Luis Galeano
  •  |
  •  |
  • END

A dos meses de que se cumpliera un año de asumir el compromiso, el presidente Daniel Ortega ordenó la creación de la Comisión Nacional para el Desarrollo Integral de la Buena Gestión Pública, en cumplimiento a una de las recomendaciones hechas por el Fondo Anticorrupción, pero no incluyó entre sus miembros permanentes --como sugirieron los donantes-- a la Contraloría General de la República, CGR, a la que dejó como “invitada” de la nueva dependencia.

Ortega emitió el Decreto Presidencial 227-2010, el 24 de septiembre pasado, en el que ordenó la creación de de dicha comisión, en la que tampoco incluyó a la Dirección General de las Contrataciones del Estado, DGCE, adscrita al Ministerio de Hacienda, a las universidades, ni definió --como indicaron los donantes-- el fondo presupuestario para su funcionamiento.

Casi un año después

En noviembre del año pasado, luego de presentar el Diagnóstico de la Corrupción en Nicaragua, los donantes recomendaron la creación de un órgano interinstitucional para hacer frente a las debilidades que sufren las diversas entidades públicas para combatir la corrupción.

Antes de la creación de esta Comisión, sólo existía el Fondo Conjunto de Donantes Anticorrupción, que canalizaba su ayuda a través de la Procuraduría General de la República.

El Decreto 227-2010 indica que el paso se da en cumplimiento a las políticas públicas contenidas en el Plan de Desarrollo Humano del gobierno, la Constitución de Nicaragua, y Tratados y Documentos Internacionales, firmados por el Estado nicaragüense, entre ellos la Convención Interamericana de Lucha Contra la Corrupción, así como un convenio firmado con el reino de Noruega en marzo de este año, del Fondo Anticorrupción II Fase.

PGR coordinadora

Ortega delegó en la Procuraduría General de la República, PGR, la coordinación de la comisión, pues la misma, de acuerdo con el decreto, está en la obligación de prestar asesoría a los diferentes órganos del Estado, para la debida observancia de una gestión pública con “honestidad, responsabilidad, rectitud y responsabilidad signada de valores éticos”.

Sin embargo, extrañamente dentro de los miembros permanentes de la Comisión, Ortega --que procura una mejor gestión “honesta, recta y ética”-- no incluyó a la CGR y la dejó como simple “invitada”, y en su lugar nombró a otras entidades cuya función tiene poco o nada que ver con la transparencia y el buen funcionamiento de la gestión pública.

Los miembros permanentes de la Comisión son diez, encabezados por la PGR, le siguen la Oficina de Ética Pública, la Policía Nacional, el Ministerio Público, y otros como los ministerios de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Educación, de la Familia, del Ambiente, y de Salud.

Los “invitados”

Los invitados para formar parte de esa Comisión son: la Corte Suprema de Justicia, el polémico Consejo Supremo Electoral (sumamente cuestionado por el fraude electoral y por la inexplicable vida de jeque de su presidente fáctico) y la Contraloría General de la República; asociaciones como la de Municipios, la de Organismos de la Sociedad Nicaragüense, la de Organismos de la Coordinadora Social, y las asociaciones representantes de la Empresa Privada; la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Probidad y de la Comisión de Justicia, y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

La Constitución Política de Nicaragua y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República establecen que esta institución “es el organismo rector del Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado y de cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que se destinan”, sin embargo, Ortega lo dejó como invitado y no como miembro permanente de la Comisión.

Les pide estrategia

El presidente Ortega indicó a los titulares de las entidades y organismos convocados, su necesaria colaboración a que “presenten en un plazo razonable una Propuesta de Estrategia Nacional para el Desarrollo Integral de la Buena Gestión Pública”, donde se definan acciones tanto en las instituciones del Estado como de las organizaciones de la comunidad nicaragüense, la cual deberá contener un conjunto de políticas públicas para ser implementadas en el corto, en el mediano y en el largo plazos.

Sin embargo, al presentar el Diagnóstico, los donantes indicaron en sus recomendaciones, que debido a las limitaciones financieras, la inclusión de nuevos actores derivados de la comisión implica más gastos para su correcto funcionamiento, y que, por tanto, los integrantes que no formaban parte de la entidad deberían destinar recursos para apoyar su participación en el proceso, pero nada de eso está implícito en el Decreto Presidencial, del que nos envió una copia la misma PGR.

Últimos Comentarios
blog comments powered by Disqus