los controles y fiscalización de los recursos del Estado, al momento de hacer sus compras, una actividad que está normada por la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 323, vigente desde 2000, y la Ley de Contrataciones Municipales, Ley 622, desde 2007.

El documento elaborado por la Dirección General de Contrataciones del Estado, DGCE, del Ministerio de Hacienda y fechado en mayo de este año, se denomina “Evaluación del Sistema Nacional Contrataciones Públicas”, y es prácticamente una radiografía de la situación de las adquisiciones estatales.

En la carta de E y T al presidente de la Asamblea, René Núñez, le mencionan aspectos relacionados con la Evaluación, que vuelven contradictorio el espíritu del último borrador en relación a los hallazgos del análisis realizado por el mismo Estado en los procesos de contrataciones.

“Otro de los motivos que esta institución considera crucial para dar un periodo de tiempo adicional a una reforma más consensuada y basada en necesidades más reales es el resultado de la Evaluación del Sistema de Contrataciones del Estado hecha pública en fecha reciente por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y en la cual sobresale el hecho de que, en términos normativos ( la actual -Ley de Contrataciones del Estado- L323), Nicaragua obtuvo un puntaje de 2.3, bastante cercano a los niveles óptimos en términos de calidad de la norma, lo que contradice algunos de los argumentos expuestos para reformar la actual Ley de Contrataciones”.

“En base a lo anterior, EyT presenta, en la documentación adjunta, los aspectos del dictamen de Ley en los que esta organización considera es absolutamente necesario modificar y consensuar, para que la reforma planteada cumpla con el objetivo de mejorar de manera considerable la administración transparente, eficiente y competitiva de los procesos de contratación del Estado”.

La Comisión Económica y la posible votación
-Wálmaro Gutiérrez Mercado, presidente (Oficialista)
- José Figueroa Aguilar, vicepresidente (Oficialista)
- Irma Dávila Lazo, miembro (Oficialista)
- Odell Incer Barquero, miembro (Oficialista)
- Gustavo Porras Cortés, miembro (Oficialista)
- René Núñez Téllez, miembro (Oficialista)
- Douglas Alemán, miembro (Oficialista)
- Brooklin Rivera, miembro (Oficialista)
- Freddy Torres Montes, vicepresidente (PLC)
- Wilfredo Navarro, miembro (PLC)
- Oscar Moncada, miembro (PLC)
- Francisco Aguirre Sacasa, miembro (PLC)
- Jorge Castillo Quant, miembro (PLC)
- Alejandro Ruiz, miembro (ALN)
- Ramiro Silva, miembro (ALN)
- Salvador Talavera, miembro (Independiente)
- Guillermo Osorno, miembro (BUN)