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El último borrador propuesto por la Comisión Económica de la Asamblea Nacional a aprobarse como nueva Ley de Contrataciones del Estado, se aleja de los estándares internacionales, fomenta ampliamente los niveles de discrecionalidad y abre las puertas a la corrupción, de acuerdo con las conclusiones de un consultor especialista en el tema.

Rodolfo Pérez García, consultor y experto en contrataciones públicas, contratado por el Instituto de Estudios y Estrategias de Políticas Públicas, Ieepp, para comparar el proyecto de ley de Ortega, con el del ex presidente Enrique Bolaños, y leyes similares de otros países, encontró que la propuesta de Ortega es similar en un 70% a una iniciativa inconclusa de quien gobernó el país entre 2001 y 2006.

“El estudio fue académico, y, en primer lugar, se destaca que en más del 70% es una copia del ante proyecto de Bolaños”, indicó.

¿Cómo estamos?
Luego se hizo un análisis desde el punto de vista internacional para ver cómo anda Nicaragua como país suscriptor de la Convención Interamericana contra la Corrupción, a la luz de eso revisó las leyes similares en América Latina, Estados Unidos y Europa, y aquí están algunos resultados.

“En el tema de quién puede y no ser oferente es bien interesante, porque uno de los elementos claves de la transparencia es el de la obligación de estar inscrito en el Registro de Proveedores desde que se hace la convocatoria que establece la Ley vigente; el proyecto de Bolaños lo contemplaba, y desapareció en el proyecto de Ortega”, señaló Pérez García.

“Esto es grave, porque esa solicitud lo que trata de demostrar es la idoneidad de la empresa o persona jurídica que quiere participar en una contratación, los antecedentes de la empresa, la credibilidad de la empresa, la acreditación desde el punto de vista económico financiero para responder a la obra”, analizó, para complementar el resultado negativo de ese vacío.

“Esto ha fomentado descaradamente la corrupción en los países donde se ha aplicado, porque ha dado puerta abierta a las empresas de maletín, porque vos podés orientar a un grupo de personas que liciten, cuál es el monto, y, efectivamente, ellos se constituyen en una empresa determinada y le adjudican la licitación, sin tener ningún antecedente”, dijo.

Mencionó que la exigencia de ese requisito es tal, que el mismo Banco Mundial y el BID, cuando desembolsan dinero para proyectos determinados, piden que los oferentes tengan antecedentes que sustenten la idoneidad para ser elegidos para realizar determinado servicio o proyecto, como garantía de éxito de los proyectos.

“No van a soltar el dinero para contratar a una empresa que está surgiendo de la noche a la mañana”, espetó Pérez García, quien insistió en el grave error de que en nombre de la agilidad administrativa, un Estado promueva la corrupción.

El “lamentable” tema de las contrataciones directas

El experto indicó que un “tema lamentable y delicado” es el relacionado con las exclusiones de procedimientos, porque no hay claridad sobre los términos de urgencia.

“Lo que ha ocurrido es que la excepción es regla, porque hay demasiada discreción en la actual ley --Ley 323, Ley de Contrataciones del Estado, vigente--, porque deberían ser casos excepcionales claramente definidos, la ley debería dejar claro y de manera categórica cuáles son los casos excepcionales en los que se puede excluir un procedimiento”, analizó.

“No quieren especificar términos como urgencia, para dejar en la ley lo que se llama el concepto jurídico indeterminado, que es el vacío que se deja para hacer todo lo que se pueda y aprovecharlo”, denunció el experto.

“Está comprobado, con base en estudios de los organismos internacionales, que en la mayoría de los países, los ministros o funcionarios dejan que finalice el año para recurrir a esa figura y fomentar la corrupción, beneficiando a sus allegados, alegando carácter de urgencia”, dijo Pérez García.

CGR debe estar fuera, pero control debe prevalecer

El dictamen de ley, cuyo detalle ha señalado END en ediciones anteriores, quita a la Contraloría la facultad de administrar las licitaciones públicas, exclusiones de procedimientos y contrataciones directas, acomoda las posibilidades de contratar a familiares como oferentes, no regula a los entes autónomos cuando las acciones sean de su giro propio, y abre las puertas a una enorme cantidad de discrecionalidades.

El gobierno del presidente Ortega ha ignorado las principales recomendaciones que han hecho los sectores involucrados en la discusión de la nueva Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, cuyo predictamen se encuentra en manos de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional.

Después que END publicara que el BID tiene pendiente el desembolso de más 42 millones de dólares a Nicaragua, mientras no se apruebe la nueva Ley de Contrataciones, el organismo financiero hizo públicas las consideraciones que elaboraron para la creación de esa norma, las cuales coinciden con los puntos de vista de Ética y Transparencia y del sector empresarial.

“Yo estoy a favor de que no sea la Contraloría la que esté a cargo de las exclusiones, sino que se cree un órgano colegiado del Ejecutivo, o los diferentes entes del Estado, un Consejo de Ministros, que sean ellos los que aprueben las exclusiones y que sean quienes respondan por la violación a la norma. La CGR debe seguir con su control posterior”, propuso el experto.

Consideró como elemento que se debe resaltar como novedoso, el del Contrato Marco, que está funcionando en toda América. “Este tipo de contrato debe verse como un elemento positivo para no tener que licitar a cada momento rubros que son de uso periódico, como llantas, papelería y equipos de oficina, todo es que haya control”, señaló.

De los oferentes idóneos
A criterio del consultor, otro aspecto delicado en el proyecto de Ortega, es la tipificación de “oferentes idóneos”.

Los proyectos de Bolaños y otros anteriores, mantienen la no negociación de empresas familiares vinculadas a funcionarios públicos, según los grados de consanguinidad. Esto coincide en el ámbito internacional, ya que en la mayoría de las legislaciones se prohíbe que contraten con el Estado, cónyuges que tienen empresas, “es decir, se amplían las prohibiciones, porque pueden ser empresas en las que hay acciones, y todo eso se presta al tráfico de influencias”.

“Además de eso, a nivel internacional --y es algo que no está ni en la ley actual ni en los anteproyectos--, es que en países como España, Argentina y Costa Rica, se tiene planteado que no pueden ser oferentes del Estado las empresas que hayan incurrido en delitos medioambientales, ni las que hayan sido demandadas y condenadas por violación a derechos laborales, o declaradas en quiebra por manejo irresponsable, o que sus accionistas se hayan visto en procesos judiciales y que se hayan condenado”, observó el experto.

BID es muy complaciente
Para el consultor, la postura del BID frente a la iniciativa del gobierno del presidente Ortega es “complaciente”.

“La posición del BID ha sido cómoda y complaciente con el gobierno, porque ha gastado millones de dólares en financiar esta ley desde el gobierno del ex presidente Bolaños, y dicen de la manera más blandengue, ‘hagan lo que ustedes quieran’, porque eso ha sido lo que han dicho cuando señalan en un comunicado que esperan la mejor ley, pero que no inciden en ello y deberían solicitar sin ser intervencionistas, que cumpla con su compromiso de responsabilidad de hacer coherente la Ley de Contrataciones no sólo con los parámetros del BID, sino con los demás instrumentos contra la corrupción”, expresó Pérez García.

La semana pasada, el BID recomendó ante la Asamblea Nacional a un “consultor técnico” a la discusión de la nueva ley.