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Lo que para Julio César Chamorro Vanegas sería una bendición de negocios por el turismo, al final resultó una pesadilla en trámites burocráticos en instituciones y una pugna judicial, para evitar que sus tierras sean confiscadas por el Estado, que pretende construir un aeropuerto en San Carlos.

Ante la problemática, el afectado se presentó a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, donde denunció que a través de la Procuraduría General de la República, PGR, tratan de confiscarlo sin siquiera seguir los procedimientos de ley, tomándose atribuciones que no les competen y pasando por encima del Poder Judicial.

Chamorro alega que originalmente los promotores del proyecto, entre éstos el Instituto Nicaragüense de Turismo, Intur, con financiamiento de unos 7 millones de dólares aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, únicamente le afectarían en cuatro manzanas de las 25 que representa su propiedad, inscrita bajo el número 2503, Asiento 1, Folio 289, Tomo XXXII, sin embargo, su gran sorpresa fue la carta en que la PGR el notifica la confiscación total de sus terrenos que fueron pasados al Estado, a través de un simple acto administrativo.

Según el licenciado José Tomás Murillo, abogado del denunciante, en primer lugar no hubo una oferta de compra por parte del Estado, tampoco se cumplió con la declaración de utilidad pública del inmueble, además, que la PGR se está tomando atribuciones que no le competen.

Así, el denunciante inició su peregrinación por las instituciones que intervienen, y comenzó las acciones legales para agotar las acciones pertinentes. Entre éstas, el Tribunal de Apelaciones, circunscripción central, que dio lugar a un Recurso de Amparo, y el registrador público de la Propiedad Inmueble de San Carlos, Río San Juan, se dispuso a acatar lo estipulado.

Sin embargo, la PGR envió una carta firmada por el procurador general Hernán Estada, en que literalmente señala al registrador público: “Usted procedió a inscribir que equivale a desinscribir el derecho patrimonial del Estado de Nicaragua tan sólo por una simple carta orden emitida por el Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Central, producto de un Recurso de Amparo”.

“Tras la carta que menosprecia un mandato judicial, la propiedad nuevamente pasó a las manos del Estado”, comentó el señor Chamorro Vanegas, quien continúa luchando por sus tierras, que según la documentación y los títulos de propiedad presentados, le pertenecen a su familia desde los años 50, y que actualmente se valora en alrededor de un millón y medio de dólares.

La licenciada Walkiria Huete, del Departamento de Denuncias de CPDH, indicó que observando la documentación hay una violación de los derechos humanos del señor Chamorro, sin embargo, analizarán más detenidamente la documentación, y solicitarán a las instancias involucradas sus respectivos argumentos.

El NUEVO DIARIO solicitó entrevista con representantes de la PGR, para obtener sus alegatos, sin embargo, nos aseguraron que éstos estaban en una reunión y nos llamarían para la entrevista.