Luis Galeano
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Los contralores colegiados aprobaron ayer una nueva auditoría en el municipio de Ticuantepe, para verificar algunas anomalías en el manejo de los recursos del Estado por parte de la administración que sustituyó al edil Eduardo López, informó el contralor Lino Hernández.

“Hay nuevas denuncias que hablan de irregularidades en las tomas de decisiones que han afectado el presupuesto de la municipalidad”, dijo Hernández, como uno de los nuevos señalamientos en contra de la gestión del Concejo que preside Wilfredo Aguirre.

Agregó que otros señalamientos “serios” son la alteración de actas del Concejo por parte de la secretaria, y el desembolso de cantidades significativas de recursos municipales para obras de las que no está muy claro el proceso que se siguió para aprobarlas.

“Como ya estamos concluyendo la primera auditoría, decidimos meternos ya a ver qué ha ocurrido con las diversas denuncias de supuestos nuevos actos anómalos de la nueva administración”, dijo Hernández.

La Contraloría está concluyendo la auditoría de la gestión de Eduardo López, quien fue destituido por el Concejo por cometer supuestos actos de corrupción desde su cargo.

Varios líderes de las comunidades del municipio de Ticuantepe y dos concejales de esta comuna, acusaron al alcalde Wilfredo Aguirre y a Rosario Martínez, secretaria del Concejo, de cometer irregularidades al no explicar al pueblo sobre los gastos que se han venido realizando en diferentes rubros desde hace seis meses, aparte de que se han negado a realizar un cabildo abierto.

También a Mateare
Asimismo, el colegiado Hernández señaló que aprobaron otra auditoría especial en el municipio de Mateare, en donde se han denunciado irregularidades, como viajes y viáticos del alcalde Mario Acuña, que no tienen ninguna justificación o soporte.

“También se habla de la construcción de unos pozos que estaban presupuestados en 600 mil córdobas, que terminaron costando 950 mil córdobas”, dijo Hernández.

De igual manera se denunció desembolsos de dinero y contratos de trabajo a favor de familiares del edil y del vicealcalde Roberto Marcial, pagos para trasladar a personas a la toma de posesión del presidente Daniel Ortega, así como perifoneo de invitación para asistir a dicho evento.

“Son como doce puntos de denuncia, así que decidimos mejor ir a ver cuánto de lo que se dice es cierto”, dijo Hernández.