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Los empresarios del Cosep y Amcham chocaron nuevamente por el contenido del dictamen de la nueva Ley de Contrataciones aprobada el viernes de la semana pasada, pero esta vez frente a la representante del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Mirna Liévano de Márquez.

El choque se dio durante un conversatorio que realizó el organismo multilateral en su sede en el que participó a través de video conferencia el consultor técnico que se involucró en plantear la posición de esa entidad a los diputados de la Comisión Económica, Gonzalo Suárez Beltrán.

Suárez Beltrán, quien se encontraba en Colombia, compartió los 15 puntos que consideró los más relevantes sobre el dictamen aprobado.

En el encuentro estaban, además de Liévano y personal del BID, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, José Adán Aguerri, Alonso Lacayo, en representación de la Cámara de Comercio Nicaragüense Americana, Amcham, el director del Consejo Nicaragüense de las Pequeñas y Medianas Empresas, Conimipyme, Gilberto Alcócer, el consultor Adolfo García y asesores jurídicos del sector privado.

El choque

Pero fue entre los dos primeros que se registró un choque verbal, mientras Suárez hacía su exposición. Lacayo interrumpió al consultor indicándole que el dictamen de ley y lo que sería la ley con su reglamento, era para un país de primer mundo, no para Nicaragua en donde existe un verdadero atraso en todos los sentidos y que por tanto, se pretendía normar al país en sus compras públicas, bajo regimientos no adecuados a la realidad.

“Ese dictamen aprobado y la ley que se quiere aprobar, es para gente que no está con los pies en la tierra”, dijo Lacayo.

El consultor pidió que le dejara hacer su exposición y que luego manifestara sus inquietudes, lo cual pudo hacer el empresario hasta cerca de una hora después, cuando insistió en lo irreal que es la ley para Nicaragua.

“Ustedes dicen que la ley actual es obsoleta, que es pesada, pero lo que veo es que con el nuevo dictamen en lugar de fortalecer la transparencia, se abren candados que pueden dar lugar a tráficos de influencias y favoritismo”, señaló Lacayo cuando fue interrumpido por Aguerri, exigiéndole que para hablar antes leyera lo aprobado.

“Lee la ley Alonso, lee la ley, lo que pasa es que no lees y hablas sin haber leído”, le espetó el líder del Cosep, mientras le pasaba una copia del dictamen aprobado.

“No señor, yo digo lo que me parece, porque aquí estamos hablando de cosas irreales, de leyes de otras latitudes y no me parece correcto, que se diga que esta es una ley que se adecua a nuestro país, cuando ni siquiera tenemos la capacidad de estar acordes con las nuevas tecnologías que señala ese dictamen”, ripostó Lacayo.

Intervino Liévano

En ese momento Liévano de Márquez pidió a ambos empresarios que nos se centraran en una discusión bilateral y que fueran a los puntos que les inquietaban, los cuales podían ser conversados con el consultor Suárez Beltrán.

Luego de bajar el gas del encontronazo, Amcham, a través de su asesor, el consultor experto en temas de contrataciones Adolfo García Pérez, desmenuzó los aspectos más importantes para ese gremio entre ellos, la no exigencia de garantías financieras al momento de presentar ofertas, la prohibiciones de quienes pueden y quienes no pueden ser oferentes, la falta de proceso jurídico contencioso administrativo, entre otros.

Aguerri insistió interrumpiendo en varias ocasiones al asesor García Pérez, haciéndole ver que varios de esos aspectos “se van a ver concretamente en el reglamento de la ley”, pero el consultor respondió que “no puede nadie creerse que tiene la razón porque cree que la tiene, yo estoy haciendo mi exposición y creo que para que nos entendamos y respetemos debe haber tolerancia a los diversos criterios”.

Los altibajos continuaron a lo largo del conversatorio de dos horas y media, de vez en cuando Aguerri se deslizaba en su silla hasta donde estaba Lacayo, cruzaban palabras nuevamente con gestos de desacuerdo y volvían a sus lugares.

“Nosotros insistimos en que la transparencia es lo más importante, por eso nos hemos opuesto a ese dictamen tal como se aprobó”, dijo Lacayo a END, al concluir el encuentro.

“El empresariado desea modernizar la ley y eso no significa sacrificar transparencia, bajo ninguna circunstancia”, reiteró Aguerri. La posición oficial del BID sobre el dictamen aprobado, se dará a conocer a finales de la semana. De la aprobación de la nueva Ley depende el desembolso de US$ 42,5 millones de parte del BID.