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Los negocios de la firma ALBA de Nicaragua, Albanisa --ligada a la familia presidencial--, como la adquisición de tierras en Tola, Rivas, que serán afectadas por el Proyecto Hidráulico Brito, PHB, que causaría enormes daños ambientales, se contrapone al discurso del presidente Daniel Ortega, que en febrero de este año anunció que el país se sumó a la iniciativa de Declaración de Universal de Derechos de la Madre Tierra.

Ortega en un acto público celebrado en la llamada “Casa de los Pueblos” el 26 de febrero, hasta habló de reformar las Constitución Política, para que en Nicaragua fuera ley la iniciativa presentada por el sacerdote Miguel D’Escoto y el teólogo y ambientalista brasileño, Leonardo Boff.

“Quiero comunicar que Nicaragua se adhiere a esta carta, hacemos nuestra la Declaración Universal del Bien Común de la Tierra y la Humanidad”, aseguró el mandatario.

El artículo primero de esta iniciativa reza: “El bien común supremo universal condición para todos los demás bienes es la misma tierra, que por ser nuestra gran madre debe ser amada, cuidada, regenerada, venerada como nuestras madres”, según leyó Boff en la actividad.

Y agrega que “el bien común de la tierra, de la humanidad, pide que entendamos la tierra como vida y por eso sujeta de derechos y dignidad (que) no puede ser apropiada de forma individual por nadie ni hecha mercancía, ni sufrir agresión sistemática por ningún modo de producción. La tierra pertenece comunitariamente a todos los que habitan el conjunto de los ecosistemas”.

“Estuve hojeando la Constitución que promulgamos en 1987, y aquí no hay una sola palabra sobre este tema que hoy resulta de vida o muerte para la humanidad (…) hace falta incorporarlos como Bolivia, Ecuador, Venezuela. Tenemos que incorporar esos principios que nos comprometen en la defensa de la madre tierra”, señaló el gobernante.

Pero todo ese discurso en el que la Madre Tierra es lo más importante, se contrapone a lo que el mismo Ortega ha ofrecido a inversionista brasileños con el Proyecto Brito, que es levantar una presa que se levantaría en el eje El Castillo, a 58 kilómetros aguas abajo de San Carlos, y la creación del embalse Miramar en el lago Cocibolca, con la salida del río Brito hasta el canal de expulsión de las aguas usadas del Gran Lago en las costas del Pacífico cercanas a San Juan del Sur, cuyas turbinas generarían en unos cuatro años 250 megavatios de energía renovable, que representarían el 44% de las necesidades nacionales proyectadas a 2015.

Albanisa, la polémica firma de multinegocios vinculada a la pareja presidencial, ha mostrado interés, según indagó EL NUEVO DIARIO, en la compra de propiedades adyacentes a la ruta trazada para el proyecto, así como en los estudios de exploración e impacto energético de energía en Rivas, específicamente en Playa Amarillo, del municipio de Tola.

Más contradicciones

Ambientalistas y científicos nicaragüenses, así como los mismos promotores de la megaobra, han advertido de daños al medio ambiente en la zona del Río San Juan, así como desplazamiento de poblaciones, inundaciones de zonas ribereñas, afectaciones a la navegación del lecho, y alteraciones de ecosistemas tanto en el Lago como en el estuario marino de San Juan del Sur, entre otras decenas de afectaciones más.

Pero el especialista en temas ambientales, Kamilo Lara, afirma que existen otros aspectos legales de orden nacional e internacional que se podrían estar violando si se lleva a cabo el proyecto Brito.

Entre los internacionales mencionó el Convenio de Cambio Climático suscrito por Nicaragua, y que ordena “velar que las actividades que se realicen dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daño al medio ambiente de otros Estados; Convenio para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. Cada uno de los estados partes reconoce la obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio.

También mencionó el Convenio de la Biodiversidad Biológica, en el que se establece que la conservación de la diversidad biológica es interés común de toda la humanidad, y “los estados son responsables de la conservación de su diversidad biológica y de la utilización sostenible de sus recursos biológicos”.

Las leyes locales obligadas a respetar, según Lara, son la Ley 620 Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, que menciona en su artículo 97 de los usos de las aguas nacionales y en su párrafo segundo indica que “el lago deberá considerarse como una reserva natural de agua potable, siendo del más elevado interés y prioridad nacional para la seguridad nacional”, y entre las prioridades entonces está “asegurar el mantenimiento del caudal, evitar la contaminación del Recurso”.

Otra norma es la Ley 217, “Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, y su reglamento que ordena “garantizar el uso y manejo racional de las cuencas y sistemas hídricos, asegurando de esta manera la sostenibilidad de los mismos”.

“Nosotros debemos demostrar al mundo que somos respetuosos de los convenios internacionales, de lo que firmamos como nación, como Estado, y con este proyecto Brito se estaría violando convenios firmados en materia ambiental, lo que nos dejaría en desventaja, porque hoy, muchos préstamos y donaciones se aprueban en dependencia de que Nicaragua sea responsable ambientalmente”, dijo Lara.

Agua para el ALBA

Pero el presidente Ortega ofreció a los países miembros del ALBA los beneficios comerciales de un sistema de riego para producir y vender alimentos a partir de las aguas represadas de varios proyectos hidroeléctricos del país, incluyendo el de Brito, que busca represar al Río San Juan para crear un embalse en el lago Cocibolca.

El 21 de octubre de 2009, a su regreso de la VII Cumbre de los países del ALBA en Cochabamba, Bolivia, el presidente Ortega afirmó en un discurso público que había propuesto a Venezuela y a los otros socios de la alianza socioeconómica, un proyecto de riego en el pacífico nicaragüense, a partir de las aguas de varios proyectos hidroeléctricos, incluyendo el polémico proyecto de Brito.

