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  • EFE

El futuro de un polémico proyecto minero de oro a cielo abierto en la zona norte de Costa Rica se decidirá en un juicio por daño ambiental que inició hoy en el Tribunal Contencioso Administrativo de San José.

Hasta el 8 de octubre los jueces escucharán los argumentos a favor y en contra de la operación de la mina Las Crucitas, a cargo de la trasnacional canadiense Vanessa Ventures a través de su filial en Costa Rica, Industrias Infinito.

La mina, ubicada en la localidad rural de Cutris de San Carlos, cerca de la frontera con Nicaragua, cuenta con todos los permisos del Gobierno para su funcionamiento, y de allí la firma operadora pretende extraer 700.000 onzas de oro (19,8 toneladas) en diez años, valoradas en unos 800 millones de dólares. No obstante, sus labores permanecen suspendidas como medida cautelar hasta que se emita una sentencia sobre el caso.

El juicio que inició hoy corresponde a una denuncia de la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna (Aprefloflas) por daño ambiental, a causa de la tala de unas 190 hectáreas de árboles hecha por la empresa el año pasado para construir la mina.

El gerente corporativo de Industrias Infinito, Juan Carlos Obando, expresó hoy a medios locales que su empresa ha actuado en derecho en todo momento, por lo que confía en que ganarán el juicio y pondrán punto final a una larga historia de disputas legales en el país, pues inició los trámites para su operación desde 1993. Sin embargo, el presidente de Aprefloflas, Gino Biamonte, manifestó a periodistas que en los debates demostrarán cómo la empresa "ha burlado los marcos legales" y ha conseguido los permisos de manera irregular.

Este ha sido el proyecto minero más polémico en la historia reciente del país centroamericano, pues ha provocado fuertes reacciones en contra por parte de ambientalistas y otros sectores políticos y de la sociedad civil. El pasado 16 de abril la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazó una serie de recursos de amparo contra la mina, al determinar que los estudios técnicos y ambientales estaban en orden y avalaban su operación.

Por su parte, a pesar de las reiteradas peticiones de ambientalistas y otros grupos, la presidenta costarricense, Laura Chinchilla, descartó en julio anular la concesión minera de Crucitas, argumentando que ello implicaría al Estado el pago de una millonaria indemnización. El fallo de los jueces, quienes no tiene una fecha límite para emitirlo, podrá ser objeto de impugnación por las partes ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, a modo de apelación.