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“Necesitamos que las tierras en la Región Autónoma del Atlántico Norte sean de chicle o de hule para poder estirarlas y satisfacer a grupos de personas que cada día reclaman más y más territorios”, comentó indignado Juan Alberto Díaz López, representante de 28 familias mestizas que según él fueron despojados de sus fincas con engaños y falsas promesas.

Díaz asegura que en 1996, él y otros 27 cabezas de familia, en su calidad de víctimas de guerra, recibieron una parcela de 7 mil 400 manzanas de parte del gobierno de turno con el reconocimiento de las distintas autoridades de la RAAN.

La parcela de las 28 familias está ubicada al sur del río Tungla, y colinda con el territorio de Tasba Pri (Tierra Libre), Colectivo La Unión y tierras de los retirados del Ejército de Puerto Cabezas.

Díaz presenta una constancia otorgada el 20 de junio de 2000 por el director de la Secretaría de Demarcación Territorial del Gobierno Regional Autónomo de la RAAN, Uriel Vanegas Mendiola, que literalmente dice: “El suscrito Director de la Secretaría de Demarcación Territorial del Gobierno Regional Autónomo en uso de sus facultades hace constar que el Colectivo Víctimas de Guerra en representación de 28 cabezas de familia son poseedores de una parcela de terreno de 7 mil 400 manzanas desde el año 1996. Esta área se encuentra ubicada en la parte sur del Río Tungla”.

Más adelante refiere que “se extiende la presente a solicitud de los interesados para que se continúe con el proceso de legalización definitiva de esa propiedad”.

Díaz tiene otra constancia emitida por el presidente de la Unión de Comunidades del territorio de Tasba Pri (Ucottap), Waldo Muller, en la que reconoce al colectivo “Víctimas de Guerra” como poseedores de 7 mil 400 manzanas de tierra, y aclara que esa área está fuera de las comunidades indígenas.

Sin embargo, el 21 de agosto de 2010, se reunieron autoridades regionales y representantes del colectivo “Víctimas de Guerra”, y llegaron a la conclusión de que las tierras donde se han asentado los mestizos (Víctimas de Guerra) es tierra comunal que pertenece al Título Real de las Diez Comunidades Indígenas.

“Los ocupantes de las tierras comunales se comprometen a desocuparlas en dos meses después que levanten la cosecha de maíz, frijoles y arroz en floración y maduración, comprometiéndose los miembros del colectivo “Víctimas de Guerra” a no continuar con actividades productivas permanentes”, reza en un documento suscrito al final de la reunión.

Confusión

Cristóbal Rodríguez, uno de los campesinos desalojados de Tungla, refiere que en la reunión del 21 de agosto sólo participó por el colectivo “Víctimas de Guerra” el señor Darío Sánchez, y según Rodríguez, las autoridades regionales y los directivos de las Diez Comunidades Indígenas actuaron de mala fe.

“Nosotros no habíamos autorizado a nadie para que firmara nuestra propia sentencia de muerte”, indicó Rodríguez, quien dijo que a Sánchez lo embaucaron las autoridades regionales y los representantes de las Diez Comunidades Indígenas ofreciéndole reubicar a los miembros de su colectivo en Sangnilaya, pero no cumplieron con su promesa.

Rodríguez señaló que la voracidad de tierra de los dirigentes de las Diez Comunidades Indígenas es tanta que han entrado en conflicto no sólo con los campesinos mestizos, sino con los mayangnas de Awas Tingni y los mískitos de Río Coco.

Finalmente, el dirigente mayangna Noé Coleman dijo que parte del enredo con la propiedad agraria lo han creado abogados como David Rocha, de Rosita, al extender títulos espurios de tenencia de tierra a cuantas personas lo soliciten.

Coleman pide al presidente de la república Daniel Ortega y a la Corte Suprema de Justicia, que investiguen y sancionen a esos abogados que andan creando problemas relacionados con la tenencia de la tierra en la Costa Caribe nicaragüense.