•   Corresponsal San José, Costa Rica  |
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Llegó la hora de la verdad para el polémico proyecto minero Crucitas, ubicado en Cutris de San Carlos, norte del país. Hoy inicia el juicio en el Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José, contra la empresa desarrolladora Infinito Gold.

El juicio arranca a las 8:00 de la mañana y se prevé culmine el próximo viernes, cuando el debate principal será en torno a la ilegalidad, según ambientalistas, en la concesión ambiental otorgada por el gobierno a la empresa canadiense Industrias Infinito.

El proceso data desde 2008, cuando la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna, Aprefoflas, presentó una denuncia contra la empresa minera que pretende extraer un millón de onzas de oro a cielo abierto.

Al expediente el Tribunal añadió otra acusación del biólogo Jorge Lobo, la cual versa sobre un Decreto Ejecutivo emitido por el anterior presidente Óscar Arias, que permitió a la empresa talar árboles para continuar con las obras de la mina.

En contra

Los acusadores aseguran que el proyecto dañaría la fauna de una zona de una rica diversidad, donde la lapa verde es una de las especies amenazadas. “Las especies dentro de esa zona son muchísimas, hay especies que dependen de la pureza del agua y del aire, una gran diversidad de anfibios y de reptiles, lógicamente todas están en esa maraña ecológica que se llama ecosistema”, dijo Gino Biomonte, biólogo de Apreflofas.

El inventario de opositores incluye 129 especies de aves, 70 especies de anfibios y reptiles y 70 de mamíferos, algunos en peligro de extinción. “Estamos hablando de jaguares, pumas, causeles y un briñero, monos congos, monos cariblancos, armadillos y taltusas”, añadió Freddy Pacheco, biólogo de la Universidad Nacional.

También aseguran que la flora será afectada y será la gran perdedora. “Hay un bosque de gran importancia por su biodiversidad, tiene más de 250 especies de árboles, muchos de ellos en peligro de extinción. Manudo, almendro, jícaro, cola de pavo, tostado; algunos vedados por el Estado. No es sólo una lucha por el almendro”, explicó Quirico Jiménez, ingeniero forestal.

Él asegura que talar y luego forestar, como pretende la empresa, no repara el daño, porque los árboles de almendro duran más de 250 años en alcanzar una altura comercial que tenga 50 metros de alto y 80 cm de diámetro.

La contaminación de agua también preocupa a los ambientalistas, porque en la extracción de oro supone la filtración de residuos químicos que contaminarían aguas superficiales como ríos y subterráneas, es decir, acuíferos.

“Va a afectar tanto las aguas superficiales que drenan a través de dos cursos de agua hacia el río San Juan, y allí va a haber movimiento de tierra y mucha contaminación por turbidez hacia el río, pero también afectará dos mantos acuíferos que hay debajo del proyecto. Un acuífero local a 15 metros de profundidad, va a ser impactado, pero lo más grave es un acuífero más profundo que se encuentra a 50 metros. Los datos que tenemos es que ese mismo acuífero sirve para pozos que abastecen agua a comunidades cercanas a Crucitas”, considera Alan Astorga, biólogo de la Universidad de Costa Rica.

El ambientalista Edgardo Araya, de Unión Norte por la Vida, que secunda a Apreflofas en la demanda, dice que se ha estado imponiendo un modelo de torcer brazos, estirar el ordenamiento jurídico para que cumpla con los intereses de la empresa minera.

“El Colegio de Ingenieros Químicos, en la ley actual y anterior, exigía que cualquier plano que tuviera que ver con industria química tenía que ser supervisado por ellos, y, además, haber sido elaborado por un ingeniero químico, en este caso --en esta ilegalidad-- los planos los pudo haber hecho cualquier persona, no tienen una validez formal”, denunció Bernal Gamboa, abogado Apreflofas.

Los opositores dudan de que la empresa pueda cumplir con lo propuesto. “Sólo en Moravia son 464 habitantes para ser empleados tres, y beneficiados seis, como que la cosa no está bien compartida, o sea, que esos beneficios que me hablan están faltos de número”, señaló el habitante Felipe Ramírez.

Araya añade que van a un lugar que consideran deprimido económicamente, empiezan a prometer, a chantajear y a jugar con la pobreza de la gente, a ofrecerle grandes cosas que a fin de cuentas no son cumplidas.

A favor

El proyecto tiene una historia de 17 años de polémica y de conflictos legales. Infinito Gold, antes Industrias Infinito, asegura que el desarrollo de este proyecto traerá empleo y desarrollo a comunidades marginadas cercanas a la mina, donde antes no había inversión pública hasta que llegó la empresa. “Sin haber iniciado la mina se mejoró la infraestructura vial. Propiamente lo que son caminos y puentes”, aseguró el vecino Edgar Elizondo.

De hecho, ahora que el proyecto no avanza por orden judicial, la empresa despidió a más de 100 empleados de comunidades aledañas, dice Federico Leandro, gerente administrativo, quien asegura que el desempleo es un impacto social grande y los ciudadanos tienen que emigrar a las bananeras.

La empresa asegura que habrá más bosque, lapas verdes y agua. Dice que el 82% del terreno se mantendrá como bosque secundario, equivalentes a 864 hectáreas; el restante 18% es para explotación de la mina. El biólogo Carlos Gómez dice que si Crucitas no existiera, ya el bosque se habría deforestado, porque es una zona maderera. Industrias Infinito promete sembrar 611 mil árboles, de los cuales ha sembrado 97 mil, lo cual, según ellos, no perjudicará la lapa verde que según la empresa, pasa en la zona de tránsito y no anida en los árboles.

Aseguran dos lagunas de ecosistema para peces y aves, y un mecanismo que evita que el cianuro tenga contacto para el ambiente. La empresa promueve imágenes de cómo sería reforestado y no habrá hueco en la tierra.

También asegura que los estudios avalan el proyecto. Muchos valorados por la Sala Constitucional, que rechazó todos los recursos planteados contra el proyecto. La magistrada Ana Virginia Calzada dice que es uno de los casos con más criterios técnicos que ha visto la Sala.

“En la vista, ellos (opositores) trajeron a sus expertos, los de Setena dieron sus criterios técnicos, por nuestro lado pedimos criterios técnicos incluidos para evaluar un posible terremoto que decían los recurrentes que se podría presentar en la zona, todos éstos fueron los elementos que nos llevaron a tomar la decisión de avalar el proyecto”, dijo la magistrada.

Otro argumento de la empresa es que se ha cumplido con la ley. Desde hace 17 años se han exigido requisitos ambientales, de acuerdo con la Regencia Ambiental, figura que exige garantizar cumplimiento con requisitos legales, cumplimientos ambientales y compromisos definidos por la empresa.

El regente Ernesto Rojas asegura que no ha encontrado anomalías en el proyecto, de lo contrario su obligación por ley es reportarlo a las autoridades, “pero no ha sido necesario”. Los que avalan el proyecto dicen que si se elimina, podría alejar inversión extranjera, dado que Industrias Infinito ha cumplido con todo para la inversión y daría la imagen de un país inestable jurídicamente.