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Mientras el sector construcción espera que la Comisión Económica de la Asamblea Nacional incorpore en el dictamen de la nueva Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, diez aspectos que consideran básicos para hacer modernas, ágiles y eficientes las compras del Estado, el organismo Ética y Transparencia, se muestra más escéptico, pues del 100% de las recomendaciones que han hecho, sólo se ha acogido el 10% para incorporarlo en la nueva norma.

Por otro lado, empresarios privados de diversas áreas se mostraron preocupados por lo que vaya a ocurrir con las nuevas reglas del juego que se establezcan con la aprobación de la nueva Ley de Contrataciones, debido a que con la actual, los pliegos de bases y exigencias que se imponen, lo hacen desistir de participar en las licitaciones, y si se toma en cuenta que a partir de la aprobación de esa norma será el Ministerio de Hacienda, quien administre esos procesos, “pues estaremos fritos”.

END obtuvo copia de “Aspectos de mayor relevancia” del proyecto de ley que afectan al sector construcción, los cuales fueron enviados a la Comisión Económica, y que los empresarios esperan sean considerados.

Además de los puntos ampliamente divulgados por END relacionados con la no exigencia al oferente de presentar certificado de inscripción en la Dirección de Proveedores del Estado, sino hasta el momento de formalizar el contrato, y la no presentación de una fianza monetaria, sino un acta notarial de compromiso, el sector construcción también toca otros tópicos.

No hay libre competencia
Para ellos, el contenido del Pliego de Bases y Condiciones se vuelve “limitativo”, pues se elimina la obligatoriedad de incluir criterios de evaluación, factores de ponderación numérica y método de evaluación, además, no se establecen las prohibiciones taxativas para asegurar la libre competencia.

“Se elimina la obligación de notificar íntegramente las actas de evaluación, resoluciones, y todo documento que integre el proceso licitatorio, por escrito y en el lugar que hubiera indicado el oferente. Sólo se notifica la adjudicación, pero no la evaluación, lo que limita el derecho a recurrir de parte del oferente y afecta seriamente el principio de transparencia en el proceso”, dice el documento del sector construcción.

En cuanto a las garantías en la Contratación Administrativa, el sector construcción señala que la derogación de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, que establece el predictamen, fomenta a oferentes (personas naturales o jurídicas) que no poseen respaldo económico para poder participar en un proceso licitatorio a competir en ellos (empresas informales que no cumplen con los requisitos de la licitación), se convertirá en un serio riesgo para el resguardo de los recursos financieros públicos que se comprometan en el proceso.

De igual forma, les preocupa la eliminación del Recurso de Objeción al Pliego, del Recurso de Aclaración a la Evaluación y la modificación del Recurso de Impugnación, además que se establece que será únicamente la Procuraduría General de la República la que atenderá de forma individual los Recursos de Impugnación que sean interpuestos por particulares.

¿Los tomarán en cuenta?
A esa pregunta EyT responde con dudas y lo hacen sobre la base de lo que ha ocurrido, con lo que ellos mismos han experimentado.

“La verdad es que nosotros estamos porque la ley no se apruebe ahora, porque del 100% de las recomendaciones que hemos hecho nosotros y otras organizaciones, no pasa del 10% las que fueron retomadas”, afirmó César Martínez, del área de Contratos de EyT.

Especificó que ese diez por ciento que se tomó en cuenta tiene que ver con los procesos de licitación de compras de medicamentos. “Los habían metido de una vez en la contratación directa y los sacaron a petición nuestra, pero lo tenían como causal de contratación directa”, indicó.

“Por eso es que nosotros creemos que debe ampliarse el proceso de consulta, porque es muy poco lo que se retomó”, dijo por su lado Luis Aragón, del área de Transparencia de EyT, quien a la vez consideró que se corre un enorme riesgo al aprobar la ley frente a un año electoral, en donde, mínimo, las contrataciones directas podrían dispararse de 40 a 70 y hasta el 80%.

“Lo que tememos son las intenciones políticas que hay detrás de esto, porque sí las hay, y hemos querido hablar con el presidente de la Comisión Económica de la Asamblea (Wálmaro Gutiérrez), pero ha sido imposible que nos atienda desde 2008”, añadió Aragón.

“Quieren que digamos ‘paso’”
Por otra parte, empresarios de rubros diferentes al de la construcción mostraron su inquietud frente a lo que será la nueva Ley de Contrataciones, debido a que con la actual ya es imposible participar en las licitaciones y menos ganarlas.

“Lo que más nos preocupa es que el rector ya no será la Contraloría, sino Hacienda, y los procesos serán más complicados para quienes no sean empresas del agrado del gobierno, al menos la Contraloría no distingue en esas cosas”, dijo uno de los empresarios.

Indicó que en la actualidad enfrentan situaciones que hacen imposible el ganar una licitación, como la fecha inamovible de entrega para quienes no son “agradables” a los ojos de las autoridades de cualquier entidad pública, y extensivos y benévolos con los que son parte del “clan” de las empresas cercanas al Ejecutivo.

“Si sos de los que les caen medio mal, si no cumplís, se ejecuta la fianza y no se paga lo que no cumpliste, cosa que no ocurre con otras empresas a las que les extienden los plazos y son extremadamente comprensivos”, indicó.

Pero antes de eso están los parámetros que se imponen para licitaciones que prácticamente no son alcanzables para la mayoría. “Te piden características específicas que te hacen decir ‘paso’ de entrada, y te hacen perder dinero, porque en el Pliego de Bases te piden un porcentaje, y el tiempo que te toma presentar la oferta, es decir, cumplen requisitos de la licitación, pero ya se sabe quién va a ganar”, concluyó.