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El Procurador General de la República, Hernán Estrada, compartió la decisión del fiscal especial Armando Juárez, de solicitar al juez Quinto Penal de Audiencias, Julio César Áreas, la suspensión del pago de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis), que son parte de la deuda interna ya aprobada en el Presupuesto 2008.

“Respaldamos esa decisión y la vemos dentro de las medidas interinstitucionales que se han tomado”, dijo Estrada, tras afirmar que también espera que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ratifique la petición de que hubo un daño patrimonial al Estado con la emisión de los Cenis y su renegociación.

Reaparece Montealegre

El contralor colegiado, Luis Ángel Montenegro, afirmó que los Cenis no deberían pagarse porque son ilegales; y además los banqueros ya se pagaron de sobra con lo metido en los presupuestos de la República en los años anteriores.

“Lo mejor es llevar el asunto a los tribunales para que se establezca la real brecha de los bancos quebrados, que estoy seguro no pasa de 212 millones de dólares”, dijo Montenegro.

Juárez espera que el juez resuelva la petición con carácter de urgencia, para con ello garantizar el resarcimiento al Estado, en caso de que emprenda una acusación en contra de algunas de las personas investigadas por la Fiscalía.

Explicó que aunque la decisión de la Asamblea Nacional de aprobar una partida de más de 400 millones de córdobas para el pago de los Cenis es legítima, ello no significa obviar conductas de interés penal para el Ministerio Público.

Bancentro: No hay sustento legal

Carlos Briceño, Gerente General de Bancentro, al ser consultado al respecto dijo escuetamente que “no hay sustento legal para la acción del fiscal”.

El Departamento Legal del Banco agregó que si el pago está en el Presupuesto, es porque el gobierno lo considera legal.

Juárez solicitó al juez que ordene al ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Guevara, y al presidente del Banco Central de Nicaragua, Antenor Rosales, que mantengan suspendido el pago de los Cenis mientras la Fiscalía no haya concluido la investigación y determine si existe mérito para iniciar una acción penal contra algunas personas.

Indicó que si el juez accede a la petición, las autoridades tendrían que cumplir con lo dispuesto.

La cita en la Suprema

Por su parte, los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se reunieron ayer con el contralor Luis Ángel Montenegro, en representación de los contralores, y con el Procurador General de la República, Hernán Estrada, para conocer su opinión dentro del trámite de los recursos de amparo contra resoluciones del ente fiscalizador.

La Sala Constitucional tiene en sus manos el Recurso de Amparo promovido por el ex presidente del BCN, Mario Alonso, contra la resolución de la Contraloría que declaró de nulidad la emisión de los Cenis.

Asimismo, los recursos de amparo emitidos por los ex miembros del Consejo Directivo del BCN: Alonso, Gilberto Cuadra, Ricardo Parrales, Silvio Conrado, Eduardo Montealegre y Benjamín Lanzas, a quienes la Contraloría estableció presunción de responsabilidad penal. Otros recursos fueron presentados por los ex miembros de las juntas liquidadoras de los bancos quebrados.

Estrada dijo que es necesario un pronunciamiento definitivo de la Corte para dar por concluidas las siguientes iniciativas en el ámbito civil y penal al corto plazo. “Ha habido una lesión al patrimonio del Estado, que fue notoria a través de la emisión de los Cenis y la renegociación y esperamos que se confirme”, señaló.

Montenegro, por su parte, indicó que pidieron a los magistrados que se confirme la denuncia de nulidad de emisión de los Cenis establecida por la CGR, y la posterior resolución de presunción de responsabilidad penal a ex funcionarios del Estado.

Hemos dado cifras, datos, además de los aspectos legales que llevaron a la CGR a sacar las resoluciones, y esperamos que valoren los términos de la exposición para tomar su decisión, dijo Montenegro.

Reiteró que la reclasificación de cartera realizada por los ex miembros del BCN, llevó a la emisión de 274 millones de dólares de más, cuando el Estado sólo debía asumir 212 millones de dólares, y al final fueron 492 millones emitidos en Cenis.

Montenegro considera que el caso debe ir a los tribunales para que se cuantifique y quede demostrado quién tiene la razón, cuánto se le debía a los ahorrantes, cuánto había de disponibilidad en el sistema bancario, y cuál es la diferencia real que se debía cubrir.

Rosales señala lo delicado del caso

El presidente de la Sala Constitucional, Francisco Rosales, comentó que no pueden emitir una sentencia tomando en cuanta sólo el aspecto legal, porque el caso tiene implicaciones económicas y sociales, pero sobre todo está el interés nacional.

Rosales considera que el caso debería analizarse al más alto nivel para tener una visión integral, y si fuese necesario pedir una audiencia al presidente Daniel Ortega y a los otros poderes del Estado.