Luis Galeano
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La Procuraduría General de la República, PGR, informó que Nicaragua “presentó y defendió” en la celebración de la tercera ronda del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (Mesicic) el Informe Nación, “dejando en evidencia que nuestro país tiene una constante y sostenida lucha contra la corrupción”.

Una nota de prensa publicada en el sitio web de la PGR, habla de la actividad celebrada en Washington a mediados de septiembre, sin mencionar los puntos en que el país fue cuestionado fuertemente, entre ellos la no sanción del enriquecimiento ilícito, nacido de una denuncia en contra el titular del Poder Electoral, Roberto Rivas.

El informe país sobre la aplicabilidad de la Convención Interamericana contra la Corrupción de los Estados miembros de la OEA, y que el mismo fue rendido por Hernaldo  Chamorro, coordinador de la Unidad Anticorrupción de la PGR.

¿De qué país habla la PGR?

“La corrupción se disminuye al existir gratuidad en los servicios públicos, como la salud y la educación, así como la reducción de megasalarios en funcionarios públicos del Estado, también es notoria la voluntad política que existe en la aprobación de leyes para combatir la corrupción, como la reciente contra el Crimen Organizado”, afirma Chamorro.

“Otro factor que ayuda a combatir la corrupción es la auditoria social que se implementa a nivel nacional, donde cada ciudadano y ciudadana puede denunciar un acto de corrupción, puede denunciar si un funcionario público le cobra por un trámite gratuito. Gracias a la Auditoria Social se redujo considerablemente el cobro de medicamentos, de matrículas, de pago por títulos de propiedad, entre otros actos de corrupción”, asegura Hernaldo  Chamorro.

Lo que no dice

Pero lo que no dice esa nota, es que el Comité de Evaluación del Mesicic, señaló los puntos donde se está fallando, haciendo hincapié en que aunque se aprueban leyes para combatir la corrupción, éstas se aplican a medias o no se aplican del todo.

“Nicaragua registra algunos avances en la aprobación de Leyes anticorrupción respecto a los mandatos de la Convención Interamericana, sin embargo, este marco jurídico carece de una implementación efectiva, debido a que los órganos encargados de hacer cumplir estas leyes son instituciones con un presupuesto reducido, un escaso personal técnico especializado”, señalan las conclusiones.

Caso Rivas es paradigmático

En cuanto al enriquecimiento ilícito, el representante del Estado de Nicaragua mencionó que se trata de un delito que está tipificado, y que incluso ya existe una denuncia en contra de un funcionario, la cual fue desestimada por “falta de mérito”.

La denuncia es la que un grupo de abogados, encabezados por el doctor Gustavo García Prado, interpusieron ante la Contraloría y ante la Fiscalía, en contra del ex magistrado y ex presidente del Consejo Supremo Electoral, CSE, quien de manera inexplicable posee una fortuna que además de permitirle vivir como rey en Nicaragua y tener mansiones en zonas exclusivas de San José, Costa Rica, viaja en tres aviones privados cada vez que le place.

“El Comité, en atención a que no cuenta con información adicional, procesada de tal manera que le permita hacer una valoración integral de los resultados en esta materia, recomienda al país analizado, a través de los órganos o instancias encargadas investigar y/o juzgar el delito de enriquecimiento ilícito, al igual que de solicitar y/o brindar la asistencia y cooperación previstas en la Convención en relación con el mismo”, dice el conclusivo.

La extradición

Finalmente, el Comité estimó que sería beneficioso para Nicaragua considerar la utilización de la Convención Interamericana contra la Corrupción para los propósitos de extradición en casos de corrupción, lo cual podría consistir, entre otras medidas, en la implementación de programas de capacitación sobre las posibilidades de aplicación que ofrece la misma, diseñados específicamente para las autoridades administrativas y judiciales con competencias en esta materia.