“Y en esta visita a Bolivia, en Cochabamba, en la reunión de los países del ALBA, presenté el Proyecto de Riego de la Planicie del Pacífico de Nicaragua. Es un proyecto de riego que utiliza el agua de nuestros lagos, fundamentalmente del Gran Lago Cocibolca, y viene a lo largo de lo que se conoce como la Cota 100 y toda esta zona sería irrigada”, dijo Ortega.

“Ya con un proyecto de riego, ¡ahí sí! Nicaragua tiene resuelto para el largo plazo el problema de la alimentación, no solamente para los nicaragüenses, sino también para los hermanos centroamericanos, para los hermanos de los países del ALBA, para todos aquellos pueblos que compran productos nicaragüenses, y que estarían en condiciones de comprar más productos nicaragüenses. Esto lo presenté en la reunión de Cochabamba”, dijo Ortega en su discurso.

“Hablando sobre el proyecto con el presidente de Venezuela, el compañero Hugo Chávez, me manifestó que podíamos contar con todo el respaldo de ellos para arrancar ya la primera etapa de este proyecto. Así es que podemos anunciarles que vamos a arrancar la primera etapa del Proyecto de Riego del Pacífico”, dijo Ortega.

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Empresario alarmado Presa dejaría a su hotel bajo el agua
Tatiana Rothschuh
San Carlos/Río San Juan

Agustín Llanes, propietario del Hotel Montecristo, cercano al sitio donde pretenden construir la presa San Isidro, está más que alarmado por las consecuencias negativas del megaproyecto hidroeléctrico Brito, pues asegura que su inversión en 10 años de lucha quedaría bajo el agua, y piensa en una demanda.

Llanes invirtió su capital y hasta la herencia familiar en un área de 120 manzanas, a orillas del Río San Juan, donde construyó el atractivo centro turístico, ahora amenazado por la obra energética. Llanes asegura haber invertido más de un millón de dólares en lo que constituye la Reserva Silvestre Privada Montecristo.

“Estoy 100% en contra del Proyecto Brito por el desastre ambiental de proporciones apocalípticas que causaría. No entiendo, el gobierno ha promovido el desarrollo turístico con incentivos como la Ley 306 y últimamente con la Ruta del Agua, y ahora quiere destruir todo lo bueno que hemos hecho”, expresó.

A su juicio, “las inundaciones se extenderían a Sábalos y San Carlos, y río abajo el San Juan sería un charquito”. Para Llanes, “es ilógico que el presidente Ortega invierta en la Ruta del Agua y que ahora piense en dañar la cuenca”.

Henry Sandino, Presidente de la Cámara de Turismo del departamento, expresó que existe preocupación entre los más de 200 empresarios de sus afiliados a raíz de hacerse público el Proyecto Brito. “Han sido años de lucha con recursos propios, y ahora que estamos alentados por el apoyo del gobierno, que ha invertido en infraestructura y promoción turística, vemos que ese proyecto va tener impactos negativos para nosotros”.

Símbolo de lucha

El profesor Carlos Corea manifestó que “es una situación difícil de creer que se lleve a efecto el Proyecto Brito así como lo plantean, porque “desarticularía la flora y la fauna, somos una reserva forestal, un área protegida, razones por las cuales Río San Juan se proyecta como un destino turístico”.

Corea señaló que en todo momento han defendido y protegido el río, que “para nosotros es sagrado, es un símbolo de lucha, porque parte de la historia de nuestro país ha entrado por el Río San Juan. No creo que en la cabeza de nuestros dirigentes quepa desbaratarlo”.

El comunicólogo Arturo Aguirre Marín considera que debe hacerse un análisis más exhaustivo del proyecto y de sus consecuencias.

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Costa Rica empieza a alertarse
Sixto Valladares
San José/Costa Rica

Aunque aquí se desconoce sobre el proyecto Brito, diversas entidades empezaron a investigar para conocer sobre el impacto ambiental y económico que esta obra tendrá en Costa Rica.

La Cancillería costarricense por medio de su jefatura de prensa indicó que están averiguando sobre el proyecto, y cuando exista una versión oficial, lo informarán a este medio.

El diputado del opositor Partido Acción Ciudadana, Claudio Monge, miembro de la Comisión del Ambiente, delegó a una asesora para averiguar al respecto, y pedirá información a Nicaragua.

“No tenemos información del proyecto, sí hemos investigado lo del dragado en el Río San Juan, lo cual sabemos que tiene otras intenciones. Sabemos que Nicaragua tiene soberanía en el río, lo cual respetamos, pero si va a realizar trabajos que afecten a Costa Rica, debería informarlo”, dijo el legislador ante la consulta de END.

Monge es del criterio que cualquier alteración al caudal del San Juan, ya sea por el dragado o por la mencionada hidroeléctrica Brito, afectará ríos como el Colorado, el San Carlos y el Sarapiquí, todos afluentes del cauce nicaragüense.

El sector turístico también investigará sobre el proyecto y sus consecuencias, pero desde ya prevé disminución de la actividad si el San Juan se “seca”, y pérdida en las inversiones.

La Cámara de Turismo de Sarapiquí considera que empresas costarricenses ya no podrían llevar turistas en botes hasta el San Juan, y la comunicación entre comunidades se vería afectada, sobre todo aquellas que ocupan transitar en lanchas entre un caserío y otro, o los niños que van a la escuela o a la compra de alimentos.

Aún está por conocerse reacciones de comunidades ubicadas en la costa sur del Lago de Nicaragua, como Papaturro, Santa Elena y El Coral, entre muchas otras, sobre si la única vía de comunicación fluvial a través del Cocibolca será interrumpida.