Luis Galeano
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Nuevamente el “Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional” demostró que aunque en sus filas existan funcionarios señalados de actos irregulares, el castigo real para ellos no existe, pues son removidos de sus cargos por unos meses y luego son reubicados en otras entidades o, en el peor de los casos, vuelven a ocupar los mismos puestos de donde fueron sacados.

Ejemplos de ello hay varios, pero el más reciente se dio ayer, cuando a las oficinas del Instituto Nacional Tecnológico, Inatec, llegó sonriente su ex director Ejecutivo, Dámaso Vargas, a retomar las riendas de esa entidad de la cual salió en febrero, bajo serios señalamientos de actos anómalos, detectados en una auditoría de la Contraloría General de la República, CGR.

Vargas fue restituido en el cargo después de que Conny Juárez Moya, la tercera directora que había tenido Inatec desde su salida en febrero, fue obligada a renunciar del puesto.

“Preguntale a quien te dijo”, responde Vargas

“No sé, no sé, no te puedo decir nada de eso, preguntale a quien te informó”, fue lo que respondió Vargas ayer cuando lo contactamos telefónicamente para hablar de su retorno al Inatec.

¿Qué pasó con la auditoría de la Contraloría, tiene alguna resolución que desvanezca los hallazgos que se habían planteado al momento de su salida?, le consultamos a Vargas, quien repitió “no sé, no voy a hablar de eso”, para luego cortar la comunicación.

La Contraloría ordenó una auditoría especial en Inatec y seis entidades más, luego de las 28 auditorías Financieras y de Cumplimiento que realizó el ente fiscalizador a la ejecución presupuestaria del año 2008 en igual número de entidades públicas.

Vargas y el director general administrativo financiero, Pablo Emilio Quiroz, dejaron esa institución en febrero, cuando según hallazgos de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria del Inatec, no se reportó al Sistema Integrado de Gestión Financiera, Administrativa y de Auditoría, Sigfa, una cifra considerable de córdobas.

Conny Juárez era la subdirectora ejecutiva del Inatec, durante el período de Vargas, pero asumió en abril en sustitución de Martha Blandón, luego que el presidente Daniel Ortega la nombrara vía decreto.

Desde entonces empezaron las orientaciones para despedir a personal de diversas direcciones para ubicar en los mismos a personas cercanas a José Antonio Zepeda, con el padrinazgo del diputado Gustavo Porras, cercano a la primera dama Rosario Murillo.

No es el único caso

Pero el caso de Vargas no es el único de los funcionarios gubernamentales o municipales que han caído de sus puestos y a la vuelta de unos meses han sido reubicados en otras entidades de gobierno o alcaldías.

En 2007, el entonces alcalde Alexis Arguello (q.e.p.d), nombró a 12 directores de las diferentes dependencias de la comuna capitalina, y entre ellos a la ex alcaldesa de Tola en el período 2004-2008, Loyda García, en la Dirección de Relaciones Internacionales quien fue destituida por el Concejo Municipal por supuestos malos manejos y abandono de funciones.

En esa ocasión, los concejales alegaron que García arrendaba costas de las playas de Tola --consideradas a nivel internacional entre las mejores del mundo--, asimismo, dijeron que no asistía a varias sesiones del Concejo y no notificaba su ausencia, y que abusaba de los bienes de la comuna, como el uso de una camioneta para fines personales, sin pedir permiso al Concejo.

El también alcalde destituido de Ticuantepe por presuntos actos de corrupción, Eduardo López Dávila, luego fue nombrado como delegado del Poder Ciudadano de Agricultura y Forestal en el departamento de Managua
Este hombre --sobre quien existe una resolución de la Contraloría que recomienda también presunción penal, engavetada en los escritorios de los colegiados-- fue destituido de su cargo por el Concejo, luego que se descubrió el manejo irregular de obras municipales. Antes también estuvo en Telcor.

El alcalde electo de Jinotega, Leonidas Centeno Rivera, también tiene un historial de corrupción, pero como diputado propietario en la Asamblea Nacional en el período 2003-2006. Centeno fue denunciado por la malversación del fondo social que recibió en el Parlamento durante su legislatura, el cual asciende a 1.7 millones de córdobas, según investigaciones periodísticas de noviembre de 2007.

Documentos de la Asamblea Nacional, relacionados con la “verificación de movimientos contables diarios” del Poder Legislativo, revelaron que Centeno habría entregado a sus familiares 1.1 millones de córdobas, favoreciendo a su esposa, hermanos, cuñadas, sobrinos, concuños y hasta a la nuera, entre otros, siendo la mayor beneficiaria su esposa, con casi un millón de córdobas.

El mismo día que se reveló el caso, el contralor Luis Ángel Montenegro anunció una investigación, pues aseguró que Centeno merecía presunción de responsabilidad penal y que debía responder ante los tribunales de justicia por la supuesta malversación de caudales públicos en perjuicio del Estado. Hoy es el flamante alcalde de su municipio.