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Según la fiscalización aleatoria de la Procuraduría en Defensa de los Derechos Humanos, PDDH, realizada en 123 centros educativos públicos urbanos, las regiones autónomas del Atlántico tienen las peores condiciones, pues el 100 por ciento de los mismos no han tenido mantenimiento en los últimos 16 años, mientras el 90 por ciento carece de servicios higiénicos o están deteriorados, aunque sí tienen letrinas.

La licenciada Jeanne Palacios Bragg, Directora de Defensa de la PDDH, señaló que si es cierto que hay avances a nivel nacional --pues varios centros educativos han sido restaurados tanto en Managua como en otros departamentos--, la realidad es que el presupuesto aún es insuficiente, y en el estudio, la gran mayoría de los colegios seleccionados aleatoriamente en 12 departamentos, tienen serios daños en su infraestructura.

“El objetivo de este estudio es hacer señalamientos específicos para plantear recomendaciones concretas al Estado de Nicaragua. Esto, de cara a la próxima discusión del Presupuesto Nacional de la República y a la necesidad de más presupuesto para la educación en Nicaragua”, especificó Palacios durante la presentación del estudio “Fiscalización sobre el derecho de las niñas, niños y adolescentes a recibir educación en infraestructura digna”, realizado con el auspicio de la organización internacional Save the Children.

El licenciado Francisco Javier Lola, Director de Fiscalización de la PDDH, señaló que los resultados revelaron que además de la falta de mantenimiento y de la ausencia de servicios higiénicos, uno de los aspectos más alarmantes es que el 70% de los lugares fiscalizados no contaban con acceso a agua potable, ya sea porque no la tenían, porque el servicio es intermitente o porque el mismo sólo llega por la noche, cuando no hay alumnos.

En cuanto a las condiciones de las aulas, sólo hay información de 96 escuelas, de las cuales, el 40% se encontró en buenas condiciones, un 48% presenta sus aulas en regulares condiciones, y un 13% en malas condiciones.

Expuestos al vandalismo

Por otra parte, según la región, no todos los centros escolares tienen vigilancia, lo cual facilita que sean objeto de grupos vandálicos, que además de robar destruyen lo poco que hay. En los lugares donde sí hay seguridad, los vigilantes no tienen medios de defensa.

Del total de los centros escolares fiscalizados, en el 59% se encontró guarda de seguridad al momento en que se realizaba la observación, y en el 41% no había, debido a que en algunos casos el vigilante está contratado para el turno de la noche.

El licenciado Lola comentó que en el 81% de los centros escolares, el material de sus pizarras es acrílico; en el 17% es de cemento, y sólo el 2% cuenta con pizarras de madera o combinadas, es decir, de tabla y de cemento. De éstas, el 55% están en buen estado, en el 32% regular, y el 11% en mal estado.

En el caso de los techos, el 46% es óptimo, pero el 29% es regular y en el 25% está altamente deteriorado.

En la región del Pacífico, los lugares fiscalizados fueron Masaya, Granada, Rivas, Managua, León y Chinandega: el 66% de los centros visitados necesitan de manera inmediata serias reparaciones en techos, sistema eléctrico, cañerías de agua potable y servicios higiénicos, mientras las tuberías de aguas servidas son obsoletas, lo que ocasiona grandes problemas, principalmente en la ciudad de Granada.

Un caso que ilustra los resultados

En esa misma ciudad, el Centro Escolar “Rubén Darío”, ubicado en uno de los barrios más humildes, que fue destruido por un tornado en julio de este año, continúa en pésimas condiciones y no presta las cualidades que se requieren, mientras tanto los niños y las niñas reciben clases prácticamente a la intemperie.

Según el expositor, esto representa la violación del artículo 43 del Código de la Niñez y la Adolescencia, el cual señala que el Estado deberá hacer hincapié en reducir las disparidades actuales en la educación de niñas y niños, además del derecho a la igualdad y no discriminación.

“Esto se realizó en la zona urbana, lo que puede dar una idea de las condiciones en las zonas rurales”, dijo el licenciado Lola.

Palacios mencionó que el estudio terminó de realizarse en agosto, lo que significa que hay muchas posibilidades de que la situación sea peor, ya que las escuelas también han estado expuestas a los embates del fenómeno climatológico que actualmente continúa azotando nuestra región.

Entre las recomendaciones de la PDDH están: el incremento paulatino del presupuesto para educación hasta alcanzar el 7% del Producto Interno Bruto, en 2015; la necesidad de guardas de seguridad para reducir el deterioro de la infraestructura, así mismo, que se prioricen en presupuesto las regiones del Caribe.