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El “decretazo” del presidente Daniel Ortega se volvió “sentencia” ayer en la Corte Suprema hechiza. El principal argumento de la resolución es que el párrafo segundo, ahora tercero del artículo 201 de la Constitución publicada el 16 de septiembre del 2010, está plenamente vigente. Es decir, todo un círculo vicioso y viciado.

Los magistrados orteguistas y los conjueces firmaron ayer la sentencia del recurso del Conflicto de Competencia entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, presentado de forma ilegal por la diputada Alba Palacios en febrero pasado, favoreciendo al presidente Ortega, por haber emitido el “decretazo” que invade funciones legislativas, al prorrogar en sus cargos a 25 funcionarios atropellando la Constitución de la manera más burda.

Compadres hablados

“No ha lugar al conflicto positivo de competencia y de constitucionalidad entre poderes del Estado: Legislativo y Ejecutivo, interpuesto por la licenciada Alba Palacios en su calidad de diputada y de segunda secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, en contra del Presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra, por haber emitido el Decreto Número 3-2010, ya que dicho Decreto reitera en esencia el párrafo tercero del artículo 201 Cn”, reza la sentencia.

En dicha sentencia, los magistrados orteguistas también reiteran la vigencia del párrafo segundo del artículo 201 de la Constitución Política de 1987, hoy párrafo tercero, según la Constitución publicada el 16 de septiembre de este año.

También para el futuro

Además, instan a la Asamblea Nacional a que nombre a los funcionarios de los diferentes poderes que cobija el “decretazo”, y ordena que toda vez que el Legislativo no cumpla con sus deberes, los funcionarios que estén, continúen ejerciendo sus funciones.

“Mientras la Asamblea Nacional no cumpla con su deber constitucional se mantendrán en sus cargos a los funcionarios que actualmente se encuentran ejerciéndolos, y toda vez que la Asamblea Nacional en el futuro no cumpla con su obligación de nombrar a los funcionarios, éstos continuarán ejerciendo sus funciones”, reza olímpicamente la “sentencia”.

Firmaron hasta los implicados

Según Roberto Larios, jefe de Relaciones Públicas de la CSJ, todos los magistrados y conjueces firmaron la sentencia del decretazo, incluyendo a los ex magistrados Rafael Solís y Armengol Cuadra, aunque éstos estaban implicados en la sentencia, puesto que son beneficiados del decretazo y la sentencia.

“En un inicio se consideró la posibilidad de que esta sentencia fuera dictada sin la firma de los magistrados Rafael Solís y Armengol Cuadra, pero al final, en el debate de la sentencia, la Corte decidió que por estricto apego a la Constitución Política, estos magistrados también tenían que firmarla, puesto que desde un comienzo decidieron acatar la vigencia del artículo 201, que les ordenaba mantenerse en sus cargos mientras la Asamblea no eligiera a sus sustitutos o los ratificara”, dijo Larios.

EL NUEVO DIARIO intentó comunicarse con los magistrados liberales del Poder Judicial, pero no hubo respuesta.