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El Estado de Nicaragua tiene una deuda pendiente con los derechos de los nicaragüenses, y sigue sin cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, tanto en el caso Yatama, como en otras recomendaciones de Naciones Unidas, señaló la abogada Marcia Aguiluz, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil.

La visita de Aguiluz a Nicaragua, en representación del Cejil, se debe a la revisión de los casos pendientes, entre éstos el de Yatama, cuya sentencia fue dada por la CIDH en 2005, pero aún sigue sin cumplirse.

“Hemos pedido una cita con los representantes de la Procuraduría General de la República, quienes todavía no nos responden. Desconocemos si será posible reunirnos con ellos, pero la idea es verificar los puntos que aún están pendientes de cumplimiento”, expresó.

La representante del Cejil recordó que en mayo sostuvieron una audiencia en la CIDH, donde quedó claro el incumplimiento de los puntos más importantes de la sentencia. Entre éstos las reformas a las leyes electorales, no se ha creado el recurso para poder recurrir contra las decisiones del Consejo Supremo Electoral que afectan derechos humanos, tal como la Corte lo señaló.

Destacó que a nivel de la CIDH, el caso Yatama es emblemático, pero también está la sentencia de la demarcación de las tierras de Awastingni. Sobre este último, dijo que hay avances en su cumplimiento.

Otro caso es el de Wilmer González Rojas, que se suicidó en la cárcel de Tipitapa, luego de sufrir actos de tortura, pero se llegó a un acuerdo de solución amistosa y está en proceso de diálogo.

Estado cumple sólo con algunos puntos

“A nivel internacional, en base a nuestra experiencia, el Estado intenta cumplir en algunos puntos que no le significan mayor conflicto, pero en los sustanciales, como reformas al sistema electoral, que es fundamental, es bastante cerrado. De hecho la CIDH lleva tres años solicitando que le permitan hacer una visita oficial al país, pero la contestación es que la siguen pensando”, comentó.

Para Aguiluz, pareciera que existe un temor gubernamental a la visita, al escrutinio internacional o a la observación internacional, algo que impide una mayor protección a los derechos humanos de los nicaragüenses.

Aguiluz brindó estas declaraciones después de participar en el taller de capacitación para defensores de derechos humanos de Nicaragua.