Heberto Jarquín
  • Bilwi / RAAN |
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Cuatro hondureños que están siendo procesados por los delitos de crimen organizado, tenencia y uso ilegal de armas, y lesiones y homicidio frustrado en perjuicio del sargento segundo Daniel Fonseca Rostrán, fueron devueltos a Bilwi, ya que el juez de audiencias de Siuna, Pedro Pablo Suárez, se declaró incompetente de conocer la causa.

Se trata de Henry William Gutiérrez, José Ángel Nájera Sevilla, Luciano López Deras y José Fernández Flores Romero, quienes el 16 de septiembre, junto a otros dos hondureños más, se enfrentaron a tiros contra la Fuerza Naval en el Mar Caribe, en el sector de Walpasiksa.

Suárez tomó su decisión después que el defensor de los hondureños, Fernando Saavedra, promoviera un incidente de incompetencia de jurisdicción, alegando que el sector este de Walpasiksa le corresponde al municipio de Puerto Cabezas y no a Prinzapolka, como lo argumentaba el fiscal Pedro Pablo Cortés.

Saavedra también afirmó que la detención de sus defendidos es ilegal, porque la acusación no había sido presentada en el período de 48 horas posteriores a su captura, como lo establece la ley, sino después de 50 horas, por lo que pidió la libertad inmediata para ellos.

En relación con el rumbo que tomó la causa, el fiscal Cortés opinó que no cambia en lo absoluto la situación de los indiciados, al tiempo que introdujo una protesta en el acta, ya que según él, el Ejército y la Policía ya habían analizado la posición del lugar de los hechos con mapas y brújulas, pero por el momento, hay que prepararse para continuar el proceso en Bilwi.

Indispuestos

Los otros dos hondureños involucrados en el caso (Ramón Eduardo Zschecer y Joseph Arturo Goff Balladares) reciben tratamiento médico en Managua y Bilwi, respectivamente. Zschecer resultó herido en la refriega contra la Fuerza Naval, y Goff supuestamente está enfermo.

Carlos Brooks, defensor de Zschecer y Goff, promovió un recurso de exhibición personal (Habeas Corpus) para ambos en la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de Bilwi, argumentando que la detención de ellos es ilegal por el mal estado de salud que padecen, y ese tribunal ya se pronunció, nombrando como juez ejecutor a Javier Peralta.