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Aunque pareciera insólito, una propiedad inscrita a nombre de la Asociación de Jubilados de la ciudad de Rivas está siendo expropiada por personas afines al partido de gobierno, y en una carta que está en nuestro poder, los afectados responsabilizan de lo que consideran una confiscación, al procurador regional de la zona sur, Juan José Betanco Meneses; al secretario político del FSLN, Amílcar Aguilar; a la delegada del INSS, Vilma Casanova, y a funcionarios del Ineter.

La propiedad fue donada a la Asociación de Jubilados de Rivas (AJUR) el 15 de noviembre de 1993, por la Alcaldía de Rivas, presidida en ese entonces por el ex alcalde Antenor López Martínez (q.e.p.d.).

La donación está reflejada en escritura pública de donación irrevocable número 56, y en ella se detalla que por AJUR recibieron la donación la Junta Directiva, de la cual era presidenta Esperanza Torres Pérez.

La propiedad donada era originalmente de cinco manzanas y media, pero por desmembraciones que hizo la alcaldía, disminuyó a 2.5 manzanas. Según el Registro Público de Rivas, el terreno está ubicado dentro de los siguientes linderos: al sur, el rastro municipal; al norte, carretera a San Jorge; al este, El Bosque y al oeste colinda con la propiedad de Víctor Morice y el barrio Mongalo.

La propiedad antes del triunfo de la revolución pertenecía al miembro de la Guardia Nacional, Ernesto Rugama Núñez, quién la tenía inscrita con cuenta registral 15,113, tomo 160 folio 250, y cuando le fue confiscada, el Estado la transfirió el 12 de mayo de 1980 a la Junta de Reconstrucción Municipal, y fue recibida por el ex alcalde de ese momento, Wilfredo Santana.

Jubilados son dueños
Posteriormente, aparece como dueño AJUR, cuya directiva logró inscribir la donación el 8 de septiembre de 1994, según consta en el certificado de historia registral, por lo que para los jubilados, esto no es más que una confiscación.

Cabe señalar que en el terreno se aprecian dos champas en las que ondea la bandera roja y negra, y está siendo distribuido entre 18 familias.

Tal parece las autoridades están dispuestas a confiscar a los jubilados, ya que hay algunos que ya están construyendo casas de ladrillo, y aseguraron que el procurador Juan José Betanco es el que tendrá que resolver el conflicto.

En la misiva que está en nuestro poder, los expropiados señalan que el procurador Betanco, en coordinación con los delegados del INSS, del Ineter, los CPC y el secretario político del FSLN, Amílcar Aguilar, han estado engañando al presidente interino de AJUR, Héctor Mairena, al cual llaman a reuniones para decirle que los papeles y la escritura del terreno no le sirve para nada, y que la PGR es la que manda.

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