Eloisa Ibarra
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El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Martínez, calificó de “disparate” la decisión del juez Julio César Arias de ordenar a las autoridades financieras del Poder Ejecutivo, la suspensión del pago de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis), contemplados en el Presupuesto General de la República.

Arias, juez Quinto Penal de Audiencias, ordenó al ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Guevara, y al presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Antenor Rosales, que suspendan a los banqueros el pago asignado en el Presupuesto.

La decisión fue criticada por Martínez, quien explicó que la suspensión de pago es de materia mercantil, y el Estado no puede recurrir a esos ardides para no pagar, y no existe un fundamento legal para tomar esa decisión.

Si la Asamblea Nacional asigna fondos para pagar deuda, el ministro de Hacienda tiene que ejecutarlos, porque el Estado no dispone de sus fondos de forma arbitraria, se manda un presupuesto de ingresos y egresos y ahí se justifican las partidas. Sólo cabe la ejecución presupuestaria, dijo Martínez.

En todo caso, agregó Martínez, se pueden hacer reformas al Presupuesto, por ejemplo, se dice que no va a pagar tal deuda, mientras tanto, no hay manera de parar el pago. ¿En qué ley se basa el juez si es una cuestión de orden público? No le puede ordenar eso al ministro de Hacienda y Crédito Público, porque sólo se encarga de ejecutar lo aprobado por la Asamblea Nacional.

Solicitado por fiscal

Arias dio lugar a la solicitud del fiscal especial, Armando Juárez, de suspender el pago de los Cenis contemplado en el Presupuesto General de la República de 2008.

La decisión judicial fue notificada ayer al ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Guevara, al presidente del Banco Central, Antenor Rosales, y al fiscal especial Armando Juárez.

Juárez dijo que los jueces son autónomos y el juez tuvo sus razones para hacerlo.

“Respeto la opinión del Presidente de la CSJ, pero no es la forma de resolver la situación. Cuando un juez ordena algo, sólo queda cumplirlo”.

Recordó que las acciones de la Fiscalía son de orden público y están sobre los intereses de cualquier grupo, y, en este caso, la Contraloría General de la República estableció presunciones de responsabilidad penal, y la propia Comisión de Probidad de la Asamblea Nacional emitió una resolución administrativa y la remitió a las autoridades competentes.

El Estado honra su obligación, pero nosotros como mínimo teníamos que pedir que suspendieran el pago mientras se aclaran las cosas. El juez ha actuado de manera justa, atinada y legal, y con la competencia y legalidad de su cargo, dijo Juárez.

Juárez pidió al juez mantener la suspensión del pago mientras concluye la investigación de la Fiscalía.

Juez reforma Presupuesto

Martínez afirmó que el juez Arias no podía darle trámite a la solicitud de la Fiscalía, puesto que el pago de los Cenis está contemplado dentro de la Ley de la República (Ley de Presupuesto) y por lo tanto, sólo la Corte puede tramitar esa solicitud.

En ese mismo sentido, el presidente de la Sala Constitucional de la CSJ, Francisco Rosales, explicó que la suspensión del pago de los Cenis sólo puede ser efectiva a través de un recurso de institucionalidad, pero refirió que la Corte no puede incidir en una resolución del juez Arias.

Rosales coincidió con Martínez en que el Presupuesto General de la República es una Ley de la República, y sólo cabe un recurso por inconstitucionalidad que puede presentar cualquier ciudadano que considere que el pago entra en roces con la Constitución.

Si alguien considera que el pago es indebido y se produce un enriquecimiento ilícito, tienen que actuar el Procurador y el Fiscal, y buscar los mecanismos adecuados, dijo Rosales.

No obstante, Rosales dijo desconocer en qué se fundamentó el juez si se ataca los orígenes de la causa del pago, pero contra una Ley de la República lo que cabe es un recurso de amparo.

“Es presión para negociación”, dice Solís
Por su parte, el vicepresidente de la CSJ, Rafal Solís, reconoció que la solicitud del Ministerio Público, a la que se sumaron la Procuraduría y la Contraloría, para que se suspendan los pagos de los Cenis, es para ejercer presión para la renegociación.

Solís dijo que podrían auxiliarse de contadores públicos especializados para determinar cuánto dinero de más pudo haber pagado el Estado a los bancos privados, determinar específicamente las cantidades, y que el Estado pueda ejercer la acción de pago o de recuperación.

“Hacerse socios”, agrega

“Se puede llegar a una negociación con ellos (los bancos). Hay distintas opciones que pueden incluir porcentajes de acciones en esos bancos para el Estado, como se ha hecho en otros países, o una renegociación larga que pueda significar una compensación entre los Cenis que fueron emitidos correctamente y los que lo fueron incorrectamente, y de ahí deducís a quién le da un saldo positivo y a quién le queda un saldo negativo, y ver lo que se tiene que pagar de parte del Estado, si resulta negativo para él o de parte de los bancos”, manifestó.

“Eso (la negociación) podemos dejarlo para los juzgados o podemos hacerlo nosotros. Si lo hacemos nosotros es obvio que la sentencia no estaría en marzo como pensamos, tendríamos que contratar a una firma de contadores”.

Recordó que en marzo el Banco Central de Nicaragua tendría que pagar más de 20 millones de dólares a los bancos, y lo mejor es que antes de ese desembolso se cuente con una sentencia de la Sala de lo Constitucional.

Dijo que es interés de la CSJ ponerle un punto final al polémico tema de los Cenis y darle estabilidad al país, independientemente de que puedan derivarse acusaciones criminales, penales y civiles por las decisiones erradas que pudieron tomarse respecto de la emisión de los Cenis, de la subasta de activos y de las reclasificaciones soportadas por resoluciones de la Contraloría General de la República.

Juárez busca hasta a la Interpol

Por otra parte, el fiscal especial, Armando Juárez, adelantó que solicitará el auxilio judicial a autoridades de países extranjeros para determinar la limpieza y pureza de la operación de compra venta de acciones de Bancentro, entre Eduardo Montealegre y Roberto Argüello Osorio.

Juárez indicó que han recibido información importante, tanto de la Superintendencia de Bancos (SIB) de Nicaragua, como de otras instancias de la región, y están obligados a profundizar para determinar todo lo relativo a la operación de compra venta de acciones.

El día de la declaración de Argüello, Juárez aseguró que éste es dueño de todas las acciones de Montealegre, no sólo en Bancentro, sino en otros negocios, aunque la Fiscalía también tiene información de que Montealegre, supuestamente, todavía recibe dividendos de las acciones que vendió a Argüello.

El fiscal Juárez aseguró que la Fiscalía tiene los montos, fechas y los respaldos jurídicos de todas las acciones financieras de Montealegre, y que probablemente para junio de este año podría determinarse si habrá juicio en contra del ex ministro o no.