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La negativa de la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, de derogar el Decreto 34801-MINAET, y dejarlo en manos del Tribunal Contencioso Administrativo, de ejecutarse, crearía implicaciones jurídicas internacionales que ubicarían Costa Rica frente a una posible demanda de Nicaragua ante un tribunal internacional.

El decreto declara de interés público y conveniencia nacional el proyecto minero Crucitas,
Esas implicaciones jurídicas internacionales fueron advertidas por especialistas de la Universidad de Costa Rica, a fin de mostrar científicamente los efectos del proyecto de explotación minera a cielo abierto que crearía en la zona, por situarse “en un punto fronterizo caracterizado por altas precipitaciones y en directa relación hidrográfica con la cuenca internacional del río San Juan”.

Lo que se quiere en Crucitas

La concesión de explotación para Crucitas en el Distrito de Cutris, Cantón de San Carlos, provincia de Alajuela, a 4.5 kilómetros del nicaragüense río San Juan, fue otorgada por un período de 10 años, en 305.9 hectáreas, a Industrias Infinito S.A., que es subsidiaria de la transnacional canadiense Vanessa Ventures Ltd. ahora conocida como Infinito Gold S.A. El proyecto minero pretende extraer material de regolita, piedra y roca dura del subsuelo en un área de 55 hectáreas, con una profundidad de aproximadamente 60 metros. Lo anterior significa 33 millones de metros cúbicos de material para obtener cerca de 800,000 onzas de oro.

Ante esa concesión, unos 10 especialistas en el tema de la UCR, elaboraron un estudio, cuyos resultados concluyen en un informe de 69 páginas, el cual fue entregado al Gobierno costarricense.

El doctor Nicolás Boeglin N., especialista en derecho internacional de la UCR, advierte en el estudio “una posible demanda ante un tribunal internacional de Nicaragua contra Costa Rica” y “significaría una probable condena internacional, acompañada de una millonaria indemnización por daños ambientales al Río San Juan”.

Lo que Costa Rica debería sopesar

“Los pronósticos cada vez más agobiantes sobre el calentamiento global, la crisis mundial del agua, la vulnerabilidad de los bosques tropicales, la pérdida de la biodiversidad, aunada a la elección en diciembre pasado a la Corte Internacional de Justicia, CIJ, de un renombrado jurista sumamente identificado con la causa ambiental como el brasileño Antonio Cançado Trindade, son elementos que debería de sopesar debidamente Costa Rica si decide exponerse de esta manera ante la comunidad internacional y al derecho que la rige”, afirma el especialista.

Boeglin considera en el estudio que “la proximidad geográfica de Crucitas con el San Juan que pasa de ser un río nacional para convertirse en un río internacional, sobre el que Nicaragua ejerce su dominio y sumo imperio de manera exclusiva “es aún acentuada desde el punto de vista hidrológico, debido los altos índices de precipitaciones en esa precisa zona -una tesis de un geólogo en la UCR, Claudio Gutiérrez, ubica el rango entre 3,500 a 4,000 anuales en esa zona reportados en promedio para 1961-1990”.

Crucitas en la red hidrográfica

El docente considera la ubicación de Crucitas en la red hidrográfica que confluye hacia el San Juan, las características climatológicas de la zona, el tipo de suelo y la relación directa de la micro cuenca del río Infernillo con el río San Juan; y sobre todo, la “ampliación” del proyecto original hecha en diciembre 2007 por la empresa, que duplica el volumen de extracción, con una profundidad de hasta 75 m, resulta a todas luces sorprendente que el estudio de impacto ambiental (EIA) inicial otorgado por la Setena en diciembre de 2005 a este proyecto, no haya sido completado por otro nuevo, haciendo así caso omiso del factor hidrológico del proyecto, ignorando sus efectos sobre los mantos acuíferos subyacentes y sus implicaciones para la cuenca del río San Juan”.

Señala que esas características propias de la ubicación no han sido analizadas en los estudios de Setena o de la misma empresa Infinito Gold, exponiendo así peligrosamente Costa Rica como Estado a una demanda internacional.

Según el profesor Boeglin “algunos científicos han adelantado la idea –que resulta poco realista pensar– de que un sistema de lagunas y/o membranas puedan evitar contaminar el río San Juan, en una zona tropical con semejantes índices de precipitaciones, recordando lo ocurrido con lagunas de este tipo en Honduras y el desastre ambiental provocado por deslizamientos y fallas en el sistema de geomembrana en la mina de Bellavista de Miramar en octubre de 2007, desastre anunciado por científicos y entidades ambientales desde el año 2000 y vaticinado ante la misma Sala IV en 2005.

“La eventual –y muy probable según varias entidades ambiéntales– contaminación a partir de los lixiviados (cianuro en particular) de la mina en el río San Juan, expondría así a Costa Rica a una eventual demanda de Nicaragua, por daños ambientales a las aguas del río San Juan”, reafirma.

Declaración de Río

A juicio del especialista, “según el Principio 2 de la Declaración de Río de 1992, los Estados tienen “la responsabilidad de velar porque las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que están fuera de los límites de la jurisdicción nacional”.

Cita además la Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación, firmada en Nueva York de 1997. En ella, encontramos una serie de obligaciones para los Estados ribereños de un curso de agua internacional, como la de “impedir que se causen daños sensibles a otros Estados del curso de agua, la obligación de cooperar a fin de lograr una protección adecuada de un curso de agua internacional y de notificar oportunamente antes de ejecutar o permitir la ejecución de medidas proyectadas que puedan causar un efecto perjudicial sensible a otros Estados del curso de agua que comparten una cuenca hidrográfica como... la del río San Juan”, concluye.

La comisión especial de la universidad costarricense realizó una serie de recomendaciones, entre ellas demandar al Gobierno de la República que derogue el Decreto Ejecutivo N.° 34801-Minaet, en virtud de que “contraviene la legislación ambiental nacional y el principio precautorio, asociado al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, conforme al artículo 50 de la Constitución Política”.