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El asesor ambiental del presidente Daniel Ortega con rango de ministro, Jaime Incer Barquero, expresó que no se puede echar a andar un proyecto como el hidroeléctrico de Brito, sin que exista un estudio responsable y minucioso de una firma internacional e imparcial de mucha experiencia, sobre el impacto que esa obra provocaría en ecosistemas del Río San Juan, el Gran Lago Cocibolca y zonas de San Juan del Sur en el Océano Pacífico.

Incer Barquero, el primer biólogo que tuvo Nicaragua y una eminencia en asuntos del medio ambiente, al hablar con EL NUEVO DIARIO indicó que conoce el tema del proyecto Brito “por una presentación general” que hicieron hace unos meses los agentes involucrados, pero que en los detalles están los puntos más importantes, y que son ésos los que se deben de obtener a partir de un estudio que realicen “expertos imparciales”.

Con la “esperanza” de que lo escuchen

“A través del Marena estoy planteando la posibilidad de que se contrate a una firma internacional especializada en este tipo de megaproyectos, para que se conozcan y tomen en cuenta los impactos ambientales que semejante proyecto puede significar para el Río, el Lago y el Océano, así que he pasado esta inquietud con la esperanza de que sea atendida, y creo que así será, porque ese tipo de proyectos amerita consideraciones más exactas y serias, para poder justificar su desarrollo”, dijo.

El proyecto hidroeléctrico Brito, con el aval del Ministerio de Energía y Minas (MEM), y mediante convenio del gobierno del presidente Ortega con el gobierno de Brasil, contempla la construcción de una muralla sobre el Río San Juan, llamada “Presa San Isidro”, cerca de la desembocadura del río Sábalo, y otra sobre el río Brito, en el istmo de Rivas, llamada “Embalse Miramar”, usando como fuente de alimentación las aguas del Lago de Nicaragua.

En el Río San Juan esta obra contempla la construcción de una muralla de concreto de 10 metros de altura y 400 metros de ancho, localizada aguas abajo de la desembocadura del río Sábalos, a 58 kilómetros de San Carlos, que serviría de tapón al desaguadero natural para aumentar el nivel del Lago de Nicaragua.

La presa creará un embalse regulador de 16 kilómetros cuadrados, donde se instalará la planta eléctrica, y de donde partirán las tuberías y los sistemas de un canal de abducción de 17 kilómetros, que cruzaría el istmo de Rivas y desembocaría cerca de las playas de San Juan Sur, en el Océano Pacífico, donde verterán las aguas usadas para generar electricidad.

Este proyecto concebido en estudios de hace 35 años, estima una producción energética sería de 250 megavatios. El costo de inversión está estimado en 600 millones de dólares, en cuatro años y con apoyo de una importante firma brasileña, y de llevarse adelante dejaría sin sentido el tan mencionado dragado del Río San Juan a cargo del delegado de la Presidencia, Edén Pastora, “para recuperar soberanía”.

El experto en aguas del Centro de Investigaciones de Recursos Acuáticos de la UNAN- Managua, Salvador Montenegro, ha puesto en alerta a la ciudadanía nicaragüense sobre las inmensas amenazas a los sistemas naturales y a comunidades ribereñas que el proyecto Brito proyecta.

“Debe haber un estudio creíble”

Para Incer Barquero, adelantar criterios sobre la factibilidad del proyecto es prematuro, pero destaca como lo más importante, la credibilidad que debe tener un estudio de impacto ambiental que refleje la realidad de lo que puede pasar en el futuro.

“Aquí debe ser una firma extranjera que tenga suficiente experiencia y credibilidad en los estudios, la que pueda establecer los impactos ambientales del proyecto y las formas en que puedan ser, de alguna manera, mitigados o modificados para que sus efectos no sean tan dramáticos como en ese tipo de proyectos siempre se presentan”, señaló el también fundador del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena).

“Yo entiendo que Energía y Minas tiene la capacidad en cuanto al aspecto relacionado con la obtención de energía, pero le corresponde al Marena establecer y confirmar los estudios de impacto ambiental”, dijo Incer.

“Hay que destacar que éste no es sólo un proyecto ingenieril, sino un proyecto ambiental social y económico, de manera tal que creo que debería haber una comisión asesorada por la experiencia extranjera acreditada para poder proceder a la construcción, si es el destino del proyecto”, expresó.

¿Usted conoce el proyecto, lo consultaron para esto?

La verdad es que hubo una presentación general del proyecto, informativa, pero había que entrar en detalles, y eso ya les corresponde a las agencias del Estado directamente involucradas indagar más a profundidad sobre eso, y coordinar algún esfuerzo para externar una opinión, sin dejar a un lado la experiencia que sobre ese tipo de proyecto se ha realizado de otros países bajo la supervisión de empresas que realmente tienen la capacidad internacional de asistir a países como el nuestro en este tipo de proyectos.

¿Cuál es su criterio sobre el proyecto?

Mientras no se tenga un completo estudio de impacto ambiental, es muy difícil adelantar una opinión sobre si el proyecto está bien planificado o no, porque todo estudio requiere de trabajo de campo, y, de alguna manera, considerar todos los elementos, pero eso no es algo que teóricamente se escribe, sino que se debe de comprobar, porque se deben hacer mediciones, ver cómo va a aumentar la superficie de las aguas en el río y en el lago, y los efectos que va a tener ese cambio de nivel en las costas y de las poblaciones, así como en las actividades costeras. Entonces, hay que ir paso a paso previendo cada una de esas situaciones y cualquier desajuste ambiental que pudiera afectar la calidad del proyecto.

¿Cuánta credibilidad se le puede dar a estudios que se hicieron hace más de 30 años, en los cuales se basa el proyecto actual?
Creo que lo mejor es que cualquier estudio que se haya hecho anticipadamente se tome y se analice con mayor objetividad y mayores criterios, y hay que tomar en cuenta que lo puede financiar una empresa, pero la contratación de una agencia debe ser aprobada por el Estado, porque normalmente las agencias contratadas por los interesados tienen sus asesores ambientales que, de alguna manera, se parcializan en relación con lo que las empresas quieren hacer. Aquí lo que se necesita hacer es la contratación de una firma independiente de suficiente credibilidad, que pueda evaluar las propuestas y orientar al Estado sobre la conveniencia o no de seguir adelante con el proyecto.

¿Qué sería lo ideal para que haya progreso en un tema tan delicado como el de superar la dependencia del petróleo con energía renovable, sin afectar el medio ambiente?
Aquí debe haber una compatibilidad entre la conservación y la producción, porque la producción no se puede hacer a costa de destruir el ambiente como tampoco el ambiente puede oponerse --sin el debido estudio-- a la necesidad de generar energía o cualquier otro insumo que este tipo de proyectos arroje. Se debe tomar en cuenta la compatibilidad, no es que se confronten la ecología con la economía, sino que se acompañen para que los beneficios igualmente sean aceptables por las dos partes.