Edith Pineda
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Los habitantes de la comarca San José de la Cañada, de Mina El Limón, temen quedar sin agua. Los manantiales de donde obtienen ese recurso para su consumo, según denunciaron, pronto podrían estar expuestos a tóxicos como cianuro, arsénico y plomo, pues en esa localidad, la empresa Triton Minera con el aval del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, Marena, está iniciando las obras para construir una presa de cola utilizada para recolectar los desechos tóxicos que genera la actividad minera.

Según Angélica Alfaro, oficial de incidencia del Centro Humboldt, organismo al que los alertados pobladores han acudido para que les acompañen en su demanda para que no se contaminen sus fuentes hídricas, explicó que desde el año pasado los pobladores manifestaron en audiencia pública ante autoridades del Marena, la amenaza que representa la construcción de la presa en el sitio.

Agregó Alfaro que pese a que un estudio de impacto ambiental señaló siete puntos donde es factible la construcción de esa obra sin afectar las fuentes de agua de San José de la Cañada, en marzo de este año el Marena dio luz verde al permiso para ejecutar la obra, aun cuando en febrero de 2009 se comprobó que la Triton Minera, subsidiaria de la transnacional canadiense B2Gold, estaba contaminando y fue multada con 50 mil córdobas.

Entonces, la delegación territorial de Marena, León, resolvió a favor de la población que la empresa estaba contaminado las aguas superficiales y subterráneas con metales y temperaturas en aguas fuera de lo permisible, mandándoles a ejecutar un plan de mitigación.

La empresa recurrió de amparo ante la Corte Suprema, y el caso quedó pendiente. Apenas en agosto pasado los pobladores conocieron del aval del Marena y están reviviendo su lucha porque esa obra no se haga realidad.

Llevarán caso a la Asamblea

Debido a que la empresa ya dio inicio a la preparación del área donde se establecería la presa de cola, Alfaro dijo que se solicitará vía escrito el pronunciamiento de las autoridades, “pues según la ley, el silencio administrativo inclina la balanza a favor de los recurrentes”, además, expresó la intención de llevar el caso ante la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Nacional, con el fin de que interpelen a la ministra del Ambiente, Juana Argeñal, y presionar para que se revoque el permiso y se valoren los otros sitios señalados en el estudio de impacto ambiental.