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El ex Procurador General de la República, Alberto Novoa, calificó de bochornosa la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que deja en la impunidad la quiebra del Banco Nicaragüense de Industria y Comercio, S.A. (Banic), al sobreseer a los involucrados, por considerar que los magistrados pudieron haber declarado la inaplicabilidad de la ley en el caso concreto, por la magnitud del daño causado al Estado.

“La medida legal para estudiar a fondo el caso la tenían en sus manos, pero no quisieron aplicarla. La Juez Primero de Distrito del Crimen que está viendo los casos del IN (Instrucción Criminal) ha declarado la inaplicabilidad de la ley a más de 30 casos, y ellos bien pudieron hacerlo en éste, sabiendo que hay un perjuicio millonario a la economía del Estado”, expresó el ex procurador.

Novoa también destacó la retardación de justicia que existe en la institución judicial, ya que según el argumento de la sentencia, fue hasta un año después de presentado el recurso de casación por la Procuraduría General de la República, que fue radicado en la Sala Constitucional, cuando la Ley 715 o Ley de Plazo Fatal ya había entrado en vigor, por tanto, se negaron a estudiarlo y prefirieron dictar el sobreseimiento por prescripción de la acción penal.

Retardación también afectó al Estado

“Por la retardación de justicia fue lesionado el patrimonio del Estado, y los magistrados no fueron capaces de aplicar la medida legal correcta para conocer el caso. Recuerdo que las pruebas existen en ese caso, como las propiedades inexistentes que ponían de garantía, y el daño a la sociedad nicaragüense fue de varios millones de dólares”, recalcó Novoa. Los limpiados definitivamente fueron Luis Emilio Midence Padilla, Francisco Ronald Martínez Sevilla, Alfredo Rocha Gómez, Yessenia Martínez, Ana Pereira, María Alejandra Argüello, Ruth Obando Martínez, Orlando Castro, Juan Vivas e Iván Benavides, quienes fueron procesados por los delitos de defraudación, fraude, estafa y asociación e instigación para delinquir en perjuicio del Banic.

Según los archivos de la Procuraduría General de la República, los procesados supuestamente autorizaron de manera ilegal y realizaron préstamos y desembolsos de dinero a personas inexistentes, es decir, que jamás lo habían pedido al Banic, causando con ello un perjuicio de U$38 mil 820.00
EL NUEVO DIARIO llamó al Procurador General de la República, Hernán Estrada, a su celular, para saber la posición de la institución, por ser el abogado del Estado, pero no contestó las llamadas.

Los magistrados que firmaron la sentencia son: Alba Luz Ramos, Juana Méndez, Francisco Rosales, Yadira Centeno, Ligia Molina, los ex magistrados Armengol Cuadra y Rafael Solís, más los conjueces José Ignacio Miranda y Juan Pablo Obando, el proyectista.
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