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Para el presidente de la Unión de Periodistas de Nicaragua, UPN, Roberto Larios, más que pelear por quién hizo qué durante las administraciones anteriores del Colegio de Periodistas de Nicaragua, CPN, deberían preocuparse por el recurso por inconstitucionalidad de su ley creadora.

Sobre supuestas responsabilidades administrativas contra algunos ex directivos de esa organización gremial, que recibe fondos de la Lotería Nacional, dijo que no tenía mayor información, sin embargo, en su opinión personal “yo considero que el CPN no debería desgastar sus esfuerzos en este tipo de cosas a no ser que efectivamente tengan pruebas irrefutables y exigir que se rindan cuentas”, dijo.

Comentó que por otro lado esta instancia gremial se ha convertido en una organización de beneficencia social y eso lo está desnaturalizando. Que si bien dar asistencia a los agremiados es parte fundamental del Colegio -bajo la dirección de Leonel Laguna- esto no lo es todo y es lo único que está haciendo. Sin lograr posicionarse en el debate de la opinión pública y no sienta posiciones que competen a los periodistas.

Por otra parte, Larios hizo un llamado a los agremiados que realizaron promesas de compra de 22 lotes de terrenos con la UPN, y que sólo entregaron un abono, a que lleguen a regularizar su situación o los mismos les serán adjudicados a la organización y puestos a la venta nuevamente. Esto como parte de recuperación de cartera para la UPN, cuya sede está muy deteriorada y para la planificación de cursos de especialización para sus agremiados.

Mercedes Rivas se defiende

Mientras tanto, la ex presidenta del CPN, Mercedes Rivas, quien fue señalada por Laguna, disintió de lo dicho por éste, al asegurar que es “falso de toda falsedad”, ya que tiene en su poder la resolución de la Contraloría General de la República, CGR, y que en ninguna parte de dicho documento se refiere a lo que Laguna dijo a END.

Explicó que la resolución emitida por la CGR, el nueve de septiembre de 2010, que tiene en su poder, resuelve responsabilidad administrativa en contra de cuatro ex directivos por no cumplir el articulo 323, de la Ley de Contrataciones del Estado.

Al respecto, aclara que se debe a un contrato de compra de lotes de terreno a la empresa Jardines del Recuerdo. “Como junta directiva sometimos a reclamo dicho contrato por anomalías en que esta empresa incurrió en contra de la organización gremial, siendo el único punto en el cual nos alude la contraloría y no a salarios como mal intencionadamente refiere el actual presidente de CPN”, dijo Rivas.

Señaló que al terminar el período, dejaron en acta a la nueva junta directiva que debía dar seguimiento al reclamo. “Nuestra gestión fue legal y absolutamente transparente”, asegura.

Al hacer la auditoría la contraloría, Rivas comentó que quiso justificar este hecho que consta en los libros de acta que dejaron a la nueva junta, lo cual fue negado por el actual presidente del colegio, al no permitirle trabajar con dichos documentos, para presentar estas pruebas a la unidad que realizaba la auditoría. Esto consta en una carta que fue recibida por la CGR el diez de julio de 2010. Por lo tanto, hizo ver que la responsabilidad de que se hayan perdido esos montos en esa empresa funeraria, recae en la actual junta directiva y no en la anterior, señaló Rivas.

Asimismo, demanda a la actual junta directiva respeto a la integridad y pruebas en cuanto a los montos que supuestamente se recetó la junta directiva que ella presidió, aclarando que las gestiones realizadas fueron transparentes.

También mostró documentos notariados, en el cual refieren que por mayoría de votos de la Asamblea general de directivos, con fecha del nueve del febrero del año 2008, se autorizó a la junta directiva del CPN “una dieta para subsanar gastos de trasporte en gestiones propias del CPN”.