Luis Galeano
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El especialista en Derecho Fiscal, Julio Francisco Báez, comparecerá hoy ante los ex contralores, para exponerles de manera clara las violaciones que ha venido cometiendo el Consejo Supremo Electoral, CSE, con el cobro de 300 córdobas por expedir la nueva cédula de identidad bajo el llamado “trámite rápido”.

Báez, quien interpuso ante la Contraloría una denuncia contra las también autoridades fácticas del CSE en agosto pasado, por el cobro derivado de la solicitudes de cédulas nuevas, pidió una audiencia a los colegiados con períodos vencidos, para detallarles las ilegalidades en que han incurrido desde el Poder Electoral con tal exacción.

Los argumentos de Rivas

Roberto Rivas, titular del CSE, consultado por la Contraloría sobre el cobro, argumentó que respetan a cabalidad lo establecido en la Ley de Identificación Ciudadana, que establece un costo de 50 córdobas al trámite de reposición de la cédula cuando se pierde o se deteriora, y gratuidad cuando se otorga por primera vez, o cuando se repone la vencida.

Sin embargo, agregó que los artículos 114 y 115 de la Constitución “dejan cierto margen” para que “la administración ajuste” el valor de las cuotas de acuerdo con sus costos.

“Este Consejo Supremo Electoral con el proceso de modernización y por los costos de producción mismos y por no contar presupuestariamente (con dinero) por el momento, definió un arancel no obligatorio (de 300 córdobas) para aquel ciudadano que requiera y desee de manera voluntaria un trámite expedito”, señala el informe enviado por Rivas Reyes a la CGR.

Tiene más argumentos para sustentar ilegalidad

Báez indicó en su carta que el objetivo de reunirse con los colegiados de facto es “testimoniar personalmente ante vuestra autoridad recientes hallazgos jurídico-técnicos que seguramente contribuirán a la necesaria y urgente resolución que la ciudadanía espera de la Contraloría General de la República”.

A inicios de agosto, Báez interpuso una denuncia ante la CGR en la que pidió examinar y evaluar la correcta recaudación y manejo de los fondos públicos, y llevar a cabo auditorías con respecto a los ingresos, tributarios o no tributarios, de las entidades y organismos públicos, dictaminando en el caso de no existir base legal para el cobro de determinados ingresos, que se deje de recaudarlos, a propósito del cobro que ha venido realizando el CSE.

El mismo Báez confirmó que su comparecencia será hoy a la 10 de la mañana.