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Trabajadores del mar de la Costa Caribe interpusieron una denuncia ante el Ministerio de la Familia, Mifamilia, por el incumplimiento del acuerdo que firmaron con una serie de instituciones gubernamentales, referido a la protección de las personas que se dedican a la pesca por medio del buceo.

Según el acuerdo, en el que también participaron ONG, el gobierno se compromete a destinar 7 centavos de dólar o su equivalente en córdobas por cada libra de langosta capturada, a la creación de un fondo especial de protección y seguridad para los buzos.

También se compromete a atender y reducir el riesgo del Síndrome por Descompresión entre los buzos de la Costa Atlántica y elaborar las normativas que definan las responsabilidades de obligatorio cumplimiento para los empleadores en aspectos como la higiene y seguridad a través del uso de tablas de inmersión, calidad de los barcos, equipos de buceo, certificación de capacitaciones y regulación de embarcaciones grandes.

Alfredo Alvarado, Secretario General de la Federación de Trabajadores del Mar de la Costa Caribe, dijo que en este último año no se ha cumplido nada del acuerdo, que fue firmado con el Ministerio del Trabajo, el Gobierno Regional Autónomo de la RAAN, el Consejo de la RAAN, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, el Ministerio de Salud, la Organización Panamericana de la Salud, y la UNAN- León, entre otras.

Miguel Ruiz, Secretario General de la CST, aseguró que los buzos y pescadores nicaragüenses no han recibido ni el dinero ni el apopo institucional que prometió el gobierno.

Capacitación cero

Por ejemplo, el Mitrab se comprometió a brindar capacitación a los buzos en ebanistería, computación, mecánica de motores, agrícola, portuaria, comercio, pequeños negocios y construcción civil, y no lo ha hecho.

También prometieron brindar cursos de corte y confección y repostería a las viudas y esposas de los buzos con discapacidad, dar educación formal y becas a los hijos de los discapacitados, pero hasta hoy no e ha cumplido, señaló Ruiz.

El otro aspecto a considerar radica en que el INSS tampoco ha garantizado la afiliación de los trabajadores del mar de la Costa Caribe, a los centros de atención de esta institución, no ha implementado medidas de higiene y de seguridad, y no ha fortalecido la vigilancia con fiscales que evalúen si los barcos pesqueros cumplen con las medidas de seguridad necesarias.

El Minsa, por su parte, se ha hecho de la vista gorda ante los artículos contenidos en el convenio, entre los que se destacan: implementar un programa de atención a los buzos discapacitados, complementar el equipamiento, y fortalecer la capacidad institucional para brindar la rehabilitación de los que se vean involucrados en accidentes por inmersión, entre otros.

Según Alvarado, el Minsa ha evadido estos compromisos de la forma más irresponsable, como si la vida de miles de buzos no dependiera de ello.

“Negligencia institucional”

“Yo creo que aquí ha existido mucha negligencia ante un problema muy serio. El Minsa prometió muchas cosas y no ha cumplido. Por ejemplo, nunca se construyó una clínica especializada para tratar a los buzos discapacitados, no extendió los beneficios médicos hacia los buzos que viven en las comunidades, no ubicó un fisioterapeuta en Sandy Bay y dos en Puerto Cabezas, no garantizó los exámenes médicos preempleo y periódicos de calidad”, indicó Alvarado.

Los compromisos adquiridos por la UNAN-León también quedaron en el papel, ya que sus autoridades acordaron apoyar con estudiantes de posgrado de la Maestría de Salud Ocupacional, y de pregrado de las carreras de la Facultad de Ciencias Médicas, que en el marco de sus estudios, contribuyeran al diagnóstico, promoción y rehabilitación de los trabajadores del mar, entre otros.

Luis Adolfo Barbosa, Presidente de la CST, aseguró que hay 303 buzos afectados con el síndrome de descompresión, los cuales pudieron haber tenido un destino diferente si se hubieran cumplido los compromisos.

“Yo creo que aquí muchas instituciones han ejercido una labor que deja mucho que desear, por eso vamos a reunirnos con Mifamilia, primero, porque ellos son los encargados de distribuir los 7 centavos de dólar, y luego planeamos hacer lo mismo con el Minsa, el INSS, el Mitrab y las autoridades de la UNAN-León. De hecho, ya solicitamos una reunión con la ministra del Trabajo, Jeaneth Chávez. No es posible que nuestros buzos se estén muriendo por causas evitables, ni que sólo tengamos una cámara hiperbárica para atender a los que se exponen al síndrome por descompresión”, señaló Barbosa.

Unido a este incumplimiento de los acuerdos está el establecimiento de un período de veda que entrará en vigencia a partir de 2011, y que vendrá a mermar las ya precarias condiciones económicas de los buzos de la costa Caribe.

“Entendemos que la explotación indiscriminada de langostas está evitando que éstas alcancen la vida adulta y desoven, con la consiguiente disminución de su población, pero tenemos que entender que los buzos subsisten gracias a esta práctica. Así que deseamos que los pescadores puedan mantener un nivel de vida razonable con alternativas de empleo”, enfatizó Barbosa.