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Pobladores de las comunidades de Tepalón, Malacatoya y El Tabacal, del departamento de Granada, denunciaron ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, que miembros de los Comité del Poder Ciudadano (CPC) de esta localidad han politizado la ayuda distribuida a los damnificados por las lluvias y han evitado que otros líderes del lugar apoyen las labores humanitarias.

“Hay preferencia con la entrega de la ayuda, porque con lo único que llevó el gobierno, excluyeron a El Tabacal y estando (sus pobladores) con el agua hasta el pecho, dijeron que no censaron allí, que no sabían por qué y nosotros les pasamos el censo”, aseveró Noemí Jaime, miembro del CPC de Tepalón.

Los quejosos dijeron que en estas comunidades hay 626 familias que han resultado afectadas por las inundaciones.

Señalaron que la única ayuda que llegó por parte del gobierno fue hace casi un mes y que actualmente están pasando hambre.

“Allá hay casitas de plásticos que están en el lodo todavía, hay enfermedades, hay malaria; esa gente tiene necesidad todavía, se le llevaron sus colchones, las personas están pidiendo ayuda al gobierno y a las instituciones, ni los canales de televisión llegan al otro lado del río Malacatoya”, aseguró Jaime.

Organización partidizada

Luz Argentina Cordonero, habitante de El Tabacal, aseguró que miembros de los CPC no permiten a otros pobladores participar en la coordinación y distribución de la asistencia, cuyas gestiones están centralizadas en los simpatizantes del partido gobernante.

“Estamos debidamente organizados y registrados en la Alcaldía de Granada, pero a nosotros se nos violó nuestro derecho, porque queríamos trabajar por la comunidad, pero nos sacaron del albergue. Fuimos rechazados porque se reunió un grupo de personas y dijeron que sólo los que eran CPC tenían derecho a trabajar por la comunidad”, recordó Cordonero.

Aleyda Téllez, otra miembro de los CPC de la comunidad Tepalón, afirmó que el presidente de esa agrupación, Jorge Aráuz, afín al partido de gobierno, está desviando la ayuda hacia otras comunidades.

Además, señaló que hacen falta alimentos, ya que la única ayuda que llevó el gobierno, hace casi un mes, se ha agotado.

María Mercedes Gómez, abogada de la CPDH, apuntó la violación a los derechos humanos de los afectados, al partidizar y centralizar la ayuda. Agregó, que investigarán la denuncia para tomar acciones legales.

Holman Valle, vocero del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred), dijo que desconoce los hechos denunciados en estos lugares, pero que puede garantizar que la ayuda que se está entregando a las personas es sin mirar aspectos políticos ni partidos.