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El alcalde de Granada, Eulogio Mejía, podría ser requerido por las autoridades policiales, si continúa sin acatar las resoluciones judiciales a favor de 19 trabajadores despedidos por la municipalidad.

Según Álvaro Leiva Sánchez, de la Oficina de Asuntos Laborales de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, y Secretario de Asuntos Laborales de la Federación de Trabajadores del Sector Público, Fedetrasep, pedirán a las instancias pertinentes la orden de captura en su contra, ya que han tratado de encontrar una solución, pero Mejía se niega a buscar una salida amistosa al conflicto.

Los trabajadores demandan el reintegro a sus puestos y el pago de sus salarios caídos. Algunos fueron lanzados a la calle desde 2007.

Marcos Carmona, Director de la CPDH, expresó que han dado acompañamiento y apoyo legal a los denunciantes, ya que está comprobada la violación a sus derechos laborales.

“Enviamos dos cartas abordando el tema, y fuimos a la Alcaldía de Granada en varias ocasiones para hablar con él, pero hasta el momento no hay indicios de interés de llegar a un acuerdo en el cumplimiento de las órdenes del sistema de justicia de Nicaragua. Por eso solicitaremos la orden de captura”, dijo Carmona.

Leiva alegó que la solicitud de orden de captura contra el señor Eulogio Mejía se debe a que cometió desacato a una sentencia judicial, delito establecido en el artículo 472 del Código Penal.

“Esperamos que esta situación laboral no conlleve problemas mayores, ya que se está trastocando no sólo nuestra Constitución Política, sino también las leyes en esa materia. Hoy (ayer), en coordinación con los trabajadores, hicimos un análisis para tomar acciones y que se les restituyan sus derechos constitucionales, laborales y humanos. Hasta hoy, la Alcaldía de Granada les debe a los trabajadores poco más de 4 millones de córdobas en salarios caídos, según la sentencia judicial firme”, aseguró.

Indicó que ésta es una batalla legal de más de 19 meses, desde que se iniciaron las acciones contra el edil.

Pendientes de arresto contra Porras

Esa será la segunda solicitud de orden de captura que esta instancia pide contra un servidor público, teniendo en espera que las autoridades expidan la orden contra el titular de la DGI, Walter Porras, por desobediencia y rebeldía, en el caso del señor José Thomas Gómez Leiva, quien lo acusa de discriminación y desobediencia a la autoridad, pero el funcionario público nunca se presentó a los juzgados.

Se espera que la orden contra Porras, de un momento a otro, sea enviada a las autoridades policiales para que la hagan efectiva.

Hoy por la tarde esperan ver que el edil Mejía se siente frente a la Comisión de Asuntos Laborales de la Asamblea Nacional, donde fue requerido para que explique su actitud y se dé una solución al conflicto laboral.

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