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El Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, salió en defensa del dictamen de nueva Ley de Contrataciones aprobado el viernes de la semana pasada, afirmando que en el mismo se garantiza un avance sustantivo en la modernización de las compras del Estado, se fortalece la transparencia y se garantiza el cumplimiento del país con compromisos internacionales, específicamente con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID.

El titular del Cosep, José Adán Aguerri, acompañado por el presidente de la Cámara Nicaragüense de la Construcción, Mario Zelaya y asesores jurídicos del sector empresarial, detalló a END, lo que como gremio consideran es el dictamen de Ley, que recoge, según ellos, los puntos más importantes discutidos entre los actores involucrados en los procesos de compras públicas.

Aguerri indicó que para el Cosep lo más importante no son los 42,5 millones de dólares que tiene pendientes de desembolsar el BID, a cambio de la aprobación de la ley y su reglamento, “como algunos han hecho creer”, sino que buscan asegurar los 300 ó 500 millones de dólares que año con año compra el Estado a las empresas privadas, sea en un proceso que asegure trasparencia, competencia e igualdad.

Habrán mociones

“Lo más importante es que luego de la aprobación del dictamen por la Comisión Económica, en frío hemos analizado algunos puntos que todavía están pendientes y que se pueden incluir en la mociones al momento de aprobar la ley o el reglamento en el Plenario, en eso estamos ahora, consultando”, indicó Aguerri.

Sostuvo que esas mociones serán previamente consensuadas en la Comisión Interinstitucional para la Renovación del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas y que además del Cosep, Amcham, el Consejo Nacional de la Pequeña, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, (Conimipyme), Gobierno y BID.

Mario Zelaya destacó que lo más importante luego de un proceso de tres años de consultas y planteamientos, que se intensificaron en los últimos meses, los puntos en los que la empresa privada tenía inquietudes resumidas en 26 puntos de una matriz, fueron tomados en cuenta e incorporadas al dictamen aprobado recientemente.

Aguerri explicó que no existen diferencias entre el Cosep y Amcham, sobre el dictamen, pues lo que existen son puntos de vista diversos, en lo relacionado al condicionamiento del desembolso de los 42,5 millones de dólares a cambio de la aprobar la ley y su reglamento.

“Ellos dicen que el BID no está condicionando el dinero y nosotros sabemos que el BID ha sido claro en ese punto”, dijo.

Los cambios logrados

Aguerri mencionó como un punto a destacar el hecho de eliminar la “contratación directa” y establecer las “compras simplificadas”, las cuales deberán publicarse desde el inicio hasta el final, de acuerdo a la misma norma.

“Esa maneras de contratar están delimitadas en forma expresa, no hay espacio para que pase lo que ha ocurrido en la actualidad, donde el sesenta por ciento de las compras se han hecho vía exclusión de procedimientos”, dijo Aguerri.

Sostuvo que la función que pasará de la Contraloría a la Dirección General de Contrataciones del Estado, no permitirá que se dé una aprobación masiva de compras simplificadas, debido a que las mismas deberán ser públicas, con argumentos sólidos para su aceptación, de lo contrario será cuestionable.

“La ventaja con esta modalidad es que el funcionario público no tendrá posibilidad de contratar en secreto, todo tendrá que hacerlo público a través de los portales electrónicos o documentalmente mientras se adecúan las diferentes entidades al uso de las nuevas tecnologías y al Siscae (Sistema de Compras Administrativas del Estado)”, dijo por su lado Zelaya.

BID desembolsará US$ 10 millones más

Indicó que para cumplir con el avance de la actualización de los sistemas de compras electrónicas, existe un compromiso del BID de desembolsar 10 millones de dólares adicionales, que sirvan para capacitación de personal y adquisición de equipos informáticos que permitan a la mayor cantidad de entidades y municipios estar conectados al sistema central de compras.

Zelaya dijo que los Convenios Marco, contrario a lo que se ha dicho, de que generarán más discrecionalidad al momento de comprar insumos como equipos de papelería, llantas o diversos utensilios de oficina, se celebrarán a través de licitación pública y todo lo que dicho procedimiento establece.

En cuanto a la prohibición para ser oferente, el Cosep indicó que el dictamen incluyó cinco prohibiciones adicionales, a las que ya existían en la actual Ley de Contrataciones y la Ley de Probidad, que van desde los funcionarios públicos durante ejercicio del cargo, dentro del año siguiente a su retiro, hasta los cónyuges, pareja de unión de hecho estables y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.