Amparo Aguilera
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Tras un año y tres meses de convocatorias, de revisiones y de serios cuestionamientos, el dictamen del proyecto de la nueva Ley de Contrataciones del Estado está listo, y hoy será presentado a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto del Parlamento, y no se sabe cuántos diputados rechazarán firmarlo.

Lo anterior permitirá empujar su aprobación entre octubre y noviembre próximo a más tardar, y contar con los 42 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, enfocado en apoyo presupuestario, según confirmó ayer el vicepresidente de la Comisión, el diputado liberal Freddy Torres, aunque otros legisladores dicen que ese dinero no vale la eliminación de controles y falta de transparencia para contratar que contiene la nueva Ley.

En el dictamen, que incluye 121 artículos, se indica que el objetivo de la iniciativa es “establecer el régimen jurídico, sustantivo y procedimental, aplicable a la preparación, adjudicación, ejecución y extinción de las contrataciones administrativas, celebradas por los organismos y las entidades que forman parte del Sector Público”.

Cercenan a Contraloría
La iniciativa establece a la Dirección General de Contrataciones del Estado como Órgano Rector del Sistema de Administración de Contrataciones del Sector Público, y elimina la aprobación de la Contraloría para las contrataciones directas.

Esa Dirección General estará en capacidad de imponer sanciones a los proveedores o contratistas que contravengan las disposiciones de la Ley, así como informar a la Contraloría General de la República sobre prácticas negligentes o corruptas detectadas en funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.

Además, podrá proponer modificaciones al marco legal; mejorar el sistema de contrataciones mediante la emisión de normas administrativas. Tendrá la facultad de administrar el Registro de Información del Sistema de Administración de Contrataciones del Sector Público, y mantener la información accesible al público en su portal electrónico.

Raros privilegios a proveedores extranjeros
En el proyecto también establece que el Registro de Proveedores es condición para ofrecer.

“A efecto de cumplir con los acuerdos comerciales suscritos por Nicaragua, los proveedores extranjeros podrán cumplir con ese requisito de manera posterior a la adjudicación del eventual contrato, lo que permitirá ampliar el universo de proveedores y contratistas, permitiendo desarrollar una mayor competencia, factor que redundará en beneficio del Estado, y, por tanto, de la nación”, se sostiene en el dictamen.

El registro funcionará de conformidad con el reglamento, el cual se trabajará en consenso con el sector privado, entre otros. A los extranjeros no residentes en Nicaragua, inclusive, les será exigible el registro como requisito para formalización del contrato que les hubiere sido adjudicado.

Por otro lado, se crea en el contexto del proyecto, en el Órgano Rector del Sistema de Administración de Contrataciones del Sector Público, un área encargada de la realización de los Acuerdos Marco.

Nuevo estilo de licitaciones
Por otra parte, manda a crear un área de Adquisiciones encargada de participar en coordinación con las áreas solicitantes en la planificación y en la programación anual de las contrataciones; operar los procedimientos de contratación; resguardar la información relacionada con el proceso y con la ejecución de los contratos administrativos, y brindar asesoría, apoyo administrativo y técnico a las áreas solicitantes.

El Área de Adquisiciones del organismo o entidad licitante, hará el llamado a la licitación, el cual deberá publicarse en el portal único de Contratación del Estado o en los medios que para el efecto disponga el reglamento.

Cuando convenga a los intereses nacionales e institucionales, la convocatoria podrá, además, darse a conocer en publicaciones internacionales, según se subraya en el documento.

“Para el caso de las compras menores, podrá consistir en una declaración rendida ante notario público, en la que se compromete el oferente a mantener la validez de la oferta especificada en el pliego de base y condiciones; esto en aras de promover la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas; para las licitaciones la garantía deberá ser pecuniaria”, se explica en el dictamen.

La descalificación del oferente
Los oferentes, según la nueva Ley, serán descalificados cuando no satisfagan los requisitos de idoneidad legal, técnica y financiera, cuando estuvieran en curso en situaciones de prohibición para presentar ofertas o se encontraran sancionados para presentarlas.

O bien, cuando falten a la verdad en los documentos presentados o en los hechos declarados dentro del procedimiento de licitación, o se presenten evidentes inconsistencias entre los documentos entregados o las afirmaciones realizadas por el proponente y la realidad.

La oferta se rechazará, además, cuando no esté firmada por el oferente o por su representante legal debidamente acreditado, cuando no presente las garantías requeridas, o cuando contenga un precio que dé lugar a presumir su incumplimiento en las obligaciones contractuales.

Arbitraje e impugnaciones
En la nueva Ley, la Comisión incorpora en el artículo 78, la mediación y el arbitraje que establece la solución de conflictos estrictamente voluntaria, sujeta a disposiciones establecidas en la Ley de Mediación y Arbitraje en vigencia.

Asimismo, se aclara que no serán objeto de mediación las potestades o prerrogativas del Poder Público establecidas por ley.

También incluye la obligación de divulgar y publicar toda la información relacionada con las contrataciones, en el portal único de contrataciones públicas, sin perjuicio de otras formas de publicación establecida.

Exclusiones que podrán “baypassearse”
No podrán ser Proveedores del Estado, ni celebrar contratos con los organismos y entidades del Sector Público, entre otros: los funcionarios públicos, durante el tiempo de ejercicio del cargo, elegidos directa o indirectamente señalados en la Constitución Política y la Ley del Servicio Civil y Carrera Administrativa.

Las personas jurídicas en cuyo capital social participen los funcionarios públicos.

Quienes hayan presentado oferta en el mismo proceso, o sean cónyuges o se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquier otra persona que formalmente haya presentado propuesta para un mismo proceso de selección.

Quienes sean socios o asociados de una persona jurídica que haya realizado oferta en el mismo proceso de selección.

Las sociedades en las cuales el representante legal o cualquiera de sus socios tengan parentesco en segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el representante legal o con cualquiera de los socios de una sociedad que formalmente haya presentado propuesta, para una misma licitación.

Las personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente del delito de soborno trasnacional o de cualquier otro contra el patrimonio económico o la administración pública.

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