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Cuatro camionetas negras de cristales oscuros cruzan a gran velocidad y sin detenerse en los semáforos en una de las ciudades más peligrosas del mundo. En el asiento de atrás de uno de los vehículos blindados, el alcalde de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz, apura sus últimas horas en el cargo.

En el lugar del copiloto, el jefe de la escolta maneja su rifle de asalto como si fuera un bolígrafo. Llama la atención la edad del policía. Es un tipo mayor, casi sesentón, uno de los pocos viejos policías que lograron superar la prueba de confianza.

Al llegar a la sede municipal -situada justo enfrente de una de las fronteras de México con Estados Unidos-, un hombre vestido de azul aborda al alcalde para que le pague unos atrasos. Se produce un momento de tensión que media docena de guardaespaldas resuelve rodeando al político.

Ya en el ascensor, Reyes Ferriz explica la situación: Ese hombre era mi anterior jefe de Policía. Aunque, según el Ejército, era también el líder de un importante grupo de sicarios. No se pudo demostrar nada, pero lo tuve que despedir...

2.600 asesinados

En Juárez, la sospecha envuelve como una bruma la vida de los vivos y la muerte de los muertos. Un total de 2.600 asesinados en un año sin que se sepa a ciencia cierta quién los mató, por qué. La mayoría de los caídos fueron hombres jóvenes, la fiel infantería de los carteles de la droga, vendedores de droga al por menor, sicarios de 300 euros a la semana que acabaron en la fosa común sin justicia ni memoria.

Pero también murieron estudiantes con matrículas de honor y mujeres que regresaban del trabajo y niños que acompañaban a sus padres en el momento en que el Ejército y los maleantes se agarraban a tiros en cualquier esquina. Y también abogados y médicos -ya casi no quedan médicos en Ciudad Juárez- y periodistas.

De hecho, uno de los últimos asesinados fue un joven fotógrafo de apenas 21 años llamado Luis Carlos Santiago. Trabajaba en el Diario de Juárez, el mismo periódico que el alcalde acaba de visitar en su última jornada de trabajo.

Reyes Ferriz se cruza por los pasillos con redactoras que lucen camisetas negras con una pregunta en la espalda: ‘¿A quién pedir justicia?’. Fue ese el titular de un editorial que, a modo de grito desesperado, el diario dirigió a los narcotraficantes.

Las preguntas que nadie responde

‘Era una forma’, explica Pedro Torres, el subdirector del periódico, ‘de llamar la atención de las autoridades, de decirles: si ustedes no nos protegen, no tendremos más remedio que dirigirnos a los verdaderos dueños de la ciudad. ¿Cuándo van a acabar con la impunidad? ¿Por qué no detienen a los culpables de tantos asesinatos?’.

Son las preguntas clave. Las que nadie ha respondido... hasta ahora. El alcalde Reyes Ferriz, que ya tiene las maletas preparadas para marcharse a vivir a Washington, decide responder.

Y lo hace acusando directamente al gobernador del Estado de Chihuahua, del que Juárez es la ciudad más poblada. A pesar de pertenecer ambos al Partido Revolucionario Institucional (PRI), el alcalde acusa al gobernador cesante, José Reyes Baeza, de mirar para otro lado.

‘Cuando yo llegué’, explica el alcalde, ‘la policía municipal estaba infiltrada por la delincuencia. Hasta el punto de que al anterior jefe lo detuvieron cruzando a Estados Unidos con una tonelada de marihuana.

Eso refleja el grado de corrupción que había. Yo limpié la institución. De los policías actuales, tres de cada cuatro fueron contratados durante mi mandato. Al resto lo tuvimos que despedir porque no superó la prueba de confianza”, afirma.

La impunidad, el gran problema

Agrega que “en los tres últimos años detuvimos a 10.000 delincuentes con las manos en la masa y se los presentamos a la Procuraduría
(la Fiscalía, que depende del Gobierno del Estado). Pues bien, de esos 10.000, sólo 450 terminaron en la cárcel... La impunidad ha sido el gran problema. El Gobierno estatal no ha trabajado, no ha metido a nadie en la cárcel”.

Dijo que un dato muy esclarecedor de esto es que cuando él llegó y se hizo cargo de la prisión, había 3.800 reclusos. ‘Tres años después, y a pesar de toda la violencia que azota a Juárez, hay 2.800... La fiscalía está totalmente infiltrada por el crimen organizado. No trabaja. No mete a nadie en la cárcel. Mira para otro lado’.

El alcalde completa tan graves acusaciones con ejemplos que ponen los pelos de punta.

“Hace unos meses, un agente nuevo que contratamos, un muchacho muy joven, detuvo a una gente muy peligrosa, delincuentes armados que se habían robado un carro. El joven policía sacó un arma larga, los hincó en el suelo y los consiguió reducir. Pero, en el momento de la detención, uno de ellos le dijo: ‘te vamos a matar, en 48 horas estaremos fuera y te mataremos’. Y, efectivamente, en 48 horas estaban fuera y poco después lo mataron. Y eso provoca una desmoralización tremenda. Una desmoralización muy peligrosa...”.

Aun así, el alcalde confía en que el nuevo gobernador -el anterior ya terminó su mandato y se ha marchado a vivir a Canadá- consiga de una vez reformar la Fiscalía y convertirla en un arma eficaz contra el crimen.

La cuestión es si no será ya demasiado tarde.

Juárez, que durante las últimas décadas gozó de pleno empleo gracias a la industria manufacturera, ya tiene un 20% de desempleo. La crisis se vino a aliar fatalmente con la violencia.

Los barrios que ni en tiempos de vacas gordas dispusieron de luz o agua corriente, una guardería o una cancha de baloncesto, se están convirtiendo en la cantera inagotable de Los Aztecas o Los Artistas Asesinos, los dos grandes grupos de sicarios que trabajan para el cártel de los Carrillo o del Chapo Guzmán, que son los que se disputan el control de la ciudad fronteriza.

A cambio de 300 euros a la semana y una pistola al cinto, jóvenes que apenas fueron a la escuela se matan entre sí a la espera de que sus jefes supremos se pongan de acuerdo, de que el Gobierno legalice las drogas o de que políticos de un mismo partido como Ferriz o Baeza pongan el interés de la ciudad por encima del suyo propio. Pero eso aún queda lejos. Casi tan lejos de Juárez como Washington o Canadá.