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El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, confirmó a través de un comunicado que de la aprobación de la nueva Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, en la que se supone deben estar incluidas sus “observaciones”, depende el desembolso de 42.5 millones de dólares, tal como informó en su edición de ayer EL NUEVO DIARIO.

El comunicado del organismo multilateral indica que “el BID no ha financiado dicha ley ni ha traído ningún experto para asesorarles”, pues su participación ha sido en puntos como el establecimiento del Sistema Nicaragua Compra, la capacitación de compras y contrataciones, el centro de capacitación del mismo y la autoevaluación del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, de conformidad con la metodología de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, (OECD/DAC).

No conocen predictamen y confirman condición

“Cuando hace un año conocimos un proyecto de Ley, enviamos nuestras observaciones por escrito al Gobierno, reflejando las mejores prácticas internacionales. Oficialmente, el BID no ha recibido el texto del nuevo anteproyecto de Ley. El mayor interés del BID es que la Ley sea consistente con las mejores prácticas internacionales”, indica el comunicado.

“La puesta en vigencia de la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público es una de las condicionalidades para desembolsar 42.5 millones de dólares en concepto de Préstamos en Apoyo de Reformas de Políticas (PolicyBased Loan-PBL-). Esto supone la incorporación, en el marco normativo, de las mejores prácticas internacionales solicitadas en su momento por el BID”, añade.

“Lo que está en cuestión no es la aprobación de la Ley, sino que se apliquen las mejores prácticas internacionales; por lo tanto, nuestra opinión al respecto será en esa dirección”, concluye el documento del BID.

Desde el pasado fin de semana, END ha informado ampliamente sobre el predictamen de la nueva Ley de Contrataciones, que transfiere al Ministerio de Hacienda la facultad de administrar las licitaciones públicas, exclusiones de procedimientos y contrataciones directas, que actualmente está en manos de la Contraloría.

El proyecto de ley, entre otras irregularidades señaladas por el organismo cívico Ética y Transparencia, EyT, acomoda las posibilidades de contratar a familiares como oferentes, no regula a los entes autónomos cuando las acciones sean de su giro propio, y abre las puertas a una enorme cantidad de discrecionalidades que, en lugar de velar por la transparencia, facilitan el fraude y la malversación. Sólo el BID sabe si sus “observaciones” se corresponden con el contenido del predictamen.

“Debe ser de consenso”, dice Cámara de la Construcción

El presidente de la Cámara Nicaragüense de la Construcción, Mario Zelaya, dijo que ante la polémica que ha causado el predictamen, lo más indicado es que se logre una ley de consenso, aunque dijo estar claro de que se trata de una ley muy compleja.

Indicó que los diputados miembros de la Comisión Económica ya tienen en sus manos las observaciones que hicimos llegar a través del Cosep, y se está conformando una delegación del sector privado para ir a la Asamblea a defender esos puntos.

“Lo más indicado es que frente a la aprobación de este tipo de leyes, se logre sumar posiciones y lograr un consenso, porque así ocurrió con la Ley de Costas, la Ley de Vivienda, y la reforma tributaria del año pasado”, recordó Zelaya.

Sostuvo que el BID no ha puesto plazos fatales, sino que lo que persigue es la modernización del sistema de contrataciones, al igual que lo quiere el Banco Mundial, porque consideran que deben usarse las nuevas tecnologías en las compras del Estado.

Legislación moderna, sobre bases desfasadas

Una de las debilidades que presenta la propuesta de nueva Ley de Contrataciones es que se trata de una legislación moderna, basada en una estructura jurídica de hace 100 años. El sustento legal de la Ley de Contrataciones son los códigos Civil y de Comercio, ambos aprobados hace 100 y 96 años, respectivamente.

“Leves o ligeras pinceladas de reformas han sufrido nuestros códigos Civil y de Comercio”, señaló el jurista Miguel Argüello, asesor del diputado Francisco Aguirre Sacasa, miembro de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Según Argüello, no sólo la propuesta de Ley de Contrataciones se sustenta en los códigos Civil y de Comercio, sino también el resto de borradores de dictámenes que actualmente trabaja la Comisión Económica, como la Ley de Factura Cambiaria, la Ley de Factoraje y la Ley de Fideicomiso.

Para Argüello, de muy poco valdrán leyes modernas, basadas en estructuras jurídicas tan arcaicas como las ya señaladas.

Transparencia y procedimientos

En el caso particular del borrador de dictamen, Argüello destacó que debe garantizarse el principio de transparencia, y que no se sacrifique por agilización de los procedimientos.

Por otra parte, Argüello enfatizó que en la propuesta de ley se pretende establecer un procedimiento “más expedito” (más rápido) en las contrataciones, sin embargo, señaló que el sistema expedito que se quiere establecer a través del sistema electrónico todavía carece de un sustento, como es una Ley de Contrataciones Electrónicas.

“Aunque ya tengamos una Ley de Firma Electrónica, eso no es suficiente”, expresó.

Para el jurista, es necesario “crear sintonía jurídica”. “Es decir, que si alguien compra algo por internet, tenga la posibilidad de reclamar por esa misma vía. Actualmente compañías grandes permiten hacer esos reclamos, pero en Nicaragua no está regulado eso”, explicó Argüello.