Luis Galeano
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El gobierno del presidente Daniel Ortega ignora las principales recomendaciones que han hecho los sectores involucrados en la discusión de la nueva Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, cuyo predictamen se encuentra en manos de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional y que se convierte en una futura ley de “manos libres”.

El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, el organismo cívico Ética y Transparencia, EyT, el sector privado y los legisladores no oficialistas, han hecho diversas sugerencias casi coincidentes, para que la nueva norma sea moderna, sin sacrificar transparencia, pero las mismas no han sido tomadas en cuenta en lo mínimo por los legisladores de la Comisión Económica, que, en su mayoría, se pliegan al orteguismo.

Después de una semana que END publicara que el BID tiene pendiente el desembolso de más 42 millones de dólares a Nicaragua, mientras no se apruebe la nueva Ley de Contrataciones, el organismo financiero hizo públicas las consideraciones que elaboraron para la creación de esa norma, las cuales coinciden con los puntos de vista de EyT, y el sector empresarial.

En contra de megapoder de Hacienda

El BID, que avala la salida de la Contraloría de la aprobación de las licitaciones, contrataciones directas y exclusiones de procedimientos, considera inconveniente darle el lugar de juez y parte a la Dirección General de Contrataciones del Estado, DGCE, pues tendría un megapoder en sus manos.

Al aprobar la ley como pretende el Ejecutivo, “la DGCE es el órgano rector del Sistema de Contrataciones, vela por la aplicación e implementación de la Ley, entonces, ¿acaso no existe un conflicto al agregársele la función de ejecutar procesos de licitaciones, para ser el gran comprador para el Estado?”, pregunta el BID.

“Idealmente, se esperaría que el ente a cargo de celebrar los contratos marco sea un ente independiente del encargado de emitir la normatividad”, sugiere.

Asimismo, el organismo se pronuncia en contra de la creación dentro del órgano Rector del Sistema de Administración de Contrataciones del Sector Público, de un área encargada de la celebración de los contratos marco.

“Es confusa la integración de esta función dentro del área de adquisiciones, en la que será ejecutor de procesos basados en la Ley que supervisa. Adicionalmente se le está dando la representación de otras entidades, para la ejecución de los procesos, esto agrega otras funciones a la DGCE”, dice el documento del organismo multilateral.

Para EyT, esta función de la DGCE en relación a los contratos marcos no es conveniente porque la unidad normativa la convierte en “juez y parte” al administrarlos y supervisarse al mismo tiempo. “Los contratos deben estar a cargo de un Comité interinstitucional e interdisciplinario bajo la especial supervisión de la CGR”, según EyT.

Las garantías

En cuanto a la Declaración de Seriedad de la oferta presentada y compromiso de ofrecimiento de garantías, que eliminan la económica por una simple declaración notarial, para el BID lo ideal sería que “se debe promover la participación de los oferentes, el solicitar documentación notariada para cada proceso aumenta las gestiones y los costos para los oferentes, los cuales desmotivan, y a los costos se le suman al precio de la oferta”.

En este aspecto, el sector construcción --que también hizo sus consideraciones-- señala que la derogación de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, fomenta a oferentes (personas naturales o jurídicas) que no poseen respaldo económico para poder participar en un proceso licitatorio a competir en ellos (empresas informales que no cumplen con los requisitos de la licitación), y eso se convertirá en un serio riesgo para el resguardo de los recursos financieros públicos que se comprometan en el proceso.

Las contrataciones directas

El BID pidió definir el concepto de “situaciones de emergencia” que en el anteproyecto se repite, y que es usado en la actualidad bajo el régimen de la Ley 323, como el principal argumento de los ministros para pedir exclusión de procedimiento.

“Se considera recomendable definir expresamente dichas situaciones, toda vez que la presente redacción podría utilizarse para evitar aplicar procedimientos de contratación más competitivos (...). Por tanto, se sugiere que la definición de que uno de estos supuestos aplica a una compra debe ser tomada por una instancia superior, ajena a la autoridad convocante”, dice su documento.

EyT dice al respecto que la Contratación Directa debe especificarse más al momento de aprobar el reglamento relativo a las razones de urgencias, seguridad o interés público.

EyT : ¿Evaluación para qué?

Para EyT, los resultados de la Evaluación que el Ministerio de Hacienda hizo en mayo de este año en los sistemas de compras y adquisiciones, que demuestran enormes debilidades en estos campos, no se toman en cuenta en el predictamen que se elaboró un mes después, es decir, en junio de este año.

El organismo cívico que ha pedido al presidente de dicha comisión legislativa, Wálmaro Gutiérrez, no aprobar el predictamen por no ajustarse a los parámetros y estándares internacionales, y por la cercanía del proceso electoral, hizo un análisis de la “Evaluación del Sistema Nacional Contrataciones Públicas”, que a finales de julio dio a conocer END, y remarcó los puntos que el mismo Ejecutivo ignora de esos resultados.

La última autoevaluación “demuestra que el problema central no está en el marco legislativo/regulatorio de las contrataciones públicas, sino en las capacidades institucionales de la DGCE y de las UCA para realizar una gestión eficiente, eficaz y transparente de las adquisiciones; y que lejos de ser la aprobación de una nueva Ley la solución a los problemas existentes, es decir, flexibilizar la reglas del juego para mejorar la eficiencia, podría más bien significar el agravamiento de las actuales debilidades frente a nuevas, mayores y más complejas responsabilidades, exponiendo en bandeja de plata la transparencia y probidad que deben prevalecer en un tema de gran importancia para el correcto manejo de los recursos públicos, en una época cuando cada vez más se carece de ellos”.

“Resulta contradictorio que en el predictamen se proponga solicitar a los oferentes su Certificado de Proveedor del Estado hasta el momento de la firma del contrato, argumentando que esto elimina barreras que actualmente existen para que todos los proveedores participen en condiciones de igualdad, contrario a lo que se afirma en el documento (Evaluación) de que el Registro ‘es un registro moderno que permite la inscripción en línea de los proveedores del Estado a través de un proceso rápido y eficiente”, y afirmando que “un promedio de 24 horas se requiere para obtener el certificado”, y que “esta inscripción es gratuita’”.

La Evaluación al referirse a la DGCE dice que en una puntuación de tres como máximo, obtuvo el 1.8, lo que es contradictorio a la luz del predictamen, que decide sumarle mayores responsabilidades y recursos cuando hasta el momento no está siendo funcional.