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La magistrada Alba Luz Ramos, encargada de la administración de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, expresó ayer que se detectaron “acciones sospechosas de corrupción en las sedes de Managua y Chinandega del Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil, después de realizar una inspección en ambos lugares.

Entre las acciones sospechosas están el no aplicar los aranceles correctos por el registro de propiedad y acumulación de documentos, lo que causa retraso y da lugar a la corrupción, pues el funcionario pide dinero por la agilización.

“Los usuarios han denunciado el pago ‘por debajera’, de forma extraoficial, pero de manera oficial no lo hacen, porque saben que ellos también incurren en delito, pues en el cohecho es culpable tanto quien da, como el que recibe el dinero”, aseguró Ramos.

Las inspecciones en los Registros las está realizando una Comisión de Reorganización de los Registros Públicos a nivel nacional, y fue autorizada el año pasado por el entonces Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial.

Inspecciones continuarán

“Queríamos saber si los aranceles se estaban tasando en forma homogénea y ver qué es lo que estaba pasando, porque teníamos muchísimas quejas de corrupción y retrasos en el Registro Público. No tengo informe de casos concretos de corrupción, porque hasta ahora sólo tengo un informe general y falta la inspección en los demás registros de todo el país”, expresó la magistrada Ramos.

Según Ramos, otros hallazgos encontrados en la inspección fueron “ine-ficiencia y anarquía en la distribución de los documentos. A la gente se le retienen documentos y se les pide repetitivamente hacerles cambios y reformas”.

Estas inspecciones se están realizando para detectar actos de corrupción y detenerlos, advirtió Ramos, quien aseguró que se aplicarán medidas de supervisión en los registros y se trazarán metas de inscripciones por día, para que no se presente el atascamiento de documentos que luego se presta a cobros ilegales.

La Comisión de Reorganización de los Registros está integrada por Clara Cruz Castillo, Directora de la Asesoría Legal de la CSJ; Clara Estrada Alejo, Directora de Recursos Humanos; Miriam Jarquín de Medina, coordinadora del proyecto de modernización de los Registros, y el licenciado Róger Espinoza Martínez, Secretario General Administrativo de la Corte.