Lizbeth García
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Aparentemente, el ex ministro de Transporte e Infraestructura, Pedro Solórzano, está urgido por salir del país a trabajar y recuperar la fianza de 70 mil córdobas que rindió dentro del juicio que se le seguía por malversación, que la Corte Suprema de Justicia mandó a parar, pero la juez Décimo de Juicio, Ana Justina Molina, resolvió mantenerle las medidas precautelares que otro juez le decretó el año pasado.

El abogado de Solórzano, Mario Borge, y el ex viceministro Jorge Hayn, reclamaron públicamente a la juez, porque si la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mandó a parar el juicio para sus clientes, Fausto Carcabelos y José Alejandro Ríos, debieron suspenderse los efectos del juicio, es decir, se les debió levantar la retención migratoria a los acusados, devolverles sus cauciones y no obligarlos a firmar ficha de control de procesados.

Sin embargo, el 25 de enero, mediante un auto, si bien es cierto la juez suspendió el proceso e interrumpió el cómputo del proceso por fuerza mayor, a la espera de que la Sala Constitucional se pronuncie sobre el fondo del asunto, decidió mantener “todas y cada una de las medidas cautelares impuestas en audiencia a los imputados”.

Borge alega que la juez está desacatando una orden de la Corte Suprema, por lo que anunció que recurrirá ante la Sala Constitucional para que arrastren el expediente del juicio hacia el máximo tribunal, y obliguen a la judicial a cumplir la orden.

Aunque no fue posible conocer las consideraciones de la juez en torno al caso, una fuente cercana a ella explicó que si decidió mantener las medidas, fue porque precisamente la paralización del proceso significa que todo debe quedar a como estaba hasta la llegada de la orden del máximo tribunal, que es el que se debe pronunciar al respecto una vez que resuelva el fondo del asunto.

La fuente señaló que la resolución del máximo tribunal es clara en decir que lo que se suspende son los efectos del acto recurrido, y por ninguna parte dice: devuélvase dinero o levántense las medidas decretadas, sino que paraliza todo a la espera de un posterior pronunciamiento